En la última etapa del trámite del proyecto urgente de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal, el sector del Gobierno entró en apuros por conseguir los 70 votos que necesitaba para aprobar su propuesta, que le permitía establecer nuevos tributos y recaudar alrededor de $ 1.900 millones.

Por cinco ocasiones, la mesa legislativa de Desarrollo Económico suspendió la sesión hasta alcanzar los votos y aprobar el texto final con los ajustes que se invocaron durante el segundo debate. Ese informe fue aprobado con seis votos: tres del oficialismo más los de las delegadas de la Izquierda Democrática y Ecuatoriano Unido, y el de John Vinueza, de Unión Ecuatoriana.

Inicialmente, la mesa legislativa no logró presentar al pleno de la Asamblea Nacional el texto final del proyecto, antes de las 11:00, cuando estaba convocada la sesión para la votación del texto, por lo que la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, a petición del legislador ponente, Francisco Jiménez (CREO), suspendió la instalación de la sesión plenaria hasta las 16:30.

A eso se sumó la ausencia del presidente y de la vicepresidenta de la comisión, Daniel Noboa (EU) y Wilma Andrade (ID), en su orden. Ambos viajaron a España, por lo que la mesa tuvo que improvisar y escogió, entre sus miembros, a la legisladora que actúa con la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), Diana Pesántez, para que dirija la sesión y conduzca la aprobación de los textos finales del proyecto.

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Ley urgente se queda sin autoridades de la comisión que analiza la propuesta del Gobierno

El legislador César Rohón (antes del PSC) alertó de la “extraña coincidencia” de que las dos autoridades de la mesa se hayan ausentado en la etapa crítica de tratamiento del proyecto y que hayan optado por viajar a España. Lo cual motivó la principalización de dos asambleístas, que no siguieron de cerca el trámite del documento, pero sin razonamiento consignaron su voto a favor de la tesis del Ejecutivo.

Se ajustaron algunos textos tras el segundo debate, pero se mantuvo la propuesta de incrementar el pago del impuesto a la renta (IR) para las personas naturales que perciban un sueldo superior a los $ 2.600 mensuales, y se determina que pueden hacer una deducción de gastos personales de hasta $ 10.000.

El proyecto también establece una contribución especial única sobre los grandes patrimonios y ciertas sociedades para impulsar la economía nacional tras la pandemia; la restructuración de determinados impuestos, para mejoramiento de la sostenibilidad de las finanzas públicas; y un régimen temporal aplicable a activos en el exterior no declarados.

En medio del forcejeo político, surgieron algunos escenarios frente a la propuesta del Ejecutivo. El primero: aprobar el texto planteado por el legislador ponente y aprobado con seis votos por la Comisión de Desarrollo, pero como estaba concebido no habría el respaldo de los aliados legislativos del Gobierno, la Izquierda Democrática y Pachakutik,; ambos sectores siguieron de cerca las reuniones de la mesa legislativa.

Sus voceros advirtieron que, pese a la aprobación del texto final en la mesa, su posición en el pleno será distinta, porque se mantienen en que la base imponible del IR para las personas debe estar dirigida a las personas que ganen un sueldo superior a los $ 3.500, pero esa posibilidad de ajuste no se incluyó en el informe de la comisión.

Alejandro Jaramillo, coordinador de la ID, ratificó que, si en esta última etapa de trámite no se recogen todas las observaciones de la ciudadanía, su bancada no pondrá sus quince votos.

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En lo que insiste este partido es en establecer que la base imponible del impuesto a la renta sea a partir de las remuneraciones de $ 3.500 mensuales, que no se elimine el impuesto a las herencias y que el impuesto al patrimonio no se incluya a las propiedades de la ruralidad y del sector agrícola.

Si no recogen las propuestas de la bancada naranja, añadió Jaramillo, la opción será el archivo, y aclaró que tampoco apoyarán el informe de minoría que presentó la bancada correísta Unión por la Esperanza, que tendría el respaldo del bloque socialcristiano.

El archivo del proyecto implicaría que el Ejecutivo vuelva a remitir una nueva propuesta, y para ello, el lunes la ID presentaría un documento al Gobierno con todas las observaciones para que el primer mandatario pueda presentar de manera urgente algo que no afecte a la clase media y sector productivo. Han pasado quince días y no se ha llegado a consensos mínimos, y es posible hacerlo en las últimas horas.

El delegado de Pachakutik en la mesa de Desarrollo, Cristian Yucailla, se abstuvo de votar por el texto final del proyecto. Su coideario Mario Ruiz afirmó que el Gobierno lo que busca es pasar el proyecto urgente por ministerio de la ley, y que la estrategia es clara, apuesta a sabotear.

Ruiz manifestó que su bancada no dará los votos para una ley que piensa solo en los amigos, en los panas, pues se plantea la eliminación del impuesto a la renta porque saben que van a heredar millones de dólares, así como aprobar el blanqueo de capitales.

Un poco antes de que se instale la sesión del pleno, PK presentó una moción de archivo del proyecto urgente. La idea era que esta se active si es que el informe de minoría de Unión por la Esperanza (UNES) no se vota.

En tanto, Esteban Torres, coordinador de la bancada del PSC, amenazó con destituir a las autoridades del Legislativo que se presten a que el proyecto urgente pase por ministerio de la ley. “No vamos a permitir que haya un juego, de que se suspendan las sesiones y el texto pase por ministerio de la ley el día de mañana (sábado), este proyecto que tiene el rechazo unánime de asociaciones y gremios”.

Si no existen los votos para el informe de la mesa legislativa, la ley establece que inmediatamente tiene que haber una moción para negar el proyecto y solo con esa moción se abre la posibilidad de tratar un informe de minoría que ha sido presentado.

Jiménez aclaró que no están retrasando nada, sino cumpliendo con el procedimiento, y que siempre hay riesgo de que se archive así como que se apruebe la propuesta, pero lo más importante es que la actitud del Gobierno y de la comisión legislativa ha sido de procesar con seriedad las observaciones presentadas.

Que cada sector político y cada legislador debe tomar una decisión en función de sus propios criterios, y consideró que la posición de Pachakutik no es irreversible.

Su coideario Juan Fernando Flores habló de que la Asamblea tiene hasta el sábado a medianoche para aprobar el proyecto, y que están siempre abiertos a un diálogo que permita una votación consensuada. (I)