Trece días después de que la Fiscalía formuló cargos por el delito de cohecho contra el ex ministro de Energía Xavier Vera Grunauer, y el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, abrió una instrucción fiscal de 90 días, la fiscal general Diana Salazar busca vincular a otra persona a la causa. Para las 17:00 de este lunes 29 de mayo está definida la audiencia de vinculación solicitada.

No se conoce aún el nombre de la persona que sería vinculada, pero lo seguro es que la Fiscalía tendría elementos para presumir que sobre quien existen sospechas está relacionada con la entrega y recepción de dineros indebidos a cambio de beneficios personales dentro de la administración pública y en los que el exministro de Energía habría participado en el grado de autor directo.

Según la fiscal Salazar, el 12 de mayo de 2022, Alfonso Zamora ingresó a trabajar en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, en el cargo de coordinador zonal, pero dicho puesto lo habría obtenido por la entrega de $ 150.000.

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En el relato de la Fiscalía se explicó que el dinero fue requerido en un primer momento por Armando Robalino, alias el Chavo, y Alan Velasco, quien se habría presentado como asesor del entonces ministro Vera Grunauer. Después, supuestamente, habría sido directamente el propio ministro de Energía quien solicitó la entrega de lo ofrecido en su vivienda ubicada en Samborondón, provincia del Guayas.

Así se habría reafirmado el pago de los $ 150.000 a cambio del cargo de coordinador zonal de la Agencia de Regulación y Control e incluso, se resaltó, le habrían brindado a Alfonso Zamora la posibilidad de escoger entre la coordinación de Imbabura o Azuay y que la “dádiva” la podría pagar en partes.

“Como consecuencia de dichos planteamientos el dinero fue entregado por Zamora en efectivo y en distintos lugares como Guayaquil, Machala y Quito, en manos de asesores externos enviados por el exministro Xavier Vera. Una vez en el cargo, a Zamora se le pedía actuar conforme a las instrucciones de estos enviados del señor ministro en beneficio a sus intereses particulares y de su grupo. Posteriormente, el 9 de agosto de 2022 fue designado como coordinador zonal de Azuay, en donde permaneció hasta el 21 de septiembre del 2022, pues fue removido de su cargo, lo que provocó su reclamo, el que fue evidenciado y difundido en redes sociales con la publicación de varios audios”, anotó Salazar.

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La versión de Zamora fue uno de los 27 elementos que presentó la Fiscalía para fundamentar la teoría del caso. También se expusieron las versiones de otros funcionarios públicos y privados que aseguran haber visto o escuchado de la entrega de dinero por cargos, informes periciales realizados a equipos incautados en los varios allanamientos realizados, así como oficios con información sobre los cargos públicos que ocuparon la víctima, el denunciado, entre otros.

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La defensa del ingeniero civil de 50 años, Carlos Sánchez, piensa que no basta que una persona afirme algo para que esto sea cierto. Él cree que todo lo que se diga tiene que ser probado, dimensionado con la prueba documental, pericial. “Hay una cuestión muy cierta en materia que tiene relación con el dinero. El dinero es muy difícil de esconder. Sí Xavier Vera recibió $ 150.000, según dice uno de los testigos, y por otro lado refieren otro valor, pues este dinero no existe en ningún lado dentro del proceso y la Fiscalía tendrá que hacer el esfuerzo para probar lo que afirma”.

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Xavier Vera Grunauer fue ingresado inmediatamente en el Centro de Privación de la Libertad zonal número 8, en Guayaquil, pues el juez Rivera acogió el pedido de Fiscalía y ordenó prisión preventiva contra el exfuncionario del Gobierno de Guillermo Lasso. Ahora está a la espera de que se defina una audiencia para argumentar la apelación a la medida cautelar de prisión preventiva que planteó ante la Corte Nacional.

Contra el exministro se ordenó se le retengan las cuentas de ahorros, póliza e inversiones que mantenga en el sistema financiero local en las provincias de Guayas, Santa Elena y Pichincha, así como la prohibición de enajenar los bienes de su propiedad. Ambas prohibiciones están dadas hasta por un máximo de $ 160.000.

Con la vinculación, a los 90 días iniciales de instrucción fiscal se le sumarán otros 30 días. En total, son 120 días o cuatro meses los que tendrá la Fiscalía para recolectar los elementos necesarios que le permitan solicitar una audiencia para emitir un dictamen acusatorio contra los dos procesados. (I)