La Fiscalía General del Estado abrió, la tarde del jueves último, una investigación previa por el delito de terrorismo para así analizar hechos dados en el contexto del paro nacional convocado por el movimiento indígena y que hoy 24 de junio cumple doce días de vigencia.

La decisión de Fiscalía llegó un día después de que el asambleísta independiente Fernando Villavicencio solicitó a la fiscal general Diana Salazar realice las acciones pertinentes para “determinar quiénes son los que financian los actos vandálicos de las protestas de junio del 2022 e instigan el cometimiento de actos delictivos que se alejan totalmente de una protesta social legítima”

Villavicencio en su cuenta de Twitter escribía: “Está en manos de la Fiscalía la denuncia penal por rebelión y terrorismo generados durante el paro. Se debe investigar a personas vinculadas a estructuras criminales, asambleístas, actores sociales y políticos que financiaron el paro y organizaron el fallido golpe”.

En un de los primeros impulsos fiscales del expediente se explica que Villavicencio como asambleísta pone en consideración de la Fiscalía que es de conocimiento público el caos que se ha generado en varias provincias del Ecuador, “desmanes ocasionados por vándalos y delincuentes armados, que se escudan bajo la protesta social y el derecho a la Resistencia contemplado en la Constitución”.

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Fernando Villavicencio presentó una denuncia en Fiscalía por rebelión y terrorismo por paro nacional

Además, se indica en el impulso, que en la denuncia se pone en contexto hechos que merecen ser investigados y sancionados sus autores y cómplices, “toda vez que se ha puesto en peligro la vida de muchas personas, destrucción de edificaciones, bienes públicos y privados”.

Entre esos hechos descritos está la captura de Leandro Norero, mediante la Operación Dignidad 354 de la Policía Nacional, acusado del delito de lavado de activos producto del narcotráfico; la exhibición a la ciudadanía de una foto en una piscina en Miami, Estados Unidos, del asambleísta Ronny Aleaga y el buscado por la justicia ecuatoriana Xavier Jordán.

Para quien alerta de las irregularidades, ambos hechos han sido detonantes para que estos grupos delictivos reaccionen contra la institucionalidad y seguridad del Estado, consecuentemente contra el estatus jurídico democrático consagrado en el Ecuador.

El artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, indica respecto al terrorismo que la persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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Ante la “amenaza a la democracia ecuatoriana”, se recoge en el impulso, se pide que se considere muy en serio las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Lara, el 21 de junio último.

En el impulso se reproduce partes de esa intervención en las que dice: “La democracia del Ecuador está en serio riesgo, ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de ecuatorianos y las acciones de grupos violentos cuyo único objetivo es crear el pánico, agrediendo y extorsionando a las empresas, a las instituciones y a las autoridades (...) Existe un hecho aún más grave. Estas acciones coinciden con el brutal ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado ... Se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones”.

Guillermo Lasso anuncia que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender el orden público y la democracia

El paro nacional convocado por el movimiento indígena se dio para presionar al gobierno de Guillermo Lasso el cumplimiento de diez demandas. Inicialmente los enfrentamientos se dieron en provincias ubicadas al norte y sur de Pichincha, pero desde el lunes último los enfrentamientos y los destrozos se centraron en calles del centro-norte de Quito.

Hasta el momento se han registrado ataques a edificios públicos en donde se ubican la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Flagrancia, la Contraloría General del Estado e incluso se intentó ingresar a la Asamblea Nacional.

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Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, con corte al mediodía del 23 de junio pasado, dentro del paro nacional se habrían determinado 49 incidentes de vulneraciones de derechos humanos, tres fallecidos, 92 heridos, 94 detenciones y cuatro desaparecidos.

En cambio la Policía Nacional registra 169 policías heridos, 28 policías retenidos y ya liberados, 3.498 eventos de alteración pública, 121 personas aprehendidas, 23 denuncias presentadas, cinco UPC destruidas y once vehículos destruidos, entre otros daños a bienes materiales de la institución. (I)