Los fiscales de Estados Unidos rechazaron el pedido de Decevale S. A. para recibir una indemnización en el caso que se sigue en ese país contra el exgerente de Operaciones de esta empresa, Luis Álvarez Villamar, quien confesó haber recibido sobornos por parte de Jorge Chérrez para simular la custodia de las inversiones del Isspol.

El Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) pidió una indemnización el pasado diciembre bajo el argumento de que es víctima de los delitos confesados por Álvarez, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero. La jueza del caso deberá decidir al respecto.

Álvarez admitió en julio pasado que había recibido $ 3,1 millones de sobornos por parte de Chérrez Miño y de sus empresas (Grupo IBCorp), así como un departamento en Miami. La audiencia para su sentencia está fijada para el próximo 11 de marzo. El exgerente de Riesgos del Isspol, John Luzuriaga, se confesó culpable el martes pasado.

El abogado de Decevale señaló en su escrito que, aunque en la relación de hechos confesados por Álvarez no se menciona específicamente que abusó de su cargo, es necesario que la corte analice la conducta del exejecutivo relacionada con el delito y las pérdidas provocadas a la empresa. Las principales accionistas de Decevale son las bolsas de valores de Quito y de Guayaquil.

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El Depósito era el custodio de las inversiones que el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) había realizado con Chérrez a partir de 2014, y emitió certificaciones sobre bonos y papeles que supuestamente garantizaban esos negocios. Sin embargo, luego se descubrió que, en realidad, la custodia estaba a cargo de otra empresa de Chérrez.

Decevale aseguró en su pedido que ha gastado más de $ 380.000 en costos de abogados y en una auditoría interna a la empresa; que la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores la sancionó con una multa de $ 167.000, y que los salarios y beneficios cancelados a Álvarez le representaron $ 484.000 entre 2014 y 2020. Sobre este último rubro, pidió una restitución del 25 %, es decir, unos $ 121.000.

El total llegaría a unos $ 568.000, según las cantidades enunciadas en el pedido.

“Decevale es enteramente víctima de la conducta criminal del acusado Álvarez Villamar por haber sido substancial y directamente afectada por el abuso de su cargo”, indicó la empresa.

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De su lado, los fiscales estadounidenses fundamentaron sus argumentos sobre dos líneas principales.

Por un lado, señalaron que Álvarez y sus cómplices desviaron fondos del Isspol y no de Decevale; por ello, el Depósito no puede reclamar que ha sufrido daño alguno.

Y por otro, indicaron que, si la Superintendencia de Compañías ha determinado que Decevale violó la Ley del Mercado de Valores ecuatoriana y lo multó por ello, no les queda claro cómo puede el Depósito ser considerado víctima. Precisaron que la empresa ha sido sancionada por la Superintendencia en tres casos distintos, cada uno por $ 167.000, lo que da un total de $ 501.000.

Los fiscales solicitaron que Decevale presentara más pruebas sobre los supuestos daños ocasionados y su relación directa con el delito por el que se juzga a Álvarez.

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En el caso que se sigue en Guayaquil, la justicia ecuatoriana le negó en noviembre pasado a Decevale ser aceptado como víctima, pues había presentado una acusación particular en ese sentido.

“La víctima dentro de la presente causa es el Estado ecuatoriano y el Isspol, ya que hay que tomar en consideración que, por propias indicaciones de la presunta acusadora particular, presuntamente el delito se cometió por parte de funcionarios de Decevale, por lo que no podría hablar de que la mencionada institución es víctima”, se indicó en el fallo.

Esta semana se realizó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Decevale en Guayaquil, en el que se investiga a una docena de personas, entre ellos algunos exejecutivos de la empresa. La audiencia se retomará la próxima semana. (I)