En medio de las amenazas que están recibiendo los integrantes de la Comisión de Coordinación para la reconstrucción del tercer producto sobre el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela, el perito argentino Roberto Meza Niella pidió respeto y entendimiento a su profesión.

“Cuando junto a mi equipo de profesionales tomamos la decisión de regresar al Ecuador, pese a las amenazas y temas de seguridad que nos involucran, lo hicimos por un sentido de responsabilidad no solo con este país que en términos generales tan bien nos ha tratado y nos trata, sino con la búsqueda de la verdad que supone reconstruir el informe de un crimen que bajo ningún concepto puede quedar en la impunidad”, señaló Roberto Meza, en un comunicado divulgado en sus redes sociales el 19 de mayo.

Su posición se da en un contexto en el que tanto él como los integrantes de la Comisión de Coordinación (Arturo Moscoso, Jeannine Cruz y Sebastián Palacios) para la reconstrucción del tercer producto del caso Gabela están recibiendo amenazas a su seguridad.

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Una de ellas, la comisionada Jeannine Cruz, recibió la tarde del viernes 19 de mayo un ramo de rosas blancas con un mensaje en el que se la amenaza de muerte y que fue entregado en el edificio del Consejo de Comunicación, del que ella es presidenta. “Jeannine Cruz... El próximo detalle será en tu funeral”, describe una nota que acompaña al ramo de rosas.

Extraoficialmente, también se conoció que Meza recibió este tipo de amenazas el pasado lunes, cuando anunció su llegada al Ecuador para proceder con la reconstrucción de este informe, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional (CC).

“No somos los malos de la película y, por tanto, requerimos del pueblo ecuatoriano su apoyo, su respeto y su entendimiento de nuestra profesión que, aunque con sus riesgos, es la que escogimos para llevar el pan a la mesa de nuestras familias que, como las de todos, nos esperan en casa para darnos un abrazo cuando hayamos terminado nuestra tarea”, manifestó el forense en su carta.

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Añadió que su objetivo es entregar las “herramientas técnicas de investigación y criminalísticas necesarias para que la justicia ecuatoriana tome la mejor decisión y más apegada a la verdad y la justicia, aquella que clama a gritos la familia del general Jorge Gabela y la sociedad en general”.

“El Estado ecuatoriano, consciente de este aspecto, ha procurado dotarnos de lo estrictamente necesario para que mi vida, la de mi equipo y la de todas las personas que nos rodean o tienen algún ámbito de influencia en el caso reciban la seguridad de que nada extraño les va a suceder. Nosotros nos hemos ajustado a las recomendaciones y disposiciones de los expertos ecuatorianos que están llevando a cabo su trabajo”

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“(Considero) que cause sorpresa o desconcierto al ver gente a nuestro alrededor que conforman nuestra cápsula de seguridad; sin embargo, creemos firmemente que esta misma gente debería tener la empatía necesaria por nuestro trabajo que es en favor del país y que entienda que se está velando por la seguridad de todos y no solo la nuestra”.

En febrero del 2023, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno en uno de sus fallos conformar una Comisión de Coordinación con el perito Roberto Meza para la entrega de un nuevo ejemplar del tercer producto pericial que recoge la investigación sobre el asesinato de Jorge Gabela, general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que se realizó en el 2015 cuando funcionó un Comité Interinstitucional en el gobierno de Rafael Correa.

La Corte dio un plazo de tres meses, a partir de la notificación de la sentencia, para que se reconstruya ese expediente, que estaría desaparecido de los registros públicos del extinto Ministerio de Justicia, y en el que Roberto Meza había identificado a los presuntos autores intelectuales del asesinato de Jorge Gabela, ocurrido en el 2010. El general denunció irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv para la FAE, que se realizó durante el régimen de Correa.

El plazo para presentar feneció el 17 de mayo; sin embargo, la Comisión solicitó una extensión de unos 120 días, debido a los trámites burocráticos para la contratación del forense. (I)

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