La exfuncionaria del extinto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y excandidata a la alcaldía de Quito, Jéssica Jaramillo, aclaró que la Contraloría General del Estado no confirmó una responsabilidad administrativa en su contra, en exámenes especiales realizados al contrato de consultoría para la investigación forense del asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno.
«Mediante resolución No 51184 de 30 de abril de 2019, la Contraloría General del Estado me notificó la no confirmación de responsabilidad administrativa en el marco de los exámenes realizados por dicha entidad de control, en consecuencia, no tengo ninguna sanción en mi contra», precisó Jéssica Jaramillo, en una comunicación pública divulgada el 13 de junio de 2023.
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Agrega que el organismo de control señaló que «no confirma la responsabilidad administrativa culposa de 8 de junio de 2018, que consiste en una multa de $ 4.770 (…) predeterminada en contra de Jéssica Jaramillo Yaguachi», cuando fue coordinadora de asesoría jurídica en la administración de un contrato de 2013 del desaparecido Ministerio de Justicia.
En el 2012, durante el gobierno de Rafael Correa, se creó un Comité Interinstitucional que estaba presidido por esa cartera de Estado y que, para proceder con la investigación, solicitó los servicios profesionales del forense argentino Roberto Meza Niella para que investigue el asesinato de Jorge Gabela en el 2010, quien denunció irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv para la FAE por $ 45 millones.
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La Contraloría inició un examen especial a esa contratación en el 2016 al ‘proceso de contratación y ejecución del contrato que hizo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de consultoría para la prestación de servicios especializados para identificar e investigar el deceso del general Jorge Gabela Bueno’.
Esto, en un contexto en el que se denunció la desaparición de un denominado Tercer Producto, en el que, según Meza, se había concluido con los presuntos autores intelectuales de Gabela y que el crimen no correspondía a un delito común, sino a la posibilidad de un hecho relacionado con la delincuencia organizada.
Por estos sucesos, la Corte Constitucional trató una acción extraordinaria de protección planteada en el 2018 por la Defensoría del Pueblo y la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, cuyo fallo se emitió el 17 de febrero del 2023 y concluyó que se violó el derecho a la verdad por la desaparición de este tercer producto y ordenaron que se lo reconstruya.
También, dispuso que la Fiscalía del Estado y la Contraloría inicien con las acciones legales e investiguen a los exservidores por la sospecha de aparente mal manejo de la información pública de este Comité, que contrató una consultoría por $ 78.000 para que Meza recabe las causas en las que habría sido asesinado Gabela.
Según la Corte, debe investigarse a aquellos exservidores que en su momento «estaban obligados al manejo de elaboración, recepción del informe final elaborado por el Comité Interinstitucional y a los funcionarios responsables de las contrataciones para elaborar dicho informe».
Para ello, dio a la Fiscalía y la Contraloría un plazo de cinco meses para que entreguen un informe con las acciones implementadas. Este plazo fenece el próximo 18 de julio de 2023.
Los magistrados argumentaron que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina sanciones civiles, administrativas, penales para aquellos funcionarios estatales que oculten, alteren, pierdan o afecten a la información pública.
En cumplimiento de la sentencia, la Contraloría General informó a la Corte Constitucional el 2 de junio de 2023, que sí hubo una investigación y expuso un documento en el que constan sanciones administrativas a siete funcionarios del extinto Ministerio de Justicia.
En el documento, que consta en los registros de la CC, se detalla que la institución hizo dos exámenes especiales: uno en el 2016 al proceso de contratación y ejecución del contrato que hizo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de consultoría para la prestación de servicios especializados para identificar e investigar el deceso del general Jorge Gabela Bueno.
Y, un segundo examen se hizo en el 2019 a la gestión documental del Ministerio de Justicia con relación al manejo de la documentación del Comité Interinstitucional integrado para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de Patricia Ochoa en torno a la muerte de Gabela y de los productos del contrato entre Roberto Meza y esa cartera de Estado.
Asimismo, notificó que se fijaron tres órdenes de reintegro. Entre ellas, una a Jaramillo y otra a Roberto Meza, este último informó que luego de la auditoría y las investigaciones respectivas, se cerró en el 2018 sin determinar responsabilidades. (I)