Guillermo Lasso posiciona su ‘consulta ciudadana’ como una solución a la inseguridad y analistas creen que debe haber un ‘plan B’

Las primeras tres preguntas de la propuesta de referéndum son para el presidente de la República, Guillermo Lasso la política pública necesaria para contrarrestar la inseguridad ciudadana y ahora busca posicionarlas para obtener el respaldo de las fuerzas políticas contrarias a su gestión y de la sociedad civil.

En medio de la algarabía por la celebración de los 202 años de fundación de Guayaquil, dar solución a la violencia que enfrentan sus habitantes fue la demanda que hizo la alcaldesa Cynthia Viteri al Gobierno nacional.

“Guayaquil está dispuesta a pelear como siempre. Pero, demanda del Estado el cumplimiento de sus obligaciones. Guayaquil quiere acciones, no reuniones”, fueron entre otros, los reclamos de Viteri a Guillermo Lasso, durante la sesión solenme que se realizó este domingo 9 de octubre en la Plaza San Francisco, a la que asistieron autoridades de las funciones del Estado, entre ellos, el jefe de Estado.

Él le respondió que este es un problema estructural que no se arregla con “soluciones coyunturales” y que está encarándolo con fortalecimiento a la fuerza pública y al sistema de inteligencia y, responsabilizó de la violencia desatada en el país y sobre todo en la ciudad a la incautación de droga que ha dejado en los grupos delincuenciales un “hueco” por los $ 6 mil millones, según sus estadísticas.

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No obstante, el mandatario le apuesta como estrategia a la iniciativa de referéndum a la que la nombró como la “consulta ciudadana” y por la que pidió “la unidad” de la población.

“Si nos movilizamos todos, tenemos a nuestra disposición un arma formidable, una arma democrática que nos garantiza la capacidad de defendernos: la consulta ciudadana. Con la consulta redoblaremos el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado; con la consulta los criminales transnacionales serán extraditados. Ahora estarán muy conscientes de que pagarán el durísimo precio de sus crímenes en otros países, donde la justicia sí funciona. Con la consulta, la Fiscalía dispondrá de más y mejores herramientas de investigación y personal especializado, para atacar a la impunidad de los delitos. Si nos movilizamos todos, si nos convocamos bajo el propósito unificador de la consulta, el camino a un país más seguro será más corto”, expresó Lasso en el cónclave.

La referencia es a las preguntas de enmienda a la Constitución que plantean que las Fuerzas Armadas puedan participar junto a la Policía Nacional en la seguridad interna; la extradición de criminales a otros países y, que la Fiscalía General sea un órgano independiente del Consejo de la Judicatura, pero que cuente con un Consejo Fiscal que evalúe a su personal.

Estas y otras cinco preguntas están en análisis de los jueces de la CC, para determinar si son constitucionales y no afectan derechos, garantías o alteran la Carta Política.

De ser calificadas y con ello, que la población se pronuncie en un referéndum ¿serán la solución al problema de inseguridad?

El catedrático Fernando Carrión cree que no. “Él está asumiendo políticamente un tema que debe ser enfrentado técnicamente, por lo que el presidente nos está planteando es que: si no aprobamos la consulta, la violencia se va a incrementar y eso no es así”.

En esa línea, si las preguntas no se aprueban en la Corte Constitucional o por el voto popular “en términos políticos va a ser un golpe, un batacazo para el presidente, pero en seguridad ciudadana la situación va a seguir siendo igual”.

Carrión explicó que el régimen está asumiendo una política explícita de seguridad, denominada ‘de mano dura’ con las dos preguntas; aunque ejemplificó: “de darse la extradición tiene que haber un pedido de un país específico y en ese caso, me imagino que lo que está haciendo es que los Estados Unidos pidan la extradición de algunas personas, pero será que enviando cinco, seis o diez personas al año ¿se va a reducir o eliminar la violencia en el país? Creo que no”, recalcó.

Alberto Molina, analista político, recordó que el problema de la inseguridad ciudadana no es reciente y al contrario, ha ido incrementándose siendo una responsabilidad del actual y de anteriores gobiernos.

“Ninguno ha tomado las medidas para evitar que lleguemos a estos niveles. El país necesita un buen sistema de justicia, un sistema penitenciario óptimo, luchar contra la corrupción, pero eso no ha pasado”, lamentó.

Molina ve con recelo las preguntas del referéndum porque en el caso de la complementariedad entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en el 2015 se aprobó dentro de un paquete de enmiendas a la Constitución que impulsó el gobierno de Rafael Correa, pero tiempo después fue declarada inconstitucional por la misma Corte Constitucional.

A su criterio, la alternativa no radica en considerar que las enmiendas propuestas por Lasso van a cambiar el panorama, sino en que “arrimemos el hombro todos, que dejen de estarse peleando entre los partidos políticos, que haya un mejor trabajo de los jueces y de los municipios que también tienen responsabilidad”.

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A esto debe sumarse, la “presencia en las fronteras de las autoridades, que haya conversaciones con los Mandatarios de la región. Este es un problema grave y hay que pedir ayuda internacional, fortalecer a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas”, reflexionó.

El catedrático Daniel Pontón ahondó en que el referéndum está enfocado en un tema político más que en buscar soluciones a la temática de la inseguridad. “Lo que buscan es tener una aceptación ciudadana y aunque puede ser positivo, hay la posibilidad de que la pierda (el referéndum) y no creo que haya un plan B”.

Comentó que el régimen parte de un diagnóstico “errado y distorsionado” de lo que pasa en Ecuador sobre seguridad. Por ejemplo, sobre el trabajo de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional “es algo que se ha venido haciendo con los estados de excepción, pero no hay ningún tipo de cambio”.

“Las preguntas están puestas de tal forma que juega a no perder, pero no soluciona problemas complejos, problemas que se deben destrabar y cambiar la situación de la seguridad. Ellos (el Gobierno) están jugando a no perder, porque es como que le preguntan a una persona ¿quiere que le suban el sueldo? Nadie va a decir que no, entonces ponen preguntas obvias diciendo ‘yo gano y con eso tengo capacidad de maniobra’, pero no le veo un atractivo”, opinó.

De su lado, Carrión resaltó la decisión de separar del Ministerio de Gobierno la seguridad y crear el Ministerio del Interior, pero se equivocó en nombrar como ministros a policías: Patricio Carrillo, que fue desvinculado por el asesinato de la abogada María Belén Bernal en un recinto estudiantil de la Policía; y, ahora a Juan Zapata, un oficial en servicio pasivo de menor rango.

“El Gobierno cometió un error al no convertir al ministerio del Interior en un ministerio de Seguridad, sino de la Policía; tiene que reestructurarlo para que sea un ministerio de la Seguridad que incorpore a la Policía, al sistema carcelario, Inteligencia. Asimismo, debe haber un sistema nacional de seguridad, en donde estén los municipios, los concejos provinciales, cámaras de producción, las universidades, los colegios y escuelas, la guardianía privada, que en conjunto debe generar tres políticas: de seguridad ciudadana, antinarcóticos y en contra de la violencia a las mujeres”, sugirió. (I)