Consejo de Participación se activa para elegir fiscal general con una regla: abogados que defendieron a sospechosos por 36 delitos no participarán

La dirección de Andrés Fantoni en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) busca los mecanismos para acelerar los procesos administrativos y conformar una comisión ciudadana en 30 días y llamar al concurso para elegir un nuevo fiscal general del Estado con un reglamento que incomoda al gremio de abogados en libre ejercicio, porque impediría su derecho de participación.

Con la renuncia sorpresiva de Diana Salazar Méndez a seguir en la Fiscalía General del Estado, que la formalizó este 20 de mayo de 2025, el Consejo de Participación Ciudadana activó los procedimientos administrativos para organizar el concurso público para elegir a su reemplazo.

Su urgencia se da pese a que el 8 de abril de 2025 concluyó el periodo de seis años para el que fue electa Salazar en el 2019 y, debido a que el CPCCS no escogió a su sucesor con anticipación, se mantuvo en funciones prorrogadas los casi dos últimos meses.

Mientras tanto, asumirá Wilson Toainga Toainga, quien era el fiscal subrogante y que también se encuentra en funciones prorrogadas, pues fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana de transición en el 2019, junto con la exfiscal.

Para designar a un fiscal general, el CPCCS debe cumplir dos momentos: hacer un concurso público para integrar una comisión ciudadana de selección de diez personas —cinco electos por la ciudadanía y cinco representantes de las funciones del Estado—.

Esta comisión ciudadana organizará el concurso del que saldrá el mejor puntuado para ocupar la Fiscalía.

En una sesión de este 21 de mayo, el pleno del CPCCS designó a sus delegados para integrar un equipo técnico, que dará apoyo logístico, técnico y demás, para la conformación de la comisión.

Según Andrés Fantoni, esa comisión se integrará en “30 días”, aunque el reglamento que se aprobó días atrás contempla plazos de 60 días y una prórroga de 30 días.

Por lo que estaría buscando alternativas para agilizar los procedimientos de contratación y acortar plazos.

Una vez que esté listo se llamará al proceso de selección del fiscal que tiene cinco fases: de convocatoria y postulación; de admisibilidad y reconsideración; de calificación de méritos y recalificación; de escrutinio público e impugnación ciudadana; y, de oposición y recalificación.

Finalmente, la designación que la hace el pleno del CPCCS con base en el informe que entregue esta comisión ciudadana.

El reglamento para la elección se aprobó el 30 de septiembre de 2024, y por él votaron los exconsejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos, procesados por presunta asociación ilícita en el caso Liga2.

La norma tiene el artículo 22, en el que prohíbe participar a quienes en los últimos diez años hayan ejercido el patrocinio judicial como defensor técnico particular de personas que estén vinculadas en 36 tipos de delitos.

Entre estos, terrorismo; financiación del terrorismo; delincuencia organizada; narcotráfico; genocidio; etnocidio; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; desaparición forzada; ejecución extrajudicial; persecución; delitos de lesa humanidad; trata de personas; tráfico de órganos; entre otros más.

Durante la elaboración del proyecto, la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y otros juristas en el libre ejercicio hicieron un llamado al Consejo a que se modifiquen este y otros aspectos.

El presidente de la Federación, Paúl Ocaña, admitió que les preocupan las limitaciones que se pueden imponer a sus colegas en el libre ejercicio, por lo que espera que el pleno del CPCCS, que cuenta con nuevos consejeros tras la salida de Verduga y Saltos, pueda plantear cambios.

“Este reglamento dejaría fuera a los abogados que están en el libre ejercicio profesional, porque para ser fiscal se requiere de un experto en materia penal. Y muchos de los abogados que pueden acreditar ese perfil habrán tomado, en algún momento, un caso relacionado con los que cita el reglamento”, indicó Ocaña.

Esto, a su criterio, podría violentar el derecho de participación y, en paralelo, quienes se sientan afectados recurrirán a las acciones de protección en la justicia ordinaria, que dilatará los tiempos.

“El Consejo de Participación no debería limitar ese derecho y dejar participar a todos, porque ahí lo importante es que habrá una comisión ciudadana que hará el concurso y las veedurías y observatorios que ayudarán a la transparencia y publicidad del proceso”, opinó.

Por su parte, el presidente Fantoni, en declaraciones para radio Quito, dijo que esta normativa se discutió en su profundidad y que se lo “blindó demasiado”, lo que provocó la “queja” de colegios de abogados.

Hay cosas que se pueden mejorar, pero “no está previsto” que se discutan modificaciones, agregó.

“Es un reglamento muy fuerte, muy alto, tiene un blindaje riguroso. No tendría problema en revisarlo. (…) Pero estamos cooptados por grupos delictivos y no es menor que quieran insertarse en este proceso. Eso es lo que hicimos: blindar. Hacer un documento fuerte en el que no se puedan infiltrar”, explicó Fantoni.

Como requisito constitucional para quienes aspiren a ser fiscal está ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos; además, tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país y conocimientos en gestión administrativa; haber ejercido con idoneidad y probidad notorias la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de diez años.

Se prevé que el concurso de selección tome unos ocho meses y el fiscal electo estará en sus funciones por seis años. (I)