Dentro de tres meses y diez días, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá contar con dos nuevos vocales, como parte de su renovación parcial, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no ha avanzado en ninguna etapa para realizar el concurso de oposición, méritos e impugnación ciudadana para elegirlos.

De no cumplirse con la elección, cuyo concurso toma entre cinco y seis meses, los consejeros del CPCCS podrían enfrentar un juicio político por incumplir con sus funciones.

Por mandato del artículo 218 de la Constitución, los consejeros electorales estarán seis años en funciones, y se renovará parcialmente cada tres años: dos miembros en la primera ocasión y tres en la segunda.

Concurso de méritos para renovar el CNE, sin avances en el Consejo de Participación Ciudadana

El 20 de noviembre de 2018, la Asamblea Nacional posesionó a los vocales Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Esthela Acero y Luis Verdesoto (renunció en mayo pasado), quienes fueron electos por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Para esta renovación, los dos consejeros que deberán salir serán escogidos mediante un sorteo público.

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Para noviembre del año en curso, debe producirse esta renovación, y el CPCCS no ha aprobado la normativa para su designación, debido a conflictos internos entre sus siete consejeros.

El 18 de junio, el pleno dispuso la integración de una comisión técnica, compuesta por asesores de las siete autoridades, quienes tenían un plazo de quince días para elaborar el reglamento para el concurso.

Sin embargo, 53 días después, la norma no está lista.

El presidente encargado, David Rosero, recién solicitó que el 30 de julio último dicha comisión se reúna de forma presencial, pero no todos los delegados habían podido asistir debido a que se los llamó con 24 horas de anticipación.

Según se conoció, los delegados de los cuatro consejeros de mayoría sí habían asistido, pero no habían aprobado la normativa porque no se cumplió el plazo señalado por el pleno.

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El consejero Francisco Bravo cuestionó en un oficio que se están incumpliendo las resoluciones del pleno, pues desde la presidencia se convocó a dicha reunión “41 días después” de haberse aprobado la disposición.

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Sin embargo, ya estaría listo un proyecto borrador de reglamento que mantiene aspectos como que no podrán participar aquellos que hayan sido directivos de partidos y movimientos políticos en los dos últimos años; quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con pena privativa de libertad o por cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado, concusión, tráfico de influencias, delincuencia organizada, entre otros, relacionadas con actos de corrupción.

También quienes hayan sido cesados por el CPCCS Transitorio; o hayan sido designados vocales del CNE por el Consejo de Participación Ciudadana cesado.

El proceso para elegir a los dos nuevos consejeros electorales lo realizará una comisión ciudadana de selección, quienes también deben pasar por un concurso de méritos e impugnación ciudadana.

Esto toma, según los plazos, alrededor de tres meses, más otros tres meses para la selección de las nuevas autoridades.

En una entrevista semanas atrás, la presidenta Sofía Almeida (que se encuentra con permiso de maternidad) reconoció que no han avanzado en el proceso, pero que les tomaría unos cuatro meses.

El analista electoral Esteban Ron recordó que este concurso debe realizarse por mandato constitucional, porque los consejeros del CNE deben ser renovados cada tres años, y el CPCCS debió hacer un calendario regresivo para organizarlo.

“Al parecer, el Consejo no va a alcanzar a cumplir con este mandato, por más calendario regresivo que se haga, porque tomaría entre cuatro y seis meses tener a las nuevas autoridades, sin tomar en cuenta los recursos que en ocasiones presentan los ciudadanos que se sienten inconformes”, opinó.

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Recordó que el Consejo ciudadano no tiene facultades para disponer una prórroga de los actuales vocales del CNE y podrían incurrir en un incumplimiento de funciones, que tendría como efecto enfrentar un juicio político en la Asamblea Nacional.

Según Ron, los cinco consejeros electorales deberían presentar al CPCCS y al Legislativo su disposición al cargo el 20 de noviembre para evitar acciones legales.

“En el momento que se quedan en un cargo para el que no fueron designados y si no son prorrogados por autoridad competente, estarían utilizando erario del Estado. Los cinco deberían presentar la disposición de su cargo para evitar acciones futuras, como ser acusados de arrogación de funciones; y también por ética”, añadió Ron.

Pero no solo este concurso está en ciernes. El CPCCS aún no convoca a la integración de la veeduría ciudadana para la designación de los nueve miembros de la Conferencia Pluricultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) y del Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras. (I)