La inmovilización de cuentas bancarias a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, así como a dirigentes sociales, obstaculiza el desarrollo de proyectos que estos grupos llevan adelante.
La medida se adoptó en el contexto del paro nacional en contra de más de cincuenta dirigentes y organizaciones, y continúa vigente, pese al cese de las protestas hace más de una semana.
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La Alianza Ceibos —que agrupa a cuatro nacionalidades de la Amazonía—, el colectivo ambientalista Yasunidos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), así como abogados y dirigentes sociales, han alertado de los efectos de esta disposición, que aparentemente se aplicó en atención a la Ley de Transparencia Social.
El artículo 17.3 de esta normativa, que tiene por objeto establecer el marco jurídico para promover la transparencia en las organizaciones sociales sin fines de lucro, establece lo siguiente: “Cuando la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con base en un reporte de operaciones sospechosas, alerta temprana, denuncia, información del Sistema Nacional de Inteligencia o inteligencia propia, identifique indicios objetivos, graves y verificables que evidencien una operación sospechosa o vinculada a posibles delitos financieros, podrá disponer de manera inmediata la inmovilización cautelar de fondos en el Sistema Financiero Nacional”.
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La Alianza Ceibos, por ejemplo, denunció el congelamiento arbitrario de sus cuentas bancarias sin notificación ni justificación previa.
Esta medida, alertó la organización, ha impedido el pago de honorarios de sus trabajadores, obligaciones legales y tributarias, y a sus proveedores, así como ha limitado el desarrollo de su labor de acompañamiento, fortalecimiento y trabajo comunitario, afectando la vida de centenares de familias.
“La inmovilización de nuestras cuentas en el sistema bancario nos genera graves preocupaciones no solo por la falta de debida notificación, sino también por los obstáculos para el ejercicio de nuestro derecho a la defensa y por desconocer los motivos que tiene la UAFE para sustentar esta medida, que afecta gravemente a nuestras actividades legales y legítimas”, dijo la alianza a EL UNIVERSO.
Dos dirigentes del colectivo Yasunidos, Pedro Bermeo y David Fajardo, también tienen sus cuentas bancarias bloqueadas.
Bermeo alertó de que esta medida se tomó sin un aviso previo y sin una orden judicial, desde el 28 de septiembre, lo que ha derivado en el impedimento de retirar dinero en efectivo, hacer transferencias y cumplir con sus obligaciones financieras y las del colectivo.
A la vez, Bermeo también observó que el reglamento a la Ley de Transparencia prohíbe a las organizaciones sociales o fundaciones desarrollar acciones que busquen paralizar las actividades mineras legales en el país, lo cual —dijo— vulnera los derechos de participación y derechos colectivos de las organizaciones sociales.
En tanto que Yaku Pérez, dirigente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), también alertó de que esta inmovilización de fondos se ha implementado en dirigentes de comunidades de esta provincia, como Lizardo Zhagüi, presidente de la Junta de Agua de Tarqui, quien tiene una tienda de barrio. El congelamiento, comentó Pérez, ha impedido que los comuneros puedan retirar dinero, cobrar bonos y pagar servicios básicos.
El dirigente y excandidato presidencial también examinó aspectos de la Ley de Transparencia y dijo que, entre otras cosas, la normativa va en contra del derecho a la asociación, a la protesta y a la reunión, afectando a las organizaciones sociales.
“Con la aplicación de esta ley va a haber un choque de trenes entre el Estado y las comunidades que saldrán a protestar en contra de la minería ilegal”, dijo Yaku Pérez.
Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Conaie, cuyas cuentas de sus dirigentes también fueron inmovilizadas, sostuvo que esta medida tiene como objetivo perseguir la lucha social y se constituye como “una clara persecución y hostigamiento a los líderes, dirigentes y organizaciones sociales que rechazan el autoritarismo y la dictadura”.
La dirigente puntualizó que, de existir evidencias de enriquecimiento ilícito, “lo más sensato es que se presente la denuncia ante la Fiscalía”.
Por su parte, el abogado Carlos Poveda, quien ha trabajado con organizaciones y líderes indígenas, como Leonidas Iza, expresidente de la Conaie, comentó que dos de sus cuentas fueron inmovilizadas con base en un informe reservado de inteligencia que pasó a la UAFE y luego a la Superintendencia de Bancos.
El jurista repasó que el congelamiento de sus cuentas financieras ha impedido la compra de sus medicamentos, ya que padece de diabetes, el pago de seguros privados, de tarjetas de crédito, el pago a las personas que trabajan con él, el impedimento para hacer transferencias y retirar dinero, así como el escarnio público que ha sufrido.
“Se dispusieron esas medidas sin ningún tipo de derecho a la defensa. Yo conocí por las redes sociales sobre la inmovilización de mis cuentas. Ni los bancos me notificaron”, subrayó.
El jurista también enfrenta una investigación en su contra por presunto enriquecimiento privado no justificado. Frente a estas acciones, Carlos Poveda solicitó a la justicia la revisión del congelamiento de sus cuentas.
Los actores sociales coincidieron en que esta inmovilización de cuentas tiene un patrón, como el hecho de que se sustentan en un informe reservado de la UAFE, la falta de notificación previa y la extensión de más de ocho días, sin un pronunciamiento de jueces de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, como lo establece la Ley de Transparencia.
Seis demandas de inconstitucionalidad
En contra de esta normativa se han presentado, hasta el 29 de octubre, seis demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Organizaciones como la Conaie, Acción Ecológica, Fundamedios, la Alianza por los Derechos Humanos, colectivos de mujeres y más solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de la norma.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, por ejemplo, envió un escrito al juez constitucional Raúl Llasag pidiendo como medida cautelar que se levante la inmovilización de sus cuentas bancarias mientras se tramita su demanda en la CC.
Asimismo, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Gary Espinoza, presentó un amicus curiae dentro de estas demandas por la inmovilización de sus cuentas sin una orden judicial.
En el escrito, Espinoza dice que esta acción se adoptó como “represalia por su rol de dirigente social en el paro nacional”, afectando la totalidad de sus recursos, impidiendo cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud y subsistencia, incluso la adquisición de sus medicamentos diarios para tratar la diabetes. (I)