Publicidad

En medio de una complicada situación institucional, la Fiscalía General del Estado seguirá siendo parte de la Función Judicial

La Asamblea no dio paso a la iniciativa de reforma parcial a la Constitución que buscaba la reubicación de la Fiscalía General fuera de la Función Judicial.

Al 31 de diciembre de 2020, la Fiscalía General del Estado tenía 3.770 servidores y trabajadores de los cuales 3.039 son misionales y 731 de apoyo. El edificio matriz de la Fiscalía se encuentra ubicado al norte de Quito.

Déficit de agentes fiscales, alta congestión de causas, falta de infraestructura física o infraestructura en mal estado, archivos colapsados, obsolescencia en equipos tecnológicos, deficiencias en el sistema integrado de las actuaciones fiscales, reducción presupuestaria, entre otras, son las realidades con las que enfrenta el 2021 sus investigaciones la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ecuador.

La calificada como una “difícil situación” por la fiscal general, Diana Salazar, en el informe de gestión del año 2020 dado ante la Asamblea Nacional, el 28 de enero pasado, se da en medio de la negativa del pleno de la Asamblea a la iniciativa de reforma parcial a la Constitución planteada por el Comité por la Institucionalización Democrática que, entre otras cosas, buscaba la reubicación de la FGE fuera de la Función Judicial para darle más autonomía.

El informe para segundo debate presentado por la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea, sobre la propuesta de independencia de la FGE de la Función Judicial, concluía que es adecuado generar un mayor fortalecimiento de la autonomía de la institución. No obstante, indicaba que para alcanzar tal efecto no era necesario que la FGE se separe de las funciones del Estado, dado que es perfectamente viable que la Fiscalía se mantenga dentro de la Función Judicial, sin que se ponga en riesgo el cumplimiento de sus atribuciones y competencias.

La presidenta de la Comisión, Elizabeth Cabezas, explicaba que lo que propusieron como texto fue el fortalecimiento de la Fiscalía, pero dentro de la misma Función Judicial. Indicó que se sugirieron mecanismos para el fortalecimiento con lo que ya no se requerían cambios en la Constitución. La propuesta, el 16 de marzo pasado, solo alcanzó 62 votos de los 91 que necesitaba para ser aprobada.

Publicidad

Diana Salazar defiende ante la Asamblea Nacional la autonomía de la Fiscalía General del Estado

Para Salazar sí es necesaria que exista una real autonomía e independencia de la Fiscalía. Desde esa institución se explica que la Constitución vigente habla de que la FGE es un ente autónomo, pero “sus facultades se ven limitadas” debido a que en la misma Constitución como en el Código de la Función Judicial se establece que el Consejo de la Judicatura (CJ) tiene la facultad de gobierno, administración y vigilancia de la Función Judicial, de la que Fiscalía es parte.

“Tales limitaciones han impedido que la FGE incorpore los fiscales que hacen falta para cumplir con estándares internacionales, pues debe esperar la anuencia del órgano administrativo para hacerlo. Tal es así que por más de dos años no se han llevado a cabo concursos de fiscales y asistentes, lo que incrementa la carga laboral y va en detrimento de la calidad de las investigaciones”, señaló la Fiscalía en un comunicado un día después de conocerse la negativa de la Asamblea a la propuesta de reforma de la Constitución.

QUITO. Darwin Seraquive (i), vocero del Comité por la Institucionalización de la Democracia, junto con Pablo Dávila, exconsejero del CPCCS Transitorio; Hernán Pérez Loose, abogado y articulista; y Simón Espinoza, catedrático universitario, llegan a la Asamblea Nacional a entregar firmas, para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Según la Fiscalía, la tasa actual de fiscales en Ecuador es de 4,7 fiscales por cada 100.000 habitantes, número que sería menor al recomendado para la región que es de ocho y doce a escala mundial.

Salazar en su exposición de enero ante la Asamblea dijo que la institución requería incorporar al menos 573 agentes fiscales, con sus respectivos secretarios y asistentes. Pese a ello, aseguró, en 2020 el CJ designó solo a 8 agentes fiscales y dejó pendiente la designación de siete más, de un banco de elegibles de siete ciudadanos.

