Contraloría sancionó a siete exfuncionarios, entre ellos, al exministro Lenin Lara por el manejo documental en la investigación del crimen del general Jorge Gabela

Siete servidores públicos, entre ellos, el exministro de Justicia y Derechos Humanos Lenin Lara recibieron sanciones administrativas de la Contraloría General del Estado por el manejo de la información del extinto Comité Interinstitucional que se creó en el gobierno de Rafael Correa para investigar el asesinato del general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela Bueno.

Noticias relacionadas

Perito Roberto Meza rinde versión en la Fiscalía dentro de investigación previa por la muerte del general Jorge Gabela

Investigación sobre el asesinato de Jorge Gabela que presentó gobierno de Rafael Correa ‘no se hizo’ con un informe hecho por Roberto Meza

Forense Roberto Meza pide respeto y entendimiento a su profesión, en medio de amenazas por la reconstrucción del informe del caso Gabela

Jeannine Cruz, miembro de la comisión del caso Gabela, recibió una amenaza de muerte

Audiencia de caso Dhruv se suspende por enfermedad de la fiscal Diana Salazar

Jeannine Cruz: La sentencia de la Corte es un fuerte sacudón para dejar un precedente de qué pasaría si mañana se oculta información, ¿dejaríamos un delito en la impunidad?

Hasta este 18 de julio de 2023, la Fiscalía y la Contraloría General del Estado tienen como plazo para investigar y aplicar las acciones de sanción a aquellos exservidores públicos que manejaron información dentro del extinto Comité Interinstitucional que se constituyó en la administración de Rafael Correa para investigar el asesinato del excomandante de la FAE Jorge Gabela Bueno.

La Corte Constitucional (CC) inició la fase de seguimiento a su sentencia del 17 de febrero de 2023, en la que concluyó que se violó el derecho a la verdad a Patricia Ochoa y su familia por la desaparición de un denominado tercer producto que elaboró el perito Roberto Meza Niella, como parte de una consultoría que contrató el extinto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que presidió el Comité Interinstitucional.

Ese fallo obligó al gobierno de Guillermo Lasso a conformar una Comisión de Coordinación para que contacte al experto forense Roberto Meza Niella y reconstruya ese tercer producto, que fue el resultado de una investigación no judicial, en la que se habría identificado a los posibles autores intelectuales del asesinato de Gabela ocurrido en diciembre del 2010.

Según Meza, ese tercer producto, incorporó conclusiones como que la muerte de Gabela no se debió a un delito común, como lo anunció ese Comité Interinstitucional; al contrario, que habría estado relacionado con las denuncias que realizó de presuntas irregularidades en la adquisición de helicópteros Dhruv para la FAE por $ 45 millones que quedaron obsoletos, luego que cuatro de ellos se accidentaron.

El perito volvió al Ecuador este mayo e inició con la tarea de la reconstrucción de ese tercer producto y en la primera revisión de la documentación recolectada en varias de las instituciones públicas, observó que no existe una versión de ese expediente que escribió en el 2013.

“No hay ninguna versión del tercer producto”, sentenció Meza en una declaración de prensa del 1 de junio pasado y se dijo sorprendido de que el extinto Comité Interinstitucional presentó en el 2015 un informe final con base en un documento (tercer producto) que no tenía su firma de responsabilidad.

“Es un documento redactado con una hipótesis que no formó parte del tercer producto que nosotros elaboramos. Es algo completamente montado, creado y que no tiene firma de responsabilidad. Nos llamó la atención que en el 2015 se haya elaborado un informe que no contiene firmas de responsabilidad. No tiene nada que ver con lo que nosotros concluimos en el 2013″, expresó Meza.

Los jueces del máximo organismo de interpretación constitucional, en el tratamiento de una acción extraordinaria de protección que planteó la Defensoría del Pueblo en el 2018, junto a la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, tampoco pudieron acceder a esa documentación, por lo que concluyeron que hubo una violación al derecho a la verdad y ordenaron que se vuelva a elaborar ese documento.

