La consigna era clara por parte de cerca de 300 indígenas y campesinos que se tomaron, la noche del 22 de junio, la subestación eléctrica en Tisaleo, Tungurahua: dejar sin electricidad a Guayaquil, una ciudad que alberga a casi tres millones de ecuatorianos. Aunque los técnicos explicaron a los manifestantes que apagar la subestación no dejaría sin energía al Puerto Principal, igual se tomaron las instalaciones.

La paralización de esta subestación se da como parte de las acciones de las protestas impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La energía no se cortó y las autoridades nacionales y locales aseguraron que se aplicó un plan de contingencia para evitar apagones. El concejal de Guayaquil Jorge Rodríguez califica como un “intento criminal” lo realizado en Tisaleo. “Esto desnuda de cuerpo entero a los manifestantes y ya sabemos lo que buscan”.

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En tanto, el 21 de junio se confirmó que el agua potable de la ciudad de Ambato, en Tungurahua, fue contaminada con aceite quemado. El hecho obligó a suspender el servicio. Antes, el 20 de junio, Petroecuador confirmaba que 237 pozos petroleros fueron apagados debido a las amenazas de manifestantes. Todo esto sumado a los bloqueos de vías y enfrentamientos con la policía. “Esto dejó de ser pacífico hace rato”, dice Rodríguez.

Para Mario Pazmiño, coronel en servicio pasivo y exdirector de Inteligencia, lo que actualmente se está observando es la aplicación de la “estrategia mariateguista” y que esta fue utilizada por grupos como Sendero Luminoso, en Perú. Esta organización fue considerada como terrorista por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

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Lo que están haciendo es trasladar el conflicto y el proceso revolucionario desde el campo a la ciudad. Una vez que ingresan a las ciudades proceden a paralizarlas a través de bloqueos de vías, generar desabastecimiento al interior de ellas y afectación de áreas estratégicas como agua, energía, servicios de comunicación con el propósito de aislar ese espacio territorial para crear un caos social y que ese caos se transforme, en base a ese principio mariateguista, en una herramienta de lucha que permita derrocar el poder”, explica.

Manifestantes se tomaron la subestación Tisaleo.

El mariateguismo es un concepto utilizado para definir el desarrollo del marxismo e indigenismo en América Latina. Fue la ideología dominante en el Partido Unificado Mariateguista desde su fundación en 1984 hasta su disolución en 1996. Su máximo mentor fue José Carlos Mariátegui. Leonidas Iza, presidente de la Conaie, en su libro Estallido (que redactó con dos autores más), deja claro que su corriente ideológica es el mariateguismo.

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“En la perspectiva marxista, la violencia es parte de la naturaleza humana… En otras palabras, no es una opción, sino el resultado de una situación insoportable acumulada, y adquiere carácter político, porque es una increpación al orden socialmente imperante”, se lee en el texto.

La estrategia mariateguista está ligada a tres fases, indica Pazmiño. La primera es la de black block (ciertos manifestantes tapados y vestidos de negro, para ocultarse de la policía) que se aplica en los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública, y donde se aplican técnicas de ataque permanente hacia la estructura de las fuerzas de seguridad. Aquí salen los denominados “actos de terrorismo urbano” como la quema de patrullas, motos, instalaciones policiales.

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La segunda fase se respalda en que un proceso de movilización tiene que afectar la estructura de organización y concentración que tiene la fuerza pública, creando varios focos en las ciudades o el país para que la policía y militares se desarticulen.

Por último, está la aplicación del comunismo indoamericano que trata de transformar al movimiento indígena en quien regula la democracia y articule los nuevos sistemas democráticos del país. La estrategia busca aislar ciudades cortando la cadena de suministros más importantes como el petróleo, energía, exportaciones e importaciones internas, desabastecer los mercados para desesperar a la gente y crear caos.

Todos estos elementos están conjugados en un proceso de desestabilización que lo único que está haciendo es generar mayor caos e incertidumbre. Sin embargo, hay tres factores en los que esta estrategia mariateguista no está teniendo éxito”, señala.

