El juez Henry Navarrete, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pichincha, negó la acción de protección planteada por Fausto Murillo, exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), en contra de la destitución de su cargo.
La tarde de este 19 de mayo, pasadas las 17:00, el magistrado, después de la reinstalación de la audiencia para tramitar este recurso, resolvió negar la acción de protección que planteó Murillo, en contra de la resolución del 23 de abril, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), con la que se lo destituyó como vocal del Consejo de la Judicatura.
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Murillo buscaba evitar que esa resolución quede en firme y volver a sus funciones.
El argumento para su destitución fue un reporte del Ministerio de Trabajo, en el que se señaló que presentaba impedimento legal para ejercer el cargo público, ya que en el 2012 se acogió a un plan de desenrolamiento de la Función Judicial, por la que recibió una compensación de $ 30.600.
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Y, que podía reingresar, sin devolver la compensación económica, solo para ocupar cargos de nombramiento provisional y de libre nombramiento y remoción.
El exfuncionario fue elegido en un concurso que realizó el extinto CPCCS-Transitorio en el 2019, en el que se conoció de esta inhabilidad, pero se resolvió designarlo.
Dos años después, recién la Cartera de Estado reportó de su inhabilidad y pidió su remoción al CPCCS.
El 23 de abril, con cuatro votos afirmativos del pleno del Consejo de Participación Ciudadana se acogió el reporte, y se lo removió.
Murillo lamentó la sentencia dictaminada por el juez Navarrete, y aseguró que se violaron sus derechos como de la seguridad jurídica, el debido proceso en la garantía al derecho de la defensa; e increpó, la falta de motivación de la resolución del CPCCS.
Consejo de Participación Ciudadana removió a Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura
“Distorsionaron el objetivo de la acción de protección. Los argumentos que prevalecieron fueron temas de legalidad no de la violación de derechos, como correspondía. Pero tengo que respetar las decisiones de los jueces. Sin embargo, el sistema me da la posibilidad de apelar, y seguiremos la instancia correspondiente”, afirmó.
Entre estas acciones, esperará la respuesta de la Corte Constitucional (CC), frente a una acción de incumplimiento de dictamen de inconstitucionalidad a una sentencia interpretativa de la misma CC, en la que se señaló que las decisiones del CPCCS-Transitorio no eran susceptibles de revisión.
También, presentó una denuncia penal en contra de los consejeros del CPCCS, y la Fiscalía ha abierto una investigación previa, respecto al caso.
Uno de los funcionarios del CPCCS, Fredy Viejó, dijo que se demostró que Murillo habría cometido el delito de perjurio, porque para ser elegido para ese cargo, declaró que no tenía impedimento para ejercer el cargo.
“Se evidenció en la audiencia pública, que Murillo cometió el delito de perjurio, contra la fe pública, porque declaró bajo juramento no tener inhabilidades”, indicó Viejó.
Agregó que hará un informe en el que se recomiende “al Consejo de la Judicatura que presente una denuncia penal porque ningún ciudadano está por encima de la ley. Esto fue una jugarreta. Él falseó la verdad declarando que no tenía inhabilidades”. (I)