El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) debatirá un borrador de reforma al reglamento para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado, que podría quitar la prohibición a postularse a los abogados que hayan patrocinado a clientes procesados por 36 delitos penales.
Para las 14:00 de este 20 de junio está prevista la instalación de una sesión extraordinaria de los siete vocales del CPCCS, para tratar un proyecto de reformas al reglamento para la elección de la primera autoridad de la Fiscalía General que se aprobaron en septiembre del 2024.
Los cambios podrían abarcar temas sobre la calificación de méritos, la acción afirmativa y puntuación de distinciones académicas.
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Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, pidió al CPCCS que analice cambios al reglamento porque podría contener artículos que entorpecerían su desarrollo, pues los potenciales postulantes o terceros interesados recurrirían a las acciones de protección.
Una de esas disposiciones es el numeral 21 del artículo 22, respecto de las prohibiciones para candidatizarse.
Entre los requisitos para participar en el concurso, se debe ser ecuatoriano; estar en goce de los derechos de participación política; tener título de abogado, legalmente reconocido en el país, y conocimientos en gestión administrativa; y, haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso mínimo de diez años.
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Articulado a esto, los consejeros decidieron que estará prohibido participar a aquellos abogados que hayan defendido a personas procesadas por 36 delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), entre los que están narcotráfico, trata de personas, terrorismo, delincuencia organizada, asesinatos, secuestros.
La reforma —que se había discutido en mesas técnicas entre asesores y consejeros— plantea eliminar este numeral.
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Al mismo tiempo modifica el numeral 19 del mismo artículo 22, en el que se detallan los tipos penales por los que una persona que esté procesada no podrá postularse.
La propuesta es prohibir la postulación de quienes se encuentren en condición de procesados, llamados a juicio por 47 delitos; además de aquellos delitos contra la administración pública, los relacionados con corrupción y crimen organizado. Incluso aquellos que se incluyan una vez vigente este reglamento o que se tipifiquen en las leyes.
En cuanto a la acción afirmativa, también podría haber reformas.
Desde el gobierno de Rafael Correa, cuando se constituyó el CPCCS, en los concursos públicos para elegir a las autoridades se incorporó el conceder puntos por autoidentificarse como afroecuatoriano, montuvio, indígena; pertenecer a un quintil de pobreza; haber vivido en el exterior.
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Se propone que, por ejemplo, para confirmar que una persona se identifica de un pueblo o nacionalidad, presentará un certificado de al menos dos años antes de la fecha de la convocatoria.
El concurso público de méritos, oposición e impugnación para elegir a un fiscal general lo realiza una comisión ciudadana, compuesta por diez personas, de las que cinco se eligen, también, por concurso de méritos.
El presidente del Consejo, Andrés Fantoni, ofreció que integraría este cuerpo colegiado en 30 días, pero hasta la actualidad, ello no ocurrió.
Incluso, el pleno aprobó una resolución para que el área jurídica elabore, en dos días, un documento que reduzca los plazos para integrar dicha comisión en un mes.
La disposición se dio el 25 de mayo y casi un mes después no se volvió a discutir.
Las declaraciones de Fantoni se dieron luego que la exfiscal general Diana Salazar decidió terminar su periodo de seis años pese a que había aceptado mantenerse en funciones prorrogadas hasta que se elija a su reemplazo.
El periodo de Salazar se acabó el 8 de abril de 2025, pero el CPCCS no hizo el proceso. (I)
