Casi un año pasó para que el presidente de la República, Guillermo Lasso, revele por qué rompió un pacto legislativo al que se pretendía llegar con el Partido Social Cristiano (PSC) y la coalición Unión por la Esperanza (UNES): uno de los planteamientos era crear una comisión de la verdad que revise los procesos judiciales a políticos como Rafael Correa y varios de sus afines.

“Eso creo que quedó perfectamente claro que fue el motivo por el cual CREO dijo: ‘No, un momento, no estamos de acuerdo con comisiones de la verdad ni estamos de acuerdo con perseguir a las autoridades como el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la fiscal general, el procurador, la búsqueda de un contralor a la medida’. Eso no podía ser posible. Esas son las razones por las que dije: ‘Esto no va más porque va en perjuicio del interés público’”, reveló Lasso el 12 de abril de 2022, en el espacio gubernamental de entrevistas en el que participa cada martes.

Presidente: Criticamos a Correa por intervenir en la justicia y criticamos a Lasso por no intervenir en la justicia

En mayo del 2021, cuando la Asamblea Nacional se alistaba a elegir a sus autoridades, los líderes políticos de CREO, con Guillermo Lasso; de UNES, Rafael Correa; y del PSC, con Jaime Nebot, habían mantenido reuniones para llegar a acuerdos para lograr la “gobernabilidad”.

Estos acuerdos se mantuvieron en reserva hasta cuando horas antes del 14 de mayo de 2021, Lasso decidió distanciarse y respaldar a Pachakutik (PK) y la Izquierda Democrática (ID) en la designación de Guadalupe Llori como presidenta de la legislatura, y no a Henry Kronfle, del PSC.

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Fue entonces cuando los participantes de estos diálogos revelaron que crear esta comisión había sido uno de los pedidos.

Esta idea era parte de la propuesta de campaña del excandidato presidencial de UNES Andrés Arauz para que, entre otros hechos, se investigue si detrás de los procesos legales por los que el expresidente Rafael Correa y su exvicepresidente Jorge Glas fueron sentenciados en los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016 había un lawfare (persecución judicial).

Integración de una Comisión de la Verdad forma parte de negociaciones políticas de la nueva Asamblea Nacional

La asambleísta de UNES Paola Cabezas afirmó al inicio del periodo legislativo que integrar dicha instancia era necesaria para llegar a acuerdos, y había sido discutido como parte de ese pacto.

El exlegislador César Rohón, electo por el PSC, coordinaba esos diálogos, pero se declaró independiente luego de denunciar que hay “líneas rojas” que su partido no debía cruzar, como no permitir la creación de esa comisión.

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Desde el régimen se afirmó que ese tema no fue parte de las discusiones. Incluso, el fallecido César Monge, presidente nacional de CREO y entonces legislador, desmintió en una entrevista con este Diario en mayo del 2021 que se haya hecho este pedido y expresó su sorpresa de la declaración de Rohón, porque eso (crear la comisión) “jamás se había discutido…”, enfatizó.

Asimismo, en una comunicación oficial que suscribió en esa coyuntura, afirmó que la agrupación política “no ha considerado negociar, revisar o valorar acuerdos que den lugar a impunidad a cambio de algún beneficio de cualquier índole”.

Lasso evitó durante estos casi doce meses revelar los detalles de esa discusión. En una entrevista con EL UNIVERSO en septiembre pasado rehuyó entrar en detalles, y justificó que estaba concentrado en atender los problemas de los ecuatorianos. Un año después, admitió que crear esta comisión de la verdad fue uno de los pedidos planteados.

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En su declaración del martes último, dijo que el Ecuador estuvo en desacuerdo con esas discusiones. Por ello, “denuncié unilateralmente ese pacto y me retiré”. agregó. Así, buscó alternativas de gobernabilidad con la ID, PK y los asambleístas independientes; aunque eso funcionó solo para la designación de las autoridades legislativas, porque sus iniciativas de ley no han tenido respaldo de ninguna de esas bancadas.

