Resolución legislativa que señala a Guillermo Lasso como responsable de peculado no es vinculante para la Fiscalía

Entre los asambleístas hay lecturas diferentes respecto a la incidencia que tendrá en la Fiscalía General del Estado la resolución aprobada por la Asamblea Nacional respecto al juicio político al exmandatario Guillermo Lasso, en la que se determinó una supuesta responsabilidad en la infracción de peculado en el contrato entre Flopec EP y Amazonas Tanker Pool.

En lo que sí coinciden todos los asambleístas consultados es en que la resolución legislativa aprobada el 30 de noviembre con 116 votos no es vinculante, pero advierten que si la fiscal general del Estado, Diana Salazar, no la toma en cuenta, podría ser objeto de fiscalización por parte de la actual Asamblea Nacional.

En el artículo 5 de la resolución se ordena notificar el contenido del texto y la integridad del expediente del proceso de juicio político generado en la Asamblea Nacional a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado, para que en el marco de sus competencias inicien los respectivos procesos de investigación y control, toda vez que los hechos materia de esta acusación política hacen presumir el cometimiento de una infracción penal por parte del expresidente de la República Guillermo Lasso Mendoza.

Asamblea Nacional no censuró al expresidente de la República Guillermo Lasso, pero lo señala como responsable político de peculado

A criterio del jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, Vicente Taiano, la Asamblea Nacional hizo lo correcto, porque se pronunció sobre un proyecto de resolución; si bien es cierto, no se operó en cuanto a la sanción porque no se podía destituir a quien no está en funciones y censurar para inhabilitarlo, se estableció la responsabilidad política del expresidente en todos los actos materia de la acusación constitucional.

Al tratarse dentro del trámite de juicio político, en cuanto a pruebas y testimonios, hechos que posiblemente hacen presumir la comisión de delitos de acción pública, es a la Fiscalía a quien le compete tener conocimiento y decidir si abre o no una indagación en relación a esos hechos.

Taiano aclaró que la resolución legislativa no es vinculante, porque “es un acto de condena política dentro de la facultad de fiscalizar”; la actuación o la actividad de jueces y fiscales debe manejarse con independencia, pero es a la Fiscalía a quien le compete definir si abre o no una investigación.

El Código Orgánico Integral Penal, explicó el representante socialcristiano, determina que cuando se trata de un delito de acción pública y la Fiscalía tiene conocimiento, tiene que investigarlo. “Una vez que la Fiscalía conoce el tema, sin duda, tiene que procesarlo y abrir una investigación o señalar que los hechos denunciados a su juicio no constituyen infracción o que este tema ya está siendo conocido mediante una investigación previa o instrucción fiscal.

Pero, afirmó, bajo ningún concepto esto puede luego ser parte de una discusión de cumplimiento o incumplimiento de funciones, porque la Asamblea lo que ha hecho es cerrar un capítulo de discusión política”.

El asambleísta Camilo Salinas, coordinador de la bancada Construye, manifestó que si la Fiscalía evalúa la resolución en la que manifiesta la responsabilidad política del exmandatario en la infracción de peculado, podría abrir un proceso de indagación, aunque no es un documento vinculante, sino que expresa una presunta acción de peculado.

Su coideario Gabriel Bedón también dijo que la resolución legislativa no es vinculante para la Fiscalía, pero sí es un castigo político para el expresidente Lasso. Pero añadió que Fiscalía y la Contraloría General del Estado tendrían que indagar todo lo concerniente a peculado.

Franklin Samaniego, del movimiento Revolución Ciudadana, manifestó que con la resolución de la Asamblea Nacional sobre el caso Guillermo Lasso, debería reaccionar así como la fiscal Diana Salazar lo hace con un tuit e incluso ordena allanamientos.

Dijo que en el expediente del juicio que llegará a la Fiscalía se desprenden muchos hechos que, sin duda, la fiscal dará el tratamiento que corresponda, porque “la Fiscalía tiene la obligación de investigar”, apuntó.

Lucía Posso, del partido Avanza, manifestó que pretender enjuiciar políticamente a un funcionario que ya no está en funciones es como “hacerle la autopsia a un cuerpo insepulto, es perder el tiempo y creo que esta Asamblea no está para esto; pero lastimosamente esta Asamblea sigue obedeciendo a mayorías”.

Dijo que en 16 meses se debe priorizar la agenda y no perder tiempo; que la responsabilidad determinada contra el exmandatario es política, porque los procesos en el orden judicial ya están interpuestos; por lo tanto, el pronunciamiento del Parlamento es absolutamente político, porque legalmente era absolutamente inviable.

Posso indicó que la fiscal del Estado, inteligentemente, podrá recibir la resolución y hacerla parte del proceso, pero necesariamente no es vinculante, porque desde ya está en marcha un proceso judicial y además ya existen procedimientos de la Contraloría General del Estado; y si algo le ha hecho daño a este país es la intromisión de poderes como el Legislativo en el Judicial.

Ha existido una resolución legislativa que no va a generar sino una sanción de orden moral respecto del pronunciamiento del presidente Guillermo Lasso, afirmó la representante de Imbabura.

Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, indicó que la Fiscalía debería recibir el expediente y determinar si encuentra elementos para abrir una nueva indagación, porque además sí hay otros juicios que están en camino contra Guillermo Lasso. (1)