Plan de gobierno del aspirante presidencial de Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz. Página 13, punto 89: “Formar una Comisión de la Verdad con parámetros internacionales para evaluar y hacer justicia frente a la violación de la Constitución y los derechos humanos, con especial atención a las arbitrariedades del ‘trujillato’”.

Esta fue una de las principales ofertas de la campaña del correísmo en el 2021. Y aunque no ganaron las elecciones, este sector político insiste en hacerla realidad a través de negociaciones con el gobierno de Guillermo Lasso que estarían atadas a sus votos en la Asamblea Nacional.

Ya lo intentaron en mayo del año pasado, cuando se entablaron diálogos con la alianza CREO-PSC que llevó al poder a Lasso. El legislador de UNES y exabogado del expresidente Rafael Correa, Fausto Jarrín, recuerda que el tema se planteó en una reunión que este tuvo, de manera virtual, con Lasso y el líder socialcristiano Jaime Nebot, para armar una mayoría que designe a las autoridades en el primer tramo del periodo legislativo.

“Este es un planteamiento que hicimos desde el día uno al Gobierno. Esa reunión fue conocida por todo el país; estuvimos planificando la posibilidad de que existan niveles mínimos de gobernabilidad, viabilidad política, y a la que Lasso le dio la espalda cuando movió su bancada a apoyar la presidencia de Guadalupe Llori… Y es algo que pediremos siempre porque creemos que mientras esos procesos viciados, con pruebas forjadas, sigan manchando la honra y dignidad de las personas no habrá paz ni justicia en el país”, dice Jarrín.

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Pero a Lasso esta idea no lo convenció, según reveló el pasado 12 de abril, en el espacio gubernamental de entrevistas en el que participa cada martes. “Eso creo que quedó perfectamente claro que fue el motivo por el cual CREO dijo: ‘No, un momento, no estamos de acuerdo con comisiones de la verdad ni estamos de acuerdo con perseguir a las autoridades como el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la fiscal general, el procurador, la búsqueda de un contralor a la medida’. Eso no podía ser posible. Esas son las razones por las que dije: ‘Esto no va más porque va en perjuicio del interés público’”, señaló el mandatario al negar que haya algún acuerdo reciente con el correísmo para permitir que el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado en casos de corrupción, haya salido en libertad gracias a un habeas corpus.

En una entrevista con este Diario, Rafael Lucero, exjefe de la bancada de Pachakutik, afirmó que los correístas reactivaron recientemente el tema con ocasión de la crisis interna que vive la Asamblea. Que presionaron a Llori para que acceda a crear la citada Comisión de la Verdad y que como ella les dijo que no se las dará ahora buscan su destitución.

Algo que Jarrín niega. “No hemos insistido en la Asamblea de ninguna manera, Lucero es un mentiroso, lo que dijo es falso”. Aunque “cada vez que se nos ha invitado a diálogos oficiales se ha dejado en claro que una de las posturas y luchas de nuestro movimiento es esa comisión, quizás eso ha motivado que ya no nos inviten a dialogar, porque hay gente que le tiene miedo a la verdad”, reiteró.

¿Pero qué características tendría esta Comisión de la Verdad que quieren los correístas? Jarrín explica que esta debería ser generada con el apoyo de organismos internacionales de derechos humanos, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), con una reglamentación que defina claramente sus competencias y potestades; y el nivel de obligatoriedad que sus decisiones tengan para el Estado o el camino que estas seguirán para ser judicializadas.

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Este tipo de cuerpos colegiados pueden crearse por dos vías principalmente, agrega el legislador correísta: por voluntad del Ejecutivo o por consultas populares. “Ocasionalmente puede nacer de los parlamentos, pero eso es más complejo porque la ONU considera que el nivel de politización de comisiones desde el Legislativo es alto, las conclusiones suelen ser más políticas que jurídicas”.

Jarrín dice que, por ahora, ninguna de las opciones es viable ya que Lasso no tiene la intención de crear la Comisión y que tampoco existen las condiciones para impulsar una recolección de firmas de respaldo a una consulta porque las autoridades “buscarán la forma de negárnosla”. En todo caso, agrega, “esta es una carrera de resistencia, no de rapidez”.

Para el asambleísta, la Comisión de la Verdad tendría que empezar revisando decisiones de lo que UNES llama “trujillato”, es decir, el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, presidido por el ahora fallecido jurista Julio César Trujillo, que se conformó por mandato de una consulta popular y al que se le encargó la evaluación y renovación de las autoridades de los entes de control. “Por ejemplo, debería revisarse la consulta sin dictamen de constitucionalidad hecha vía decreto, que facilitó el ‘trujillato’; luego, la condición supraconstitucional que se otorgó el señor Trujillo y quienes lo acompañaron para blindar cargos con nombres y apellidos como el caso de Pablo Celi (en la Contraloría)…”.

Y, por supuesto, temas de justicia penal, señala. “No necesariamente con exclusividad de casos o nombres (relacionados con el Movimiento Revolución Ciudadana), pero sí se podría hacer un análisis de lo que significó tener un año fiscales encargados, me refiero a Paúl Pérez Reyna y Ruth Palacios. ¿Con qué legitimidad juzgaron por un año a los ciudadanos esos fiscales producto de una resolución de un Consejo espurio?”, agrega.

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Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), señala que no hay que confundir las comisiones de la verdad que se crean localmente con participación ciudadana como apoyo para investigar violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad (desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otros) con las internacionales que surgen como alternativas de combate a la corrupción.

Monge, quien presidió la Comisión de la Verdad creada por el mismo Correa para indagar las supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas en el país entre 1984 y 2008, señala que las primeras realizan investigaciones que luego pasan a la Función Judicial para que procese la información, inicie los respectivos juicios y se establezcan sanciones.

La Comisión que ella lideró entregó información documentada de 110 casos; lamenta que solo unos 10 hayan sido judicializados. El resto sigue en indagación fiscal.

Las segundas, explica ella, son espacios distintos integrados por expertos internacionales que se ponen de acuerdo con los Gobiernos respecto del alcance de la sanción de los delitos que se investiguen. Un caso cercano, recuerda, es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), avalada por la ONU.

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“Un elemento importante en ambos casos es que deben funcionar con autonomía e independencia, no obedeciendo a intereses políticos... Pero en este caso el trasfondo son disputas partidarias para controlar el poder, lo cual desvirtúa el objetivo de una Comisión de la Verdad”, opina la activista.

Para el exministro de Gobierno Vladimiro Álvarez, crear una Comisión de la Verdad internacional podría ser bien visto si es que realmente hay en ella personas “independientes, honestas, valientes, que puedan enfrentar cualquier tipo de intimidación o tentación”.

“Sería positivo porque el pueblo ecuatoriano quiere que se descubra la verdad sobre una serie de hechos de corrupción, que se establezca a los responsables, que se los juzgue de acuerdo a los procedimientos legales y que cumplan sus condenas. Que no haya impunidad”, dice el experto, quien señala que los órganos de justicia locales han quedado en entredicho luego de revelaciones de presunta corrupción realizadas por el Gobierno de Estados Unidos, el cual incluso retiró visados a algunos jueces y altos mandos policiales.

Pero lo importante, reflexiona el jurista, es conocer cuál es la verdad que quieren desentrañar. Y agrega: “Es importantísimo recordar que la verdad se la busca hasta que se la encuentra o lo que se está buscando no es la verdad”. (I)