Exjueza electoral pide al Consejo de Participación Ciudadana que determine la posibilidad de prorrogarse en funciones

La exjueza electoral Patricia Guaicha espera un pronunciamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que determine la viabilidad de retomar sus funciones, pese a que su periodo constitucional de seis años feneció.

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Patricia Guaicha, exjueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) culminó su periodo de seis años el 8 de noviembre del 2022 y ese mismo día envió un oficio al Consejo de Participación Ciudadana en el que expuso su situación y un pedido expreso: que el organismo, como autoridad nominadora, se pronuncie si debe continuar en funciones prorrogadas.

El Tribunal Contencioso Electoral reconfigura su pleno al principalizarse a Ivonne Coloma y Guillermo Ortega

Esto, hasta que el CPCCS culmine el concurso público para la renovación parcial de dos jueces principales y suplentes del Tribunal, que está en proceso, aunque sin avances.

La exjueza reconoce ante el Consejo que su periodo legal culminó, pero recurrió a la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento para argumentar su solicitud de prorrogarse en funciones.

Esgrime que la norma dispone que para garantizar la continuidad de la prestación de servicios, los funcionarios de periodo fijo que formen parte del nivel jerárquico superior no podrán separarse del cargo hasta que sean legalmente reemplazados.

“Si bien el periodo para el cual fui designada jueza suplente concluye el 8 de noviembre de 2022; sin embargo, existe la resolución del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, en la que decidió no cesar en funciones a la compareciente, decisión que está amparada en un dictamen de la Corte Constitucional. Agregado a ello, el proceso para renovar a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral no ha concluido”, describió en su comunicación.

Este documento se conoció en una plenaria del 23 de diciembre del Consejo y resolvió que el departamento de Coordinación Jurídica elabore un informe legal, previo a que el pleno tome una resolución.

No obstante y de forma paralela, el Tribunal Contencioso Electoral ha tomado sus resoluciones internas, en medio de la declaratoria del periodo electoral por la organización de las elecciones seccionales, de los siete vocales del CPCCS y referéndum del 5 de febrero de 2023.

El 9 de noviembre, los jueces resolvieron principalizar a Ivonne Coloma y Gustavo Ortega, debido a que Arturo Cabrera y Guaicha completaron el periodo de seis años para el que fueron designados, de acuerdo con lo que establece la Constitución.

En concordancia también con el artículo 20 del Código de la Democracia que en su tercer inciso establece que en caso de ausencia definitiva de un juez principal será reemplazado por el suplente que, en aplicación del principio de paridad y alternancia de género hubiere obtenido el mejor puntaje en el respectivo concurso.

Cabrera y Guaicha fueron electos en un concurso público que se realizó en el CPCCS en el 2016. Luego, en la gestión del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, durante el proceso de evaluación que aplicó a las autoridades de control del Estado, los exjueces no fueron evaluados y se mantuvieron en el cargo hasta este 8 de noviembre.

Bajo ese contexto, la situación de Arturo Cabrera es similar a la de Guaicha. Pero él, por su propia decisión, se apartó del organismo al reconocer que había concluido sus funciones y, notificó al CPCCS de este suceso e incluso le remitió su informe de rendición de cuentas.

También lo comunicó al presidente del TCE, Fernando Muñoz, y reconoció que a partir del 9 de noviembre perdería “jurisdicción y competencia para el conocimiento y resolución de todos los medios de impugnación que se tramitan en este órgano de justicia”.

Al contrario, Guaicha no notificó de este hecho y, al contrario, solicitó a Muñoz que haga una consulta a la Procuraduría General del Estado para que sea este organismo el que determine si debe terminar su función, pues el Consejo de Participación Ciudadana no ha hecho el concurso para elegir a dos nuevos jueces, es decir, a los reemplazos de ella y Cabrera.

Su pedido se enmarcaba en un pronunciamiento de la Procuraduría respecto a una consulta que hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la que respondió que (los vocales) deben mantenerse prorrogados en funciones hasta que el CPCCS termine el concurso público para la renovación parcial.

Ello porque el CPCCS tiene pendiente de realizar dos concursos públicos para la renovación parcial, tanto de dos vocales principales y suplentes del CNE como de dos jueces principales y suplentes del TCE.

La consulta a la Procuraduría no se hizo, pero en el interior del Tribunal sí se analizó el pedido de Guaicha y se concluyó que ello no cabía, pues el Código de la Democracia determina el mecanismo a seguir para reemplazar a un juez y es a través de la principalización de los suplentes.

“Se reitera que no cabe la prórroga de funciones en caso de terminación de funciones por un periodo fijo cuando existen jueces suplentes que puedan ocupar la vacante, quien a partir de esta fecha (8 de noviembre) perdería jurisdicción en este tribunal”, se señaló en referencia al estado legal de Guaicha.

Al producirse esta renovación, el TCE nombró vicepresidenta a la jueza Ivonne Coloma, dignidad que la tenía Guaicha, en el cumplimiento del presupuesto de paridad de género, pues son cuatro jueces varones y Coloma, es la única mujer que compone el estrado.

El organismo de justicia electoral también solicitó al Consejo de Participación Ciudadana que nomine a dos jueces suplentes del último concurso público que efectuó el CPCCS de transición, para que se incorporen al pleno y estarían en funciones, mientras dure la principalización de Coloma y Ortega. (I)