Juan Esteban Guarderas pide ser acusador particular en el caso Liga2: asegura que su destitución fue resultado de una ‘operación política cuidadosamente orquestada’

A poco de ingresar en los 30 días finales de la instrucción fiscal del caso Liga2, el exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Esteban Guarderas solicita a la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho que se lo admita como acusador particular de los cuatro procesados: Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Satos y Nicole Bonifaz.

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Como fundamento para arrancar la instrucción fiscal, el 15 de marzo pasado, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, aseguró que los tres hoy exconsejeros de la denominada Liga Azul y cercanos al correísmo Verduga, Franco Loor y Saltos, así como Bonifaz, aún integrante del CPCCS, planificaron una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura y otras instituciones.

La acusación de Fiscalía se basa, entre otros elementos, en el informe de los chats obtenidos de los dos teléfonos celulares de Verduga, los cuales fueron incautados durante el allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana, el pasado 24 de enero. También se tendrían datos de análisis de informática forense realizados a computadores incautados, versiones de los denunciantes, documentos, actas y resoluciones del pleno del CPCCS y de la Asamblea Nacional.

El fundamento para el pedido de acusador particular

Guarderas en su escrito, que es parte del expediente de Liga2, explica que a raíz del presente proceso penal se pudo conocer que su destitución del cargo como consejero de Participación Ciudadana por parte de la Asamblea respondió a la dinámica de la asociación de varias personas destinada a cometer una serie de delitos, “convirtiendo a la institución encargada de la selección de las más altas autoridades del Estado en el centro de operaciones de un movimiento político”.

Desde la perspectiva del exconsejero, eso evidencia no solo el desprecio a la institucionalidad del Ecuador, sino también su objetivo de cooptar ilegalmente tantos espacios de poder como fuera posible para sus intereses partidistas y personales.

El 27 de diciembre de 2024, Juan Esteban Guarderas fue censurado y destituido con 70 votos afirmativos del pleno de la Asamblea Nacional. La legisladora interpelante fue Ana Herrera, de las filas de la RC,quien acusó a Guarderas de incumplimiento de funciones porque habría vulnerado la reserva y protección de un denunciante, por una aparente falsificación de firma cuando presentó la denuncia contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por precampaña ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y por presuntos indicios de tráfico de influencias y violación de la independencia judicial.

La salida de Guarderas del Consejo de Participación Ciudadana permitió el ingreso al pleno del organismo de Eduardo Franco Loor, abogado del exvicepresidente Jorge Glas en el caso denominado Odebrecht, en el que el ex compañero binomial de Rafael Correa fue sentenciado a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita.

Augusto Verduga y Pamela Aguirre, denunciados

Por los hechos que generaron la destitución, el 14 de marzo pasado, Juan Esteban Guarderas denunció a Augusto Verduga y a la asambleísta Pamela Aguirre, de la bancada de la RC, por los delitos de usurpación de funciones públicas y asociación ilícita, figuras penales tipificadas en los artículos 287 y 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Como parte de la denuncia, Guarderas recogió parte de una publicación del medio digital La Posta, del 12 de marzo último, en que informaba “que la Fiscalía se encontraba en un proceso de investigación en contra de Augusto Verduga, en donde se le acusa de haber elaborado el informe que recomendaba la destitución de Juan Esteban Guarderas”.

Con ello, Guarderas deducía que el denunciado se asoció ilícitamente con la Comisión de Fiscalización para la elaboración y entrega del informe, lo que permitió su destitución. La participación del denunciado en la redacción de dicho informe generaría dudas sobre la transparencia e imparcialidad del proceso de juicio político llevado a cabo en el Legislativo contra él.

“Mi juicio político no consistió en una evaluación objetiva, imparcial y sustentada en criterios jurídicos individualizados. Por lo contrario, obedeció a un juicio apresurado, realizado antes del receso legislativo, carente de sustento legal, con pruebas que desvirtuaron fehacientemente los argumentos del enjuiciamiento, pero respaldado por una argumentación incongruente. Todo ello fue el resultado de una operación política cuidadosamente orquestada y asociada, buscando tener el control para revertir decisiones legítimamente adoptadas por la mayoría existente hasta ese momento en el CPCCS”, sostiene el destituido consejero en su escrito a la jueza Daniella Camacho.

Como muestra de lo que asegura sucedió en su caso, Guarderas incluyó una serie de transcripciones de chats entre los procesados que son parte del expediente de Liga2. Entre esa información está lo que sucedió en torno a la designación del superintendente de Bancos, cargo que según Guarderas era de alta sensibilidad institucional y estratégico para la supervisión del sistema financiero, situación que dice lo convirtió en objeto de disputa por parte de intereses políticos específicos. “Para alcanzar dicho objetivo, se desplegó una estrategia múltiple y sistemática que incluyó, por un lado, la construcción y difusión de una narrativa, con la intervención de las personas hoy procesadas, canalizada hacia determinados asambleístas, los cuales al mantener una relación de dependencia política y profesional con altos dirigentes del movimiento político Revolución Ciudadana, particularmente con Rafael Correa, en su calidad de líder máximo y figura referencial del movimiento, resultaron permeables a la influencia ejercida por miembros de la presente asociación ilícita”, anotó el exconsejero.

La intervención de Andrés Arauz

Toda esta dinámica, sostiene quien quiere ser visto como víctima en el caso Liga2, habría sido ejercida de manera operativa a través de Augusto Verduga y Andrés Arauz, quienes, afirma Guarderas, en su calidad de delegados directos del exmandatario Correa y como interlocutores estratégicos en los asuntos del CPCCS, coordinaron y promovieron una serie de acciones orientadas a obtener un beneficio político específico: la designación de Raúl González como superintendente de Bancos para obtener cargos que ya se habían acordado previamente.

Con base en el artículo 78 de la Constitución y los artículos 11, numeral 2, y 78, numeral 3, del COIP, Juan Esteban Guarderas mantiene como pretensión de una posible reparación material el monto de $ 130.400, lo que sería el equivalente a la cantidad que él dejó de percibir como remuneración a partir de su destitución como consejero de Participacion Ciudadana. Pidió a la jueza Camacho que defina una fecha para que pueda él reconocer su firma en la acusación particular en calidad de víctima del delito cometido por los procesados. (I)