La organización independiente Human Rights Watch (HRW) alertó este viernes de que las reformas que plantea la Ley de Integridad Pública, aprobada el 24 de junio por la Asamblea Nacional del Ecuador, representan una grave amenaza para los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Un informe publicado por HRW señala que las reformas son perjudiciales a las leyes vigentes sobre justicia penal juvenil, y que además no brindan protección a quienes son reclutados o utilizados por grupos de delincuencia organizada.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, argumentó que, “si las autoridades realmente quieren acabar con el reclutamiento y la utilización de niños por parte de los grupos de delincuencia organizada, deben centrarse en proteger a los niños, niñas y adolescentes y perseguir a quienes los reclutan”.

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La ley incluye reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA) y Código Orgánico Integral Penal (COIP), en referencia a los menores infractores.

Estas disposiciones endurecen penas para adolescentes involucrados en delitos vinculados al crimen organizado. El periodo máximo del internamiento para los menores infractores pasará de ocho a quince años; y, una vez que los menores cumplan 18 años, cumplirán su pena en “secciones especiales” dentro de los centros de privación de libertad para adultos.

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Además, la ley aumenta el periodo máximo de internamiento preventivo de 90 días a un año para los adolescentes acusados de delitos graves.

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De acuerdo con el informe de HRW, estas disposiciones deberían modificarse para que se ajusten a la Constitución y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Ecuador.

Citando la Convención sobre los Derechos del Niño, HRW señala que la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño (toda persona menor de 18 años, según el derecho internacional) deben ser conformes a la ley; solo deben ser usados como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda.

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Los expertos en derechos humanos también se refieren a la Constitución ecuatoriana, que estipula que los adolescentes únicamente deben ser sometidos a “medidas socioeducativas” que sean proporcionales a la infracción cometida, y que la privación de libertad solo puede utilizarse en circunstancias excepcionales y durante el periodo más breve posible.

El informe registra, además, que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas instó al Gobierno ecuatoriano a llevar a cabo revisiones periódicas para facilitar la puesta en libertad de los niños, y a rechazar cualquier iniciativa que proponga que los niños respondan como los adultos por delitos graves.

“Estas reformas son abusivas e ineficaces. Negar a los niños la oportunidad de sanar y reintegrarse solo profundizará los ciclos de violencia y abuso”, afirmó Goebertus.

“Los líderes de los grupos de delincuencia organizada seguirán reclutando a nuevos niños si los que se llevan la peor parte de las políticas gubernamentales son los propios niños”, agregó.

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Según el documento aprobado por la Asamblea Nacional, el proyecto de ley “tiene propuestas que desincentivan el involucramiento de niños, niñas y adolescentes en las redes de delincuencia”.

(I)