El enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas e indígenas de la comunidad waorani Dikapare se habría dado por un “problema laboral con la empresa Ecuaservoil y no por un conflicto” con las Fuerzas Armadas.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, declaró de “perversa” la posición de la comunidad indígena de “distorsionar” los hechos ocurridos desde el pasado 14 de abril, cuando se iniciaron desmanes en los alrededores del bloque 55 Armadillo, en Orellana.

“Este era un conflicto netamente laboral, entre Petroecuador, Ecuaservoil y los indígenas, que se acogen a las leyes laborales. Y lo que hicieron las Fuerzas Armadas es además de la protección a la población, dar seguridad a los bienes del Estado y a los bienes de sectores estratégicos”, explicó Jarrín.

La autoridad participó este 19 de abril en una comisión general de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, que se instaló para conocer qué sucedió en aquella jornada, a la que estuvieron convocados también el ministro de Energía, René Ortiz; el gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado; y el presidente de la nacionalidad waorani del Ecuador (NAWE), Gilberto Nenquimo.

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Jarrín detalló que desde el 14 de abril, los indígenas protagonizaron una manifestación porque Ecuaservoil, subcontratista de la empresa pública Petroecuador, había informado a los trabajadores, entre ellos miembros de la comunidad waorani, que finalizaba el proyecto en el campo Armadillo y que no se les cancelarían las utilidades porque en el 2020 no se trabajó por la presencia de la pandemia.

En respuesta, un grupo de manifestantes había interceptado una furgoneta con trabajadores de la petrolera.

Nacionalidad waorani rechaza supuesto uso de la fuerza del Ejército contra la comunidad Dikapare

El 15 de abril, las instalaciones del bloque 55 fueron tomadas por 20 personas y se habían apostado en las vías en una “actitud hostil”.

Al día siguiente, 40 nativos cerraron las vías y lanzaron objetos contundentes. Se llegó a un acuerdo para que se permitiera el ingreso al personal de Petroecuador, pero al contrario, la protesta se extendió al pozo Yulebra 5 por parte de habitantes de Taracoa, que exigían plazas de trabajo.

La situación empeoró y en medio de un enfrentamiento, una mujer resultó herida con una pedrada en la nuca.

Según el ministro, las Fuerzas Armadas disponen de videos en los que se observa cómo la mujer recibe este golpe. Pero los efectivos no serían responsables, ya que “no pueden los militares entrar con piedras. Esto no está en la doctrina militar”, enfatizó.

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Producto de la confrontación se registraron seis oficiales y cuatro voluntarios con traumatismos en la cabeza e impactos en las extremidades. Un teniente coronel había sido atacado con una lanza en el pecho, pero el chaleco antibalas impidió una herida grave.

Jarrín rechazó estos actos y aseguró que “este no es asunto entre militares y los pobres indígenas, como así los tratan. Es entre la compañía y los trabajadores. El planteamiento no puede ser el uso de la fuerza en contra de los waoranis, esto es una distorsión y manipulación en contra de las Fuerzas Armadas. Lo presentan como si fuera un tema de conflicto entre militares e indígenas, lo cual es perverso. Los militares no salen a generar problemas o afectar a nadie de la población”, insistió.

En su exposición ante la Comisión, agregó que se empleó el uso racional de la fuerza “bajo advertencia, luego de verbalizar, y como último recurso” se empleó “equipo no letal en forma proporcional”.

Nenquimo rechazó la presencia militar y cuestionó que por qué tenían “que militarizar si era solo un tema laboral”.

“Si esto era un tema laboral, no tenía que haber militarización de la comunidad. ¿Cuántos elementos de la fuerza pública acudieron? Eso no respondió el ministro de Defensa. Nosotros estamos reclamando nuestros derechos, pero nos preguntamos si nuestros derechos fueron garantizados y respetados”, expresó.

Expuso que había siete camiones militares y que varios indígenas recibieron impactos de perdigón. El dirigente exclamó el derecho de los trabajadores a reclamar por sus derechos laborales.

El gerente general de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, informó en la Comisión que se ha abierto un diálogo con Ecuaservoil para llegar a un acuerdo con doce trabajadores indígenas, para que se les cancele el pago de un bono. “Esa posibilidad está sobre la mesa”, indicó.

Después de varias horas de discusión, el presidente de la mesa legislativa, Jaime Olivo, suspendió esta comisión.

El pasado 15 de abril, la nacionalidad waorani del Ecuador (NAWE) condenó en un comunicado “la militarización de la comunidad Dikapare, la cual ha desatado el 14 de abril agresiones y el uso desmedido de la fuerza pública”.

“Denunciamos el uso abusivo del poder y la fuerza con la presencia injustificada de militares, que violenta la autonomía territorial y la integridad física de los miembros de la comunidad, afectando su supervivencia física y cultural”, señala la comunicación de la NAWE.

Este caso está en investigación de la Fiscalía General y una de las denuncias es por un presunto intento de homicidio a un oficial que se encontraba al mando del personal militar que acudió a reforzar la seguridad en el bloque 55.

También, la familiar de la mujer que recibió el golpe en la nuca presentó su denuncia ante la Fiscalía. (I)