El economista Freddy P., de 64 años, asegura que recuperó la tranquilidad este año luego de conocer que la Fiscalía pidió el 29 de enero de 2024 que se archive la investigación previa que, por falsificación de firmas, le había interpuesto Mayra S., la relacionista pública detenida en el caso Metástasis y cuyos chats originaron el caso Purga, que reveló la corrupción judicial y política y sus vinculos con el narcotráfico.

La denuncia en su contra era una de las ocho que impulsaba Mayra S., según los registros de la Fiscalía y la Función Judicial. En la primera entidad, Mayra S. acusó a seis personas por diferentes delitos, entre ellos por hurto, robo, falsificación de firma, usurpación de nombre, falsificación y uso de documento falso, y estafa. Mientras que llevó a juicio a cinco ciudadanos por falsificación de firmas, por vulneración de derechos o por dinero. En la mayoría de procesos consta como ofendida, pero también enfrentó uno por extorsión, caso que le fue archivado el 25 de enero de 2023.

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Mayra S. recibió fallos favorables en al menos la mitad de los procesos que presentó en las oficinas judiciales, pero no ocurrió lo mismo con la querella en contra de Freddy P. “Una denuncia infundada, fui a la Fiscalía a testificar, pero era algo absurdo. La denuncia no tenía ni pies ni cabeza, era una cuestión solo para hacer alarde”, analiza Freddy al recordar el caso que se originó el 24 de marzo de 2022, tiempo en el que Mayra S. se desempeñaba como comunicadora de la Corte de Justica del Guayas y trabajaba para la presidenta de ese organismo, Fabiola G., detenida desde el pasado 5 de marzo en el llamado caso Purga.

Mayra S., relacionista pública detenida por el caso Metástasis, denunció a 6 personas y llevó a juicio a 5, pero también la investigaron por extorsión

En la denuncia, recuerda Freddy, se lo acusaba del delito de falsificación de la firma de Vilma M., madre de Mayra S., dentro de un trámite para el cobro de una póliza de vida por la muerte de su cónyuge, un exmarino de guerra. “Era el caso de una señora que ya había cobrado una póliza, según me indicó el fiscal. La señora decía que le faltaba un saldito y que supuestamente le habían falsificado la firma, pero entonces, ¿para qué cobró?”.

La denuncia se presentó contra Freddy P., que para esa fecha ya no ejercía las funciones de vicepresidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Armada, entidad financiera encargada del pago de la póliza. La querella –según registra la Fiscalía- no solo se presentó contra Freddy P. sino también contra David R., el ejecutivo comercial de la empresa aseguradora, a quien este Diario intentó, sin éxito, contactar esta semana.

Yo fui a la Fiscalía a decir que no tenía nada que ver en esto, no sé por qué me nombraron si yo ya no era el vicepresidente, yo renuncié hace dos o tres años, no tenía nada que ver, pero sí supe que la cooperativa estaba recuperando las pólizas, contrataron ayudantes, llamaron a las personas, pero la señora fue la única que hizo relajo.

Freddy P.

Freddy P. no precisó el monto de la póliza cobrada por la beneficiaria. No obstante, dos expertos en temas de seguros consultados por este Diario señalaron que el monto de este tipo de pólizas corporativas se ubica entre $ 5.000 y $ 20.000.

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Caso Purga: diálogos revelan que Mayra S. mientras laboraba en la Corte del Guayas entregó materiales de campaña para la Revolución Ciudadana

Freddy P. cuenta que pensó en presentar una contrademanda por la acusación de Mayra S., una magíster en comunicación estratégica que ha sido considerada por la Fiscalía como la “gestora de favores judiciales” del asesinado narcotraficante Leandro Norero. La comunicadora, actualmente detenida en la cárcel de Latacunga, se vinculó a la esfera judicial a finales del 2021 cuando manejó la campaña para la presidencia de la Corte de Justicia del Guayas de Fabiola G., detenida la semana pasada en el caso Purga.

“Yo me iba a ir contra la señora, iba a contratar abogados, era una cosa penal en la que me estaban involucrando. Pero la cosa era demostrar, que me demuestren que se le falsificó la firma. La señora estaba tranquila, en el momento en que la llama la cooperativa ella dijo ‘mi hija es la que maneja todo’; ella (la mamá) era la beneficiaria, pero la hija se empecinó en hacer tonteras”, dijo Freddy P., quien conoció con sorpresa que enfrentaba la denuncia de una publicista considerada la pieza clave en un entramado de corrupción judicial. “Me sonaba el nombre, pero no me acordaba. Estoy tranquilo, porque la cosa se fue para abajo y yo sabía, porque esta denuncia no tenía ni pies ni cabeza”. (I)