Función Electoral entrará en una fase poselectoral tras comicios nacionales

Después de la posesión del próximo presidente de la República, prevista para el 24 de mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) entrarán en la fase poselectoral de las elecciones nacionales, que terminará el 31 de diciembre.

El Código de la Democracia definió en una de sus disposiciones que el periodo electoral es el “ciclo que integra todas las actividades y operaciones que se desarrollan de manera ordenada, durante un lapso de tiempo dentro de las etapas preelectoral, electoral propiamente y poselectoral”.

La preelectoral incluyó la aprobación de planes operativos, presupuesto ordinario y electoral, actualización y cierre del registro electoral e inscripción de organizaciones políticas.

La electoral (en la que se encuentra ahora la Función Electoral) inicia con la convocatoria a elecciones y se extiende hasta la fecha de posesión de las autoridades. Esta posesión será el 14 de mayo de los asambleístas y parlamentarios andinos electos el 7 de febrero y el presidente y vicepresidente de la República, el 24 de mayo.

Previamente, el CNE está entregando las credenciales a los dignatarios electos del 7 de febrero. Esta actividad culminará el 20 de mayo, con el binomio presidencial electo.

La poselectoral se refiere a todas las actividades posteriores a la posesión de las autoridades electas, como es la revisión del incumplimiento de la presentación de las cuentas de la campaña hasta la finalización del periodo electoral que no podrá superar el año fiscal.

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Esta última etapa, según el calendario, va desde el 8 de febrero hasta el 7 de junio, con la presentación de las cuentas de los comicios del 7 de febrero.

Y de la segunda vuelta del 11 de abril, que se inició el 12 de abril hasta el 31 de diciembre.

Estos plazos se deben a que el Tribunal Contencioso debe resolver las infracciones electorales que se denuncien en el marco de la campaña y el incumplimiento de la presentación de los informes de cuentas del gasto electoral, que corresponde a los ingresos privados que usaron los candidatos y grupos políticos para la promoción de sus propuestas.

No obstante, el organismo jurisdiccional aún tiene pendiente el trámite de 55 causas, sobre incumplimiento de las cuentas de campaña de las elecciones seccionales del 2019.

El consejero Luis Verdesoto -que ayer anunció la renuncia a su cargo- va más allá respecto de cumplir con esta actividad y cree que el CNE deberá evaluar la organización de las dos jornadas de votaciones, y el ‘mensaje’ que dio el electorado en el voto nulo y el ausentismo.

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“Hay que evaluar el mensaje, el contenido. Es relevante y no debe escabullirse un análisis del voto nulo, porque tiene una relevancia y presencia territorial precisa. Y tenemos que evaluar con firmeza sobre el ausentismo, porque hay una irregularidad grande en el país. Estos dos mensajes se deberán evaluar en el corto plazo”, manifestó.

El voto nulo que se registró en la segunda vuelta ha sido uno de los más altos de los últimos 42 años, de acuerdo con estadísticas del CNE.

En elecciones presidenciales, el porcentaje más alto se dio en el 2006, en la primera vuelta entre Rafael Correa y Álvaro Noboa, con el 11,8%.

Fue similar en una segunda vuelta entre Rodrigo Borja y Abdalá Bucaram, que tuvo 11,2%.

Y el porcentaje más bajo de 5,9% se observó en la primera vuelta de 1978, entre los dos candidatos presidenciales, Jaime Roldós y Sixto Durán-Ballén.

En la segunda vuelta del 11 de abril, este valor ascendió al 16,26%.

En tanto, el ausentismo alcanzó el 17,35% en esta última elección.

Según datos del Consejo, en un periodo que va del 2004 al 2017, el promedio de ausentismo fue del 23,5%.

En el 2004 se registró el porcentaje más alto con el 29,2%; y, el más bajo, en el 2014 y 2017, con el 16,8%.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, enfatizó en que les corresponde analizar “los motivos y circunstancias” del voto nulo y del ausentismo, “para dejar muy claro el hecho de que nadie puede atribuirse este derecho”.

Finalmente, el CNE estará abocado también a enfrentar las acciones de control, tanto de la Contraloría como de la Fiscalía del Estado.

La Contraloría suspendió la vigencia de plazos para realizar auditorías a este organismo hasta que concluya el proceso electoral.

Estos se reactivarán luego de la proclamación de resultados y uno de esos procesos está relacionado con el inicio de una predeterminación de destitución a los consejeros José Cabrera, Diana Atamaint y Esthela Acero, por no aplicar las recomendaciones de una auditoría de agosto del 2019, en la que se concluía eliminar a cuatro organizaciones políticas por no alcanzar el número de firmas para obtener su personería jurídica y constar en el Registro de Organizaciones Políticas.

Asimismo, se prevé iniciar una auditoría al sistema informático de proclamación de resultados, por pedido del excandidato presidencial de Pachakutik (PK) Yaku Pérez, quien denunció que se habría fraguado un “fraude electoral” en perjuicio de su candidatura.

Pérez denunció el hecho a la Fiscalía, que tiene abierta una investigación previa y por la que el Consejo le ha entregado información. (I)