La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, ha insistido en que el organismo que dirige ha precautelado la independencia judicial y la autonomía de los órganos que la componen, subrayando que la Fiscalía siempre ha gozado de autonomía. A su decir la propuesta del pleno del CJ es que la FGE siga siendo un órgano de la Función Judicial contribuyendo al sistema de justicia.

“Si es preciso dotar de mayor autonomía que sea el legislador el que establezca con precisión los límites de dicha autonomía, para que el CJ esté obligado a observarlos”, sostuvo Maldonado en julio pasado en una comparecencia ante la Asamblea.

Publicidad

Desde el CJ se ha dicho que se ha garantizado la autonomía de la Fiscalía, así como de la Defensoría Pública, sin limitaciones ni interferencia alguna. Se explica que se ha fortalecido con distintas acciones tal autonomía: la facultad de emitir y terminar nombramientos provisionales de las carreras fiscal y defensorial administrativa, conceder y terminar comisiones de servicios a favor de sus servidores; y, autorizar la prórroga de funciones del personal bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales.

Pleno de la Asamblea no da paso a la eliminación del CPCCS

En un comunicado emitido el 18 de marzo pasado, el CJ resalta que la FGE gestiona independientemente su presupuesto general anual, pues tiene presupuesto propio que les corresponde ejecutar y administrar, sin que dependan para ello del CJ. Actualmente, el CJ lleva adelante la evaluación de desempeño y productividad de agentes fiscales, proceso que no se realizaba desde el año 2013.

En cuanto al nombramiento de agentes fiscales, el CJ asegura que los ha hecho considerando la disponibilidad institucional (banco de elegibles vigentes). Además, en el comunicado se aclaró que, para el desarrollo de nuevos concursos públicos para el ingreso de servidores a la carrera fiscal a nivel nacional, la FGE debe entregar al CJ el Plan de Cobertura Fiscal, el cual habría sido presentado en diciembre último.

Como parte de la radiografía que presentó la fiscal general en su informe de gestión 2020, Salazar contó a los asambleístas que del 100% de las edificaciones con que cuenta la FGE, solo el 38% sería propia, mientras que el 62% se encuentra bajo la modalidad de arriendo, convenio o comodato. Del total de edificaciones el 50% requeriría de intervenciones en infraestructura, apuntó.

Además refirió que a diciembre último la FGE presentó el 70% de obsolescencia de sus equipos tecnológicos y un porcentaje similar de sus archivos requieren de adecuación.

El presupuesto asignado para el periodo 2021 para la Fiscalía fue de $ 139′900.006,39, cifra que es en algo mayor a los $ 138′850.348,24 recibidos en 2020. El presupuesto del 2019 de la FGE tuvo $ 7 millones más que su presupuesto del 2020.

“La falta de autonomía y profesionalización de las agencias encargadas de investigar y perseguir los delitos puede ser parte de las causas estructurales de la impunidad, ya que obstruye el desarrollo de investigaciones integrales, exhaustivas y oportunas, e impide investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad, sin importar si comprometen a altos funcionarios”, se afirmó desde la Fiscalía.

Pablo Dávila, parte del Comité por la Institucionalización Democrática, piensa que la Fiscalía necesita una estructura que responda a su propia planificación, necesita poder designar fiscales a tiempo en las jurisdicciones territoriales que se requieren crear para poder luchar contra casos vinculados con la corrupción, a la delincuencia organizada, al narcotráfico, entre otros.

“Esto tiene que hacerse con una total autonomía e independencia, no puede ser que el trabajo de la Fiscalía en términos de organización administrativa, de planificación presupuestaria, tenga que pasar por el CJ, que finalmente es un órgano integrado políticamente y toma sus decisiones políticamente. Eso no está bien, tiene que haber independencia”, sostuvo Dávila. (I)

Publicidad

Comparte este artículo

¿Tienes alguna sugerencia de tema, comentario o encontraste un error en esta nota?

Lo último

Lo que esperamos

La visión macro es otra cosa. Para su identificación y denuncia requerimos de la voz de los especialistas.

Publicidad