Así también, que la Fiscalía y la Contraloría inicien con las acciones legales e investiguen a los exservidores por la sospecha de un posible mal manejo de la información pública de este Comité, que contrató una consultoría por $ 78.000 para que Meza recabe las posibles causas en las que habría sido asesinado Gabela.

Según la Corte debe investigarse a aquellos exservidores que en su momento “estaban obligados al manejo de elaboración, recepción del informe final elaborado por el Comité Interinstitucional y a los funcionarios responsables de las contrataciones para elaborar dicho informe”. Para ello dio a la Fiscalía y la Contraloría un plazo de cinco meses para que entreguen un informe con las acciones implementadas.

Los jueces argumentaron que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina sanciones civiles, administrativas, penales para aquellos funcionarios estatales que oculten, alteren, pierdan o afecten a la información pública.

Considerando que la Corte inició el seguimiento de su sentencia, cuyo incumplimiento podría derivar en sanciones que llevan hasta la destitución de los servidores, la Contraloría notificó el 2 de junio de 2023 que sí hubo una investigación y las sanciones que se establecieron a unos siete funcionarios del extinto Ministerio de Justicia.

El organismo de control realizó dos exámenes especiales: uno en el 2016 al proceso de contratación y ejecución del contrato que hizo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de consultoría para la prestación de servicios especializados para identificar e investigar el deceso del general Jorge Gabela Bueno.

Un segundo examen se había hecho en el 2019 a la gestión documental del Ministerio de Justicia con relación al manejo de la documentación del Comité Interinstitucional integrado para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de Patricia Ochoa en torno a la muerte de Gabela y de los productos del contrato entre Roberto Meza y esa cartera de Estado.

De acuerdo con el documento ingresado a la CC y que consta en el expediente público, se identificó siete ‘sujetos de responsabilidad’. Entre ellos, el exministro de Justicia del gobierno de Correa y exasambleísta de Unión por la Esperanza (UNES), Lenin Lara Rivadeneira.

Producto de sus auditorías, la Contraloría señaló responsabilidades de tipo sanción administrativa a:

• Lenin Lara Rivadeneira
• Jorge Pazmiño Granizo
• Jéssica Jaramillo Yaguachi
• Cristina Calvopiña García
• Gabriela Espinoza Cabezas
• Luis Mendoza Jiménez
• Geovanna Palacios Torres

Respecto del proceso de contratación, la Contraloría menciona en su informe de una «orden de reintegro» al perito Roberto Meza Niella, a Jéssica Jaramillo (excandidata a la alcaldía de Quito); y, a Jorge Pazmiño Granizo, cuya resolución consta como en “fase previa de estudio”.

Sobre la auditoría al proceso de contratación de la consultoría, Pazmiño y Yaguachi constan con una sanción administrativa con resoluciones emitidas el 9 de noviembre del 2021 y el 30 de abril del 2019.

En tanto, sobre el examen a la gestión documental, las sanciones administrativas a Calvopiña, Espinoza, Mendoza y Palacios se emitieron en el 2021; la sanción a Lenin Lara se había emitido en marzo de 2022, de acuerdo con el documento oficial.

Por su parte, el 6 de junio de 2023, la Fiscalía General del Estado convocó a rendir versión al perito Roberto Meza Niella, respecto de una investigación abierta sobre la muerte del excomandante de la FAE Jorge Gabela Bueno.

La Corte Constitucional, en su sentencia de seguimiento, notificó a la Fiscalía y a la Contraloría que deberán informar de las medidas y sanciones emprendidas a aquellos funcionarios que intervinieron en el manejo de la documentación de este Comité Interinstitucional.

El plazo de cinco meses fenece el 18 de julio de 2023, cita el fallo de inicio de seguimiento de su sentencia publicada el 24 de mayo de 2023. (I)