El gobierno de Guillermo Lasso asignó un presupuesto de $ 393.895 al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que realice el concurso público para designar al titular de la Contraloría General del Estado.

El 10 de agosto último, el Ministerio de Economía y Finanzas asignó este valor, del que $ 174.129 son para el pago de los salarios de los miembros de la comisión ciudadana de selección, que se encargará de organizar el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar al nuevo contralor para los próximos cinco años.

Consejo Electoral debe tener dos nuevos vocales en noviembre y el concurso para elegirlos no avanza en el CPCCS

Son diez ciudadanos que integrarán esta comisión, de los que cinco serán elegidos de un concurso de méritos; y los otros cinco provendrán de las cinco funciones del Estado.

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Otros $ 219.766 se asignaron para otros requerimientos administrativos para el desarrollo del proceso. Entre estos valores, el CPCCS solicitó $ 100.000 para contratar servicio logístico, bajo el ítem denominado ‘Espectáculos culturales y sociales’, aunque se argumentó que es para “garantizar la transparencia del proceso en cada una de sus etapas”.

La noche de este miércoles, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana aprobó el instructivo al reglamento para el concurso público de selección del contralor, con lo que se podrá convocar a la integración de la veeduría ciudadana.

Este instructivo se aprobó con cuatro votos de los consejeros de mayoría, Ibeth Estupiñán, David Rosero, Javier Dávalos y Mónica Moreira (consejera suplente de Sofía Almeida que está con permiso); y la abstención de los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo.

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Consejo de Participación Ciudadana no tuvo vía libre para elegir un contralor encargado, pero tampoco avanza en designación del titular

Para este jueves, a las 19:00, se convocó a una sesión extraordinaria para aprobar la convocatoria a la conformación de la veeduría; además para los procedimientos de selección de la nueva autoridad de la Defensoría Pública, de los miembros de la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria (Copisa) y de los miembros del Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras. (I)