La Fiscalía General abrió una investigación previa en contra de cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por un presunto delito de acción pública, debido a la destitución del exconsejero del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo.

La fiscal Diana Salazar solicitó al CPCCS para que, en un plazo de cinco días, le remitan las copias certificadas de la designación de los consejeros Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Sofía Almeida, quienes votaron por destituir a Murillo de la vocalía del Consejo de la Judicatura, el 23 de abril pasado.

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Además, la Fiscalía solicitó el informe jurídico interno elaborado por la coordinación jurídica de la institución y las resoluciones con las que fundamentaron la decisión de destitución.

La investigación se abrió a inicios de mayo, tras una denuncia interpuesta por Murillo, y estará a cargo de la Unidad de Fuero de Corte, porque los vocales son autoridades de Estado.

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El 23 de abril, con el voto de una mayoría de consejeros, Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Javier Dávalos, removieron a Murillo de su cargo por reportar una inhabilidad para ejercer cargo público, que le fue notificada por el Ministerio del Trabajo el 20 de abril.

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Los vocales Hernán Ulloa y Francisco Bravo votaron en contra; David Rosero se abstuvo.

El Ministerio del Trabajo notificó al CPCCS que existía un reporte de que Murillo estaba impedido para ejercer cargo público, porque recibió una compensación de $ 30.000 en el 2012 para desenrolarse de la Función Judicial.

Y que para regresar al servicio público sin devolver dicha compensación podía hacerlo para cargos de libre nombramiento y remoción, por lo que en este caso la vocalía del CJ es un cargo de periodo fijo.

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Murillo impulsa al momento, una acción de protección en contra de la decisión del CPCCS, para volver a ejercer en la Judicatura. (I)