La etapa de sustanciación de pruebas de cargo y descargo en el juicio político a tres vocales y una exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) culminó, con lo que empieza la elaboración del informe final y de forma paralela el concierto por los votos para censurarlos y destituirlos.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional instaló este sábado, 13 de agosto, una plenaria que se extendió por catorce horas (desde las 08:00 hasta las 22:10) para escuchar las pruebas de cargo planteadas por la proponente de la interpelación, