Debido al pedido de diferimiento del abogado de Santiago Díaz Asque, asambleísta suspendido y procesado por el delito de violación, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio definida para este jueves, 16 de octubre, no se realizó en la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de Pichincha, en el norte de Quito.
La diligencia fue convocada por jueza Carla Olalla, para las 08:45, pero antes de la instalación se conoció de la existencia de un pedido para diferir la audiencia en la que se esperaba debatir respecto a vicios de nulidad y escuchar el dictamen acusatorio de la Fiscalía contra Díaz Asque, quien como legislador fue parte de los registros del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC) y actualmente es investigado por la supuesta violación a una niña de 12 años de edad.
El llamado a la audiencia se dio a casi un mes de que se cerraron los 60 días de instrucción fiscal dispuestos durante la formulación de cargos, el 22 de julio pasado. La instrucción fiscal arrancó solo horas después de que el aún asambleísta nacional Santiago Díaz Asque se entregó en el sector de Tumbaco, en el nororiente de Quito, a la justicia. La jueza Olalla le definió la medida cautelar de prisión preventiva.
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Para sustentar la teoría del caso contra el ciudadano de 56 años acusado, la Fiscalía presentó 25 elementos de convicción y solicitó que se le dicte prisión preventiva, pues, se dijo, no existen garantías de que el entonces legislador comparezca a las instancias del proceso, tomando en cuenta, además, que el sospechoso evadió a la justicia durante varios días, tal como constaba en los partes policiales presentados en la diligencia.
Entre los principales elementos expuestos por la Fiscalía en la audiencia constan el testimonio anticipado rendido por la niña, las versiones de su padre, de su madre y su hermana. Estos últimos relatos coincidieron con lo que la víctima expuso respecto a los hechos que habrían ocurrido en diciembre de 2024 y que son investigados por la Fiscalía.
Además, se presentaron partes policiales de los allanamientos ejecutados en la casa del procesado, en donde se levantaron como indicios teléfonos celulares, credenciales y una memoria flash.
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La jueza Olalla una vez que evidenció que existen presunciones respecto a una posible conducta delictiva del imputado, relacionada con el delito de violación, dio paso al inicio de la instrucción fiscal, cuyo plazo era de 60 días.
Ante la denuncia de la supuesta violación, la Fiscalía abrió una investigación previa y realizó, entre el 9 y el 13 de julio pasado, cinco allanamientos en los que se incautaron documentos, dispositivos electrónicos, diez celulares, entre otros indicios. Al analizarse un delito de violación y estar involucrada una menor de edad, el proceso se lleva con reserva.
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Joan Paul Egred, defensa de la parte acusadora, calificó al pedido de diferimiento por una supuesta enfermedad de la defensa del acusado como una ‘maniobra dilatoria fuera de los principios de buena fe y lealtad procesal’.
“Han presentado un certificado médico a última hora ayer en la tarde. Obviamente nosotros suponemos que lo que pretenden es tratar de dilatar esta causa. Hoy mismo vamos a exigir que esta audiencia se fije cuanto antes, porque nosotros, siendo en este caso los abogados de la víctima, lo que demandamos es una justicia rápida, expedita y que, por supuesto, el señor Díaz se someta a la justicia que es lo que corresponde”, sostuvo Egred Luego de conocer el diferimiento.
El abogado reconoció que este tipo de acciones generan desazón en la víctima y sus padres. Pese a ello, dijo, confían en la justicia ecuatoriana, resaltó el trabajo hecho por la Fiscalía y esperan que el acusado enfrente a la justicia. (I)
