En la papeleta que recibirán los electores ecuatorianos este domingo, 16 de noviembre del 2025, hay tres preguntas de reforma y enmienda constitucional: la A, que se refiere a levantar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en territorio nacional; la B, que plantea eliminar la obligación estatal de financiar a los partidos políticos nacionales; y la C, que propone reducir el número de asambleístas.

Las tres fueron planteadas por el presidente Daniel Noboa, pero tuvieron trámites diferentes.

Las dos primeras fueron primero a la Corte Constitucional (CC), que dio luz verde a la vía de reforma parcial, la cual implicaba que debían aprobarse en dos debates en la Asamblea y luego pasar por un referéndum.

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La primera fue aprobada en la Asamblea en junio pasado; la segunda, en septiembre, aunque fue modificada por la CC, ya que originalmente planteaba no solo eliminar el financiamiento a los partidos, sino el fondo de promoción electoral que también sale de las arcas del Estado. Estas pasaron nuevamente a la Corte para que emita su dictamen final respecto de los considerandos, las preguntas y los anexos.

La tercera pregunta fue directamente a la CC en agosto; esta la negó en septiembre diciendo que no estaba clara la forma en que se reducirían los legisladores, pero le dio la posibilidad a Noboa de corregirla. Entonces él, enseguida, la volvió a enviar con los cambios sugeridos por ese organismo, que al final la aprobó en octubre y se incluyó en el cuestionario.

Pero además hubo otras preguntas propuestas por Noboa que se quedaron en el camino porque fueron objetadas o no han sido analizadas todavía por la Corte Constitucional, o porque ya están aprobadas y él no quiso incluirlas en el actual plebiscito. Por lo tanto, no llegarán a consideración de los electores.

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En el primer caso están, por ejemplo, las propuestas referidas a implementar la castración química; que los jueces de la CC sean sujetos de juicio político; que las personas privadas de libertad no sean consideradas grupos de atención prioritaria; y que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito).

En el segundo grupo constan las propuestas para que se cambien las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y que la Asamblea Nacional asuma la designación de las autoridades de control; y juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación, mediante procedimientos especiales y expeditos; y que la CC solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces estén de acuerdo.

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Y en el último están la contratación por horas en el sector turístico y, además, la posibilidad de que se permita la operación de casinos en el país en hoteles cinco estrellas, aunque esto no es una reforma constitucional sino legal.

Esta es la segunda consulta popular impulsada por el presidente Noboa. La primera se realizó durante su primer mandato en abril del 2024 y se centró principalmente en temas de seguridad. En esa ocasión hubo once preguntas, y perdió en dos. (I)