Con 84 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Integridad Pública, que envió el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente.
La normativa se aprobó la tarde del martes, 24 de junio de 2025, en la sesión 013 del Legislativo.
Los votos favorables se emitieron desde la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), mientras que 62 asambleístas del correísmo votaron en contra. En la sesión hubo dos votos en abstención.
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Antes de la votación, nueve legisladores participaron en el debate y expusieron sus principales observaciones, entre ellos los asambleístas de la bancada de Gobierno Valentina Centeno, Diego Franco, Adrián Castro, Andrés Castillo y Steven Ordóñez.
Los oficialistas destacaron puntos clave de la ley, como las reformas al Sistema de Contratación Pública y el endurecimiento de penas para sancionar a niños, niñas y adolescentes que cometan delitos relacionados con el crimen organizado, reformando el Código de la Niñez y Adolescencia.
“Esta ley envía un mensaje de que en este país se acabó la fiesta para los corruptos y para los delincuentes”, dijo Valentina Centeno.
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En medio del debate, Andrés Castillo presentó una moción para incluir nuevas observaciones al proyecto de ley urgente. Se dio paso a la propuesta con 79 votos.
Esto derivó en la apelación a la presidencia de Niels Olsen. El correísta Luis Fernando Molina apeló la dirección tras argumentar que se incumplió el procedimiento parlamentario al permitir la inclusión de los cambios en el proyecto de ley por parte de Andrés Castillo (ADN).
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Niels Olsen dijo que esta es la segunda apelación en menos de 20 días, por lo que se defenderá cuando sea necesario. Pero la apelación no se aprobó. En el pleno hubo 60 votos afirmativos, 83 negativos y 4 abstenciones.
El debate continuó con la intervención de Ricardo Patiño, del bloque correísta. El legislador observó que la Ley de Integridad Pública quita la posibilidad a la economía popular y solidaria para que acceda al sistema de compras públicas.
“Es necesario que las empresas pequeñas tengan reserva de mercado”, sostuvo.
Steven Ordóñez, aliado de ADN, fue el úlitmo en intervenir y se abrió la votación.
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Ahora, la Ley de Integridad Pública pasará al despacho del presidente Daniel Noboa para su sanción o veto. (I)
