En cinco días de actuación de pruebas dentro del juicio político del excontralor Pablo Celi se van confirmando las causales del proceso; la red corrupción establecida en la Contraloría General del Estado; y, consecuentemente, hay razones suficientes para una censura del exfuncionario.

Así lo advirtió el asambleísta interpelante Juan Cristóbal Lloret (UNES), al evaluar la primera semana de comparecencias de funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría que fueron convocados a rendir testimonio en este proceso, aunque no todos los invitados acudieron.

Lo más grave, añadió, es que Pablo Celi no operaba solo, sino a través de funcionarios a quienes daba órdenes y disposiciones para desvanecer y esconder informes con responsabilidades.

En torno a las comparecencias, Lloret afirmó que respecto de los aportes a nivel del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), se determinó que hubo una “grosera” intromisión en el proceso electoral al pretender eliminar a cuatro organizaciones políticas y disponer la destitución de tres consejeros.

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Respecto del desvanecimiento de glosas, añadió que en las comparecencias de funcionarios y exfuncionarios se develaron contradicciones, pues el esquema de corrupción de la Contraloría del Estado necesitaba la actuación de un sinnúmero de funcionarios, pues unos tenían que velar para que se cumplan los plazos y se desvirtúen responsabilidades. Se ha señalado que hay más de mil informes que no se cumplieron con los plazos, precisó.

En torno al contrato de servicios de comunicaciones para la Contraloría del Estado firmado con la empresa de Daniel Salcedo Bonilla, sentenciado por peculado, tras las comparecencias se estableció que hubo irregularidades como incumplimientos de los términos de referencia y reformas de última hora; y la orden para la contratación vino desde la Dirección de Comunicación que dependía directamente del excontralor Pablo Celi.

Pablo Celi requirió y delegó la suscripción del contrato con la empresa comunicacional HDC de Daniel Salcedo

Para este sábado 24 de julio está prevista la comparecencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y al siguiente día ha confirmado su presencia el excontralor Carlos Pólit.

Estructura delictiva

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Concertación-PSE), destacó que la fase de actuación de prueba con las comparecencias fortalece las acusaciones planteadas por el interpelante e incluso dan cuenta de que esta estructura delictiva que existiría en la Contraloría General del Estado no solo corresponde al periodo de Pablo Celi, sino de larga data.

También se ha puesto en evidencia que se habrían generado de forma discrecional, abusando de los plazos, centenares de resoluciones caducadas con responsabilidades civiles y responsabilidades administrativas.

Que más allá de lo que señaló el exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli, los documentos que posee la Comisión de Fiscalización, afirmó Villavicencio, ponen en evidencia que los contratos suscritos con Nolimit no se habrían adjudicado si no hubiese existido un marco jurídico discrecional como es el giro específico del negocio que se sostiene en una declaratoria de emergencia aplicada en el 2007 y 2008, cuyo ministro de energía era Galo Chiriboga.

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En la comparecencia de este 23 de julio, Flor María Guerrero, directora de auditoría de sectores estratégicos de la Contraloría, afirmó que esos contratos fueron ilegales y perjudiciales para Petroecuador y el Estado ecuatoriano; es decir, según la narrativa de la funcionaria, la glosa tenía un sentido de existir, pero luego se desvanecían desde el despacho del contralor hasta donde llegaban los informes finales.

Indicó que con los aportes de los funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría queda demostrado que el desvanecimiento de glosas y dejar que se archiven los informes con responsabilidades por el manejo discrecional de los plazos fueron un mecanismo continuo de larga data, generando todo tipo de irregularidades.

Queda en evidencia, añadió Villavicencio, que el equipo auditor realizaba bastante bien la auditoría, pero cuando llega a la predeterminación y determinación de responsabilidades, es ahí cuando interviene el equipo de élite del contralor para generar el desvanecimiento, donde no solo interviene esa autoridad, sino también presiones políticas desde la Presidencia de la República.

La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero (CREO), precisó que las comparecencias realizadas hasta el momento confirman la entramada corrupción que se implementó en las áreas estratégicas donde participó el excontralor subrogante Pablo Celi y parte de sus familiares que brindaban servicios a las empresas que firmaban contratos con Petroecuador.

Que por los testimonios recibidos, en esta semana, quedó en evidencia la injerencia del excontralor Celi en el CNE durante el último proceso electoral, pues las autoridades electorales expresaron los inconvenientes que causaron los pedidos desde la Contraloría respecto a la descalificación de cuatro organizaciones políticas y además el examen de auditoría al sistema informático durante el proceso de elecciones.(I)