La transición política que provocó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición entre el 2018 y 2019, que implicó una evaluación y remplazo de autoridades en unas catorce instituciones del Estado, empieza a experimentar los primeros cambios.

En noviembre se cumplen los tres primeros años en funciones de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) designados por el transitorio y experimentará su primera renovación parcial, con la salida de cuatro vocales: dos principales y dos suplentes mediante un sorteo público.

Sobre la selección del titular de la Contraloría General del Estado, el actual CPCCS se vio obligado a iniciar el concurso de méritos, luego de que Pablo Celi fue detenido para investigaciones por el presunto delito de delincuencia organizada y fue censurado por la Asamblea Nacional, en un juicio político.

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Celi asumió como contralor subrogante cuando Carlos Pólit renunció en junio del 2017, al ser procesado por concusión en el caso Odebrecht.

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El Consejo transitorio decidió mantener en el cargo a Celi, con la aspiración de que la Contraloría se convierta en un Tribunal de Cuentas, lo que finalmente no ocurrió.

Celi también renunció y designó a Carlos Riofrío como subrogante, quien estará en funciones hasta que el CPCCS concluya el concurso; o hasta marzo del 2022, cuando se cumple el periodo para el que fue elegido Pólit.

Otra designación que el Consejo podría verse obligado a realizar es la del titular de la Defensoría del Pueblo. Hasta el 17 de septiembre deberá definirse la situación legal de Freddy Carrión en ese cargo, en el que fue designado por el transitorio.

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Carrión guarda prisión preventiva desde el 17 de mayo, investigado por presunto delito de abuso sexual. Si hasta el 17 de septiembre no regresa a sus funciones se configuraría la ausencia definitiva, según el artículo 15 de la Ley de la Defensoría.

A ello se suma que el Legislativo sustancia en su contra un enjuiciamiento político por presunto incumplimiento de funciones y falta de probidad notoria, cuando en medio del estado de excepción se vio inmerso en un escándalo público al asistir el 15 de mayo a una actividad personal en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconí.

A esa reunión acudió en el vehículo institucional y acompañado del equipo de seguridad de la Policía nacional.

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La renovación del CNE debió empezar meses atrás, pero el CPCCS actual no lo planificó por los efectos de la pandemia del COVID-19 ha justificado David Rosero, vicepresidente y presidente subrogante del organismo.

En noviembre se hará el sorteo para definir la conclusión del periodo de los cuatro consejeros, y las vacantes de los principales las asumirán dos suplentes, en tanto termina la selección de las nuevas autoridades.

Este procedimiento terminaría entre enero o febrero del 2022, de acuerdo con los plazos reglamentarios, pese a que en este año debieron estar elegidos.

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El CPCCS ha presupuestado para estos dos procesos alrededor de $ 770.000: $ 393.000 para el de contralor y $ 370.000 para el del CNE.

Sin embargo, nacen empañados por las dudas de los consejeros de minoría del mismo organismo.

A lo interno del Consejo se ha conformado una mayoría representada por Javier Dávalos, Rosero, Ibeth Estupiñán, Sofía Almeida, quien está con permiso de maternidad, pero cuya suplente, Mónica Moreira, se les sumó. Entre ellos aprueban los reglamentos e instructivos, convocatorias.

Las voces disonantes son las de Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa, que denuncian irregularidades en el desarrollo de las normativas en las que habría “conflictos de interés” y “direccionamientos” que advierten beneficiará a ciertos candidatos para que sean los elegidos.

Las sesiones del actual Consejo de Participación Ciudadana se caracterizan por conflictos internos y discusiones entre sus consejeros. El pleno está dividido: cuatro consejeros hacen mayoría; y tres son la minoría.

David Rosero asegura que las tareas están cobijadas por la transparencia y que no permitirá que se obstaculicen. “No tiene que haber ninguna animadversión” hacia lo avanzado, dijo, pues los reglamentos “establecen prohibiciones”, las que constan en la Constitución y las leyes para ser funcionarios.

A su criterio serán los “cinco ojos” de los delegados de las cinco funciones del Estado y de los cinco representantes de la ciudadanía (estos últimos elegidos por concurso de méritos e impugnación), que integrarán las comisiones ciudadanas de selección, las que califiquen los méritos, exámenes escritos y las impugnaciones, lo que garantizará la transparencia.

El exconsejero del CPCCS transitorio Luis Hernández cree lo contrario. “Los procesos que vienen van a tener incidencia de organismos políticos, van a tratar de cooptarse porque el sistema lo permite. Lo que va a reafirmarse es que el CPCCS debe ser eliminado”, anticipó.

Ejemplificó que la división interna es la “demostración de que se están jugando intereses, porque si estuviera pensándose en el interés nacional de buscar a los mejores no habría estas divisiones”, recalcó Hernández.

A las críticas sobre las decisiones que tomó el transitorio, que estuvo presidido por Julio César Trujillo (+), como ratificar a Celi en la Contraloría, Hernández explicó que en ese momento hicieron lo que se consideró correcto, pues el gobierno de Lenín Moreno en ese entonces ofreció modificar la Contraloría en un Tribunal de Cuentas.

“Si no se hubiera planteado esa propuesta hubiéramos cambiado el contralor”, aseveró Hernández, e indicó que sobre el defensor del Pueblo, lo eligieron porque la impugnación que pesó sobre él, sobre una presunta violencia doméstica, se desestimó y se respetó el debido proceso.

Rosero, que en su momento respaldó las actuaciones de sus antecesores, es ahora un crítico de ellos.

Indicó que en esta coyuntura están “resolviendo los errores” que heredaron; incluso reveló que el exsecretario del Consejo transitorio, Darwin Seraquive, era quien “tomaba las decisiones”, pues “muchas veces no las tomaba Trujillo, y eso lo puedo decir con certeza”, porque Jorge Rodríguez (+), excoordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, se lo había contado.

En tanto, desde la sociedad civil hay un llamado a observar y “levantar la voz” frente a las acciones que tome el CPCCS.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, recordó que fueron críticos de lo que hizo el anterior Consejo, porque no se respetaron normas vigentes en la Constitución y la Ley.

Consejo de Participación Ciudadana debe definir si designa consejeros suplentes del Consejo Electoral, mientras realiza el concurso de renovación parcial

Y “ahora tenemos por delante un nuevo Consejo que quiere repetir la historia”, afirmó. Ejemplo de ello es lo que se quiere hacer en el Consejo Electoral. “No hay ninguna norma que establezca que se puede prorrogar en funciones o titularizar a suplentes en el CNE para justificar la ineptitud en definir el relevo de los consejeros”, cuestionó.

Teme que “lo mismo” va a suceder con la renovación parcial de los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), pues en abril del 2022 cumplen los tres primeros años en funciones.

“Veremos en el concurso del CNE que no se va a respetar la norma y se puede estar frente a un proceso manipulado políticamente. Lo cual es parte de este espiral sin fin de la cooptación de autoridades y la desinstitucionalización que nos ha hecho daño durante 43 años”, increpó Alarcón.

Respecto de la elección del nuevo contralor, consideró que la inscripción de 702 veedores ciudadanos “no garantiza transparencia” sino que evidencia la “preocupación ciudadana”.

“Lo que corresponde es vigilar si es que se entrega toda la información, si hay un reglamento objetivo, si se cumplen con todos los plazos y términos y si la actuación de la autoridad es objetiva e imparcial. Ahí podremos hablar de transparencia. Antes de eso, imposible”, anotó. (I)