Aunque el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, respeta la decisión soberana adoptada por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador de revocar las visas de varios jueces y otras personas que trabajan en el sector de la justicia ecuatoriana, él piensa que esta puede ser una “oportunidad para ratificar la probidad y la transparencia” de jueces y funcionarios judiciales del país.

Saquicela se refirió al tema la mañana de este jueves, luego que en sesión el pleno de la Corte Nacional, la tarde del miércoles último, analizó los pronunciamientos públicos en torno al retiro de visas a jueces nacionales. Quien encabeza el máximo órgano de justicia ordinaria del país aseguró que las generalizaciones no son buenas y por ello se debe denunciar, investigar y sancionar, en el marco del debido proceso, si existiere alguna irregularidad.

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“Somos una justicia abierta, hay probidad, transparencia. No podemos negar que puede haber actos de corrupción. (...) Sin embargo, creo que vale la pena que tengamos una apertura para que si es que hay irregularidades, se pueda depurar al sistema de justicia. Pero reiteramos, no a las generalizaciones, porque esto puede llegar a provocar que sectores interesados en meter la mano a la justicia la quieran desprestigiar y deslegitimar”, apuntó en una entrevista con la cadena Teleamazonas.

El comunicado de inicios de este mes emitido por la Embajada estadounidense en Quito se suma a lo dicho en diciembre pasado por el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre la preocupación de su gobierno por la penetración del narcotráfico en el Ecuador y las fuerzas del orden. Saquicela resaltó que la decisión soberana de Estados Unidos señala claramente que se han retirado visas en ciertos casos y no solo de jueces, sino de funcionarios relacionados con la justicia ecuatoriana, y no se ha generalizado, aunque tampoco ha puntualizado nombres o casos.

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Mediante un comunicado la CNJ señaló que respeta la decisión soberana de retirar la visa a un servidor judicial, pero aclaró que ese retiro por sí solo no constituye una infracción disciplinaria.

“Con esta oportunidad y siendo congruentes con los principios de probidad y transparencia, los jueces del país reiteramos que siempre hemos estado abiertos a que los órganos competentes, en el marco estricto del derecho, investiguen nuestro proceder, y en ese ámbito, nuestras declaraciones patrimoniales están a disposición de la Contraloría”, refirió el pronunciamiento público de la CNJ.

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La Corte Nacional informó que, pese a que el tema del retiro o no de una visa se ubica en la esfera privada de las personas, no se ha “advertido” del retiro o cancelación de una visa a ningún juez o conjuez de ese alto tribunal de justicia.

El miércoles último, el contralor general subrogante, Carlos Riofrío, dispuso que se inicie un proceso de examinación a las declaraciones patrimoniales de jueces. El examen empezaría luego de una evaluación preliminar en la que se determinará el periodo por examinar, el alcance, la nómina de jueces y, de ser el caso, servidores de la Función Judicial, que serían auditados con base en las declaraciones presentadas ante la Contraloría.

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Saquicela es partidario de que se puntualicen los casos en los que existan irregularidades, actos de corrupción o retiro de visas, pues generalizar desprestigia a un sistema de justicia, lo deslegitima y pone en riesgo la institucionalidad y la democracia de un país.

“Todos los jueces del país en el marco del propio derecho, de un debido proceso, debemos tener total apertura a que se investigue. Eso nos hace bien, precisamente porque con ello se evitan las generalizaciones y con ello se evita que pueda aprovecharse una situación, que no es justa para todos los funcionarios judiciales, y con ello se desprestigia”, concluyó Saquicela.

Los integrantes de la CNJ recordaron que cuando con fundamentos se observa una incorrección en la tramitación de una causa, se generan declaraciones jurisdiccionales previas de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, para que sea el Consejo de la Judicatura quien inicie el correspondiente sumario disciplinario. Esto permite, se indicó, un proceso de depuración interna, en caso de actuaciones al margen del derecho.

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A inicios de esta semana el CJ solicitó la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores para que, como órgano ejecutor de la política exterior, realice el contacto respectivo con la Embajada de Estados Unidos, para el intercambio de información en cooperación mutua con el fin de verificar si estos servidores ya han sido destituidos o siguen en sus funciones.

Además se anunció que, con base en el art. 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, la Dirección Nacional de Transparencia del CJ requerirá a todos los jueces y juezas que informen de manera oficial si sus visas a EE. UU. han sido revocadas. (I)