La Comisión Calificadora cuenta con los nueve nombres de los candidatos que se disputarán una de las tres magistraturas de la Corte Constitucional (CC) en su renovación parcial, entre los que están exfuncionarios de lo que fue la Corte que operó durante el gobierno de Rafael Correa.

La noche del 11 de octubre, con 89 votos de la virtual alianza entre las bancadas correísta de Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK), la Asamblea Nacional postuló a Milton Velásquez Díaz, Pamela Aguirre Castro y Luis Sarango Macas.

El asambleísta del PSC Luis Almeida mocionó los nombres de la terna que se aprobó en medio de gritos de euforia y aplausos de las tres bancadas para celebrar esta designación, que tuvo 36 votos negativos y 6 abstenciones.

Aguirre Castro es docente universitaria. Ocupó varios cargos en la Corte Constitucional entre el 2011 y 2013 y también ha sido abogada en la secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en donde Patricio Pazmiño, quien fue presidente de la CC, es juez.

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Sarango Macas ha sido parte del equipo jurídico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), docente y ha trabajado en varios organismos indígenas.

Velásquez Díaz es actual juez de la Corte Nacional de Justicia y, entre otros cargos, fue abogado aduanero y asesor de despacho en la Corte Constitucional entre febrero del 2019 y enero del 2021.

Por la Función de Transparencia y Control Social (que la integran nueve entidades del Estado) se postuló a Jorge Benavides Ordóñez, Mauricio Guim Alfago y María Fernanda Álvarez Alcívar.

Asamblea y Función de Transparencia designaron sus candidatos para concurso de selección de jueces de la Corte Constitucional

Benavides es docente y viceministro de Servicio Público en el Ministerio del Trabajo. También fue parte de la Corte Constitucional como director del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional y asesor técnico jurisdiccional.

Mauricio Guim se ha desenvuelto en el libre ejercicio y recientemente fue designado subsecretario de Desarrollo Normativo en la Presidencia de la República.

Álvarez Alcívar ha sido funcionaria de la Defensoría del Pueblo, del extinto Ministerio de Justicia y en la Procuraduría General del Estado como directora de Derechos Humanos.

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La Presidencia de la República candidatizó a Andrés Martínez Moscoso, Bárbara Terán y Jhoel Escudero Soliz.

Martínez es docente de la Universidad San Francisco Quito y experto en derecho constitucional; Terán también es docente de la Universidad San Francisco de Quito.

Escudero es vicerrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), en donde también ha sido docente. Fue asesor de la anterior Corte Constitucional entre el 2009 2012.

La Comisión Calificadora revisará las carpetas de los nueve concursantes para determinar si cumplen con los requisitos constitucionales y legales para ser juez del máximo organismo de control constitucional del país.

El jurista y miembro de la Comisión, Medardo Oleas, indicó que el reglamento para la calificación de méritos de los postulantes, así como para desarrollar la etapa de oposición e impugnación ciudadana está aprobado y procederán “con la mayor agilidad en realizar este concurso, más aún que se ha demostrado que la Corte Constitucional es un organismo prioritario para garantizar la seguridad jurídica del país”.

La Función de Transparencia posesionó a la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional

El sorteo para designar a los jueces salientes se realizaría en enero próximo, pues los nuevos jueces deberán tomar posesión de sus cargos en febrero del 2022.

Los actuales jueces fueron elegidos por el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Transición y posesionados en la Asamblea Nacional en febrero del 2019, por lo que corresponde la primera renovación.

El artículo 179 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales contempla el mecanismo de selección, para lo que el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana debe desarrollarse seis meses antes del cumplimiento de los tres años de posesionados los jueces en funciones. (I)