La solicitud de juicio a Pablo Celi de la Torre, excontralor del Estado, llega a su última fase con la aprobación del informe por parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en el que todo apunta que recomendará la censura del exfuncionario acusado de incumplimiento de funciones.

La Comisión de Fiscalización tiene hasta el próximo jueves 5 de agosto para presentar el informe del juicio que contempla seis acusaciones de incumplimiento de funciones por cuanto ha inobservado varios preceptos constitucionales y legales, ha excedido sus competencias y ha asumido otras que no le corresponden, vulnerando de forma expresa lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución.

Hasta el 5 de agosto tiene la Comisión de Fiscalización para informe del juicio político al excontralor Pablo Celi

El representante de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), Juan Lloret, presentó seis motivaciones para censurar a Pablo Celi: arrogación de funciones; haber ejercido un cargo que no corresponde, inobservando la normativa constitucional y de la Contraloría al dejar en indefensión al Estado al no determinar responsabilidades en contra de Odebrecht.

Adjudicar un contrato de publicidad institucional a una empresa de propiedad de Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción; extralimitación de funciones al interferir en las competencias de la Función Electoral; intromisión del excontralor en el proceso electoral 2021; y, haber procurado desvanecer glosas por alrededor de 13 millones en la trama de corrupción en Petroecuador EP.

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Para el integrante de la Comisión de Fiscalización Bruno Segovia (antes de PK), no hay duda de que hay pruebas suficientes en el expediente del juicio político a Pablo Celi para recomendar su censura, pues el país a través de una cantidad de testigos y comparecencias se pudo enterar de las atrocidades que se hacían desde la Contraloría; por lo tanto, no queda duda de cómo se operaba en esa entidad de control.

Asegura que con los testimonios se pudo determinar que para el desvanecimiento de glosas había coimas y precios, pues cada funcionario que compareció aportó para detectar la operación de la red de corrupción.

Que el propio acusado intentó desmarcarse, pero fue imposible porque incluso sus propios parientes se pusieron de acuerdo para intervenir en los procesos de desvanecimiento, anota.

Según Segovia, todos quienes participaron en actos de corrupción y fueron parte de esta red de desvanecimiento de glosas deberían ser separados de la Contraloría del Estado, aunque aclara que no todos los funcionarios están inmersos en estos actos, pues habrá que sanear esa institución.

Hubo al menos 60 pruebas documentales; se solicitaron 68 comparecencias durante el procesamiento de la solicitud de juicio; 50 pedidos de información realizados; y, unas 50 horas de sesiones que deberán ser procesadas e incluidas en el informe.

Roberto Cuero (UNES), también integrante de la Comisión de Fiscalización, no quiso adelantar criterios sobre el alcance que tendrá el informe sobre el juicio, pero indicó que existen pruebas documentales, videos y testimonios que permitirán hacer un expediente que luego deberá conocer el pleno de la Asamblea Nacional.

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Sin embargo, la legisladora de la bancada de CREO Ana Belén Cordero dice que está bastante avanzado el informe en lo relacionado con el desvanecimiento de glosas, que será la piedra angular del proceso contra Celi de la Torre. Sobre esto, “tenemos consenso todos los miembros de la Comisión de Fiscalización”, dijo.

La representante nacional indica que las pruebas de oficio practicadas durante el procesamiento de la solicitud de interpelación son contundentes y eso motivaría a recomendar la censura del exfuncionario del organismo de control.

Otro de los aspectos que se incluirán en el debate es la recomendación a la Asamblea Nacional de aprobar reformas a la Ley que rige a la Contraloría del Estado y de esa forma se podrían superar los vacíos de sucesión cuando la máxima autoridad está procesada y guarda prisión en un centro de rehabilitación social.

Cordero comenta que tras el juicio político a Celi, no es solo una elección de una nueva autoridad dentro de la Contraloría en marzo de 2022, a través de concurso, sino que también es importante que se renueven mandos medios de áreas estratégicas como el desvanecimiento de glosas en áreas como predeterminaciones, determinaciones, responsabilidades, la secretaría de la Contraloría y de la Subcontraloría.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, insiste en que la prueba documental que posee la mesa logrará determinar que el esquema de sobornos no solo funcionó para desvanecer las glosas, sino también para la firma de los contratos.