Según el experto, estos tres factores son que existe un fraccionamiento en el movimiento indígena porque el proceso de protestas se ha alargado, lleva diez días y las comunidades indígenas estás desguarnecidas, y hay declaraciones de dirigentes como Salvador Quishpe que aseguran que Pachakutik no está de acuerdo con un golpe de Estado.

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FOTOS CONTAMINAN AGUA 1-2-3-4 AMBATO, Tungurahua. Se puso en conocimiento de la Fiscalía la contaminación del agua potable con aceite quemado. FOTO Cortesía Ep-Emapa. Foto: El Universo

El otro tema es que los recursos que apalanquen este proceso de agitación se están agotando y el elemento más importante es que “el pueblo ecuatoriano se cansó de ser ultrajado por un grupo importante como el movimiento indígena y grandes grupos de personas están saliendo a las calles a exigir que el movimiento indígena se retire”.

El delito de paralización de servicios públicos como agua potable, energía, está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es penado con prisión de uno a tres años, indica Jaime Alvarado, jurista.

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Además, afirma que el COIP establece, en el artículo 345, el delito de sabotaje y que la persona que con el fin de trastornar el entorno económico del país o el orden público destruya instalaciones industriales, centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro medio de transporte, bienes esenciales para la prestación de servicios públicos o privados, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

“La pena será privativa de libertad de siete a diez años si se destruye infraestructura de los sectores estratégicos”, añade. Para el especialista, el sistema de inteligencia del Gobierno ha fallado, ya que no se ha anticipado a este tipo de acciones incluso teniendo antecedentes recientes como las protestas de 2019. “Hay reclamos justos, pero hay personas que se aprovechan de esto para establecer su propia agenda. Se acepta la protesta pacífica, pero vemos un alto grado de violencia”.

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Con esto concuerda Pazmiño y añade que el Sistema Nacional de Inteligencia no visualiza escenarios prospectivos sino reactivos: “Espera que le caiga el problema encima para resolverlo cuando debe estar delante de los sucesos”.

Gestión de municipios es clave

En ciudades como Guayaquil actualmente se vive una relativa calma. Las marchas en contra del Gobierno se han realizado de manera pacífica y no se han registrado actos violentos. El cierre del mercado de transferencias en Montebello por varias horas fue el hecho, hasta ahora, más representativo. Aunque hay una elevación de precios en los alimentos, en especial los que provienen de la Sierra, todavía no se siente escasez generalizada.

En contraste, Quito, otra vez, parece zona de guerra. Bloqueos, edificios y calles destruidas, negocios paralizados, ciudadanos con palos enfrentando a manifestantes que buscan ingresar a sus viviendas y sin alimentos: “Ojalá algo pase hoy (aceptación al diálogo) porque si no, moriremos de hambre”, dice una quiteña que está encerrada en su vivienda hace varios días.

Plan de protección de Guayaquil sigue activo en su fase 1 con la presencia de volquetas y todo el contingente municipal. Estos puntos seguirán custodiados mientras persista el paro para actuar en caso de que manifestantes intenten entrar a la ciudad. Foto Jorge Guzmán  Foto: El Universo

Paola Aulestia, contadora, comenta que varios emprendedores con los que ella trabaja le han notificado que sus carros llenos de alimentos no pueden pasar a Quito y la comida se está pudriendo. “Hay gente en la carretera Calacalí y largas filas de carros que no pueden pasar desde el domingo. Una botella de agua en dos o tres dólares”, dice.

Para Pazmiño, la diferencia entre estas dos ciudades radica en sus alcaldes. “Un alcalde debe garantizar la seguridad, tranquilidad y el funcionamiento de los servicios básicos de su población, y si no lo hace está cometiendo una irregularidad. En Guayaquil hay una oposición firme y valiente para que no caoticen la ciudad, pero en el caso de Quito hay una posición endeble y lo máximo que se ha hecho es pedir que se saquen banderas blancas en las casas para que los manifestantes se vayan, no hay una defensa de la ciudad”, dice. (I)