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Su declaración se dio en medio de las críticas que vierten sobre su gestión, luego que el exvicepresidente Jorge Glas fue beneficiario del recurso de habeas corpus por parte de un juez de la Unidad Multicompetente de Manglaralto (Santa Elena), Javier Moscoso.

Con esta medida, Glas abandonó el domingo 10 de abril la cárcel de Cotopaxi, en donde cumplía una pena de seis y ocho años, sentenciado por asociación ilícita y cohecho en los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016.

Lasso sostiene un mensaje de que “no existe un pacto”. “No pactaría jamás con la corrupción, no hemos pactado con la corrupción”, enfatizó el gobernante.

Pero las suspicacias se encaminan a que detrás de la liberación de Glas pudo haber un pacto con el correísmo que se remonta a decisiones legislativas.

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Una de ellas, la posición de los 48 asambleístas de UNES que en noviembre del 2021 se abstuvieron de votar por una moción que presentó la legisladora Mireya Pazmiño (antes de PK) para negar y archivar el proyecto para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, más conocido como reformas tributarias.

La abstención de UNES dio paso a que la norma entre en vigor por decreto ley en diciembre pasado.

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Otro hecho se relaciona con la aprobación de las amnistías el pasado 10 de marzo a 268 personas, entre las que están actores políticos procesados por las protestas de octubre del 2019.

Ahí, trece legisladores de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), compuesta por independientes y de CREO, votaron por ese informe con el que fueron amnistiados los correístas Paola Pabón, prefecta de Pichincha, Virgilio Hernández, parlamentario andino, y el dirigente Christian González, procesados por rebelión en el contexto de las manifestaciones de ese año.

Oswaldo Moreno, analista político, cree que el problema no es que haya acuerdos políticos en una democracia, aún más cuando el oficialismo llegó a la legislatura con una bancada “bastante débil”.

“Los pactos no son malos, pero situaciones que deberían ser jurídicas se terminan transformando en políticas y hacen que pensemos que se dan estos casos”, opinó.

Ahondó en que los conflictos que enfrenta el régimen se deben a su alejamiento de sus propuestas de campaña. En todo caso, “los acuerdos son legítimos siempre y cuando se transparenten; pero al ser estos casos más políticos que legales, es difícil llegar a una conclusión sobre la cual podamos excluir que no hubo un pacto encubierto, o que Glas no se convirtió en moneda de cambio”, recalcó Moreno.

Desde la sociedad civil hay preocupación. La Comisión Nacional Anticorrupción, presidida por Germán Rodas, calificó como una “perversa leguleyada” el habeas corpus concedido a Glas, que constituye una “demostración de que las estructuras del poder están al servicio de intereses políticos y arreglos de trastienda que solo ofenden la conciencia nacional y contribuyen a la impunidad”.

El colectivo Voces por la Democracia, que impulsará una iniciativa de consulta popular ciudadana, reprochó que la “crisis política que vive el Ecuador no es excusa válida para acuerdos políticos tácitos o expresos que se gesten con la intención de crear supuestas condiciones de gobernabilidad en detrimento del derecho y la justicia”. Exigieron transparencia a la “clase política”.

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La Fundación Ciudadanía y Desarrollo también emitió un comunicado, en el que se advierte que la libertad de Glas y las pugnas dentro de la Asamblea Nacional “reducen la confianza ciudadana en las instituciones y debilitan el Estado de derecho”.

La organización no gubernamental consideró que no se trata de “meterle las manos a la justicia (…), sino de hacer uso de todos los recursos judiciales de forma oportuna e impedir la impunidad. La acción de los funcionarios del SNAI, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno en la audiencia de habeas corpus, al no objetar en oportuna y debida forma lo actuado, genera dudas al respecto del compromiso del Gobierno en el combate a la corrupción”. (I)