Por ejemplo, cuando se desvanecen glosas en el sector petrolero como la de Nolimit y otras similares por la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, donde fueron sentenciados Carlos Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli, lo que estarían haciendo es quitando sustento a otros procesos penales levantados sobre esos contratos.

Por eso, añade Villavicencio, el informe del juicio político no va a abordar exclusivamente el esquema de sobornos en la Contraloría del Estado, sino los antecedentes donde marcará un territorio más amplio, pues se podrá señalar que el mecanismo de sobornos viene auspiciado por falsas declaratorias de emergencias.

El legislador nacional reitera que también se recomendarán sanciones para aquellos funcionarios que no entregaron información durante el procesamiento del juicio; por ejemplo, la Contraloría no entregó el expediente laboral de Pablo Celi, argumentando que fue incautado por la Fiscalía General del Estado, donde nada tiene que ver la mesa de fiscalización. Hay más información que tampoco se entregó.

Habrá recomendaciones penales y administrativas para los mandos medios, porque queda claro que hay una cadena de responsabilidades en el desvanecimiento de glosas, indica.

Censura a Pablo Celi y responsabilidades en mandos medios serán parte del informe del juicio político al excontralor del Estado

En el informe también se recomendará ejecutar una transformación radical del organismo de control a través de una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría, donde se incluya como parte de los procesos de control al Servicio de Contratación Pública (Sercop), pues en el caso de la glosa establecida a la empresa de Daniel Salcedo, la Contraloría señala que no tienen un registro de las empresas que fueron glosadas; es decir, ni siquiera tienen un registro de base de datos.

La Comisión tiene hasta este jueves para presentar el informe, y luego deberá pasar al pleno de la legislatura para su conocimiento, debate y resolución.

Acusaciones del juicio

1.- Arrogación de funciones. Según el interpelante, la subrogación de Pablo Celi como contralor no fue legal, pues emitió el 21 de junio de 2017 un acuerdo para legalizarse y legitimarse en el cargo cuando oficialmente la salida de Carlos Pólit se concretó el 2 de julio, después de ser censurado y destituido mediante juicio político por la Asamblea Nacional.

2.- Informes a favor de Odebrecht, aprobados por Pablo Celi de la Torre en calidad de contralor subrogante. El interpelante señala que el acusado incumplió funciones porque en dichos informes se emitieron indicios de responsabilidad penal en contra de funcionarios, pero no en contra de la empresa Odebrecht, lo cual imposibilita que los hechos se juzguen en la vía penal e imposibilita que los daños al erario público sean resarcidos por parte de Odebrecht.

3.- Contrato suscrito con HDC Producciones por $ 1′150.000 el 26 de diciembre de 2017, cuyo representante legal es sentenciado por peculado, Daniel Salcedo, por servicios comunicacionales, pese a que la propia Contraloría del Estado estableció responsabilidades penales en su contra. El proceso de contratación se hizo en seis días, se habrían cometido varias irregularidades, pese a lo cual se adjudicó el contrato.

4.- Interferencia en las funciones del Consejo Nacional Electoral, pues el excontralor Pablo Celi emitió un acto administrativo por el cual predeterminó una sanción de destitución contra tres vocales del CNE, además de una multa, por desacatar la recomendación de la Contraloría de no inscribir en los registros electorales a los movimientos Justicia Social, Podemos, Libertad es Pueblo y Fuerza Compromiso Social, cuando el CNE dispuso conservar la personalidad jurídica de esas organizaciones políticas e incluso fue ratificada la decisión tras una apelación en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

5.- Interferencia en el proceso electoral, debido a que el excontralor solicitó el 20 de febrero de 2021, al Consejo Nacional Electoral, que adopte una resolución que posibilite una auditoría informática por parte de la Contraloría General del Estado, antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral. El pleno del CNE negó la solicitud de Celi, por existir limitaciones de carácter técnico-legal, pues ninguna persona o entidad puede interferir en el proceso electoral.

6.- Delincuencia organizada, esta acusación se relaciona con la orden de prisión ordenada por el juez nacional Felipe Córdova en contra de Pablo Celi, dentro del proceso por presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada. Según la Fiscalía del Estado, la trama de corrupción es parecida al caso del excontralor Carlos Pólit, que consistía en el desvanecimiento de las glosas a través de la subrogación en el organismo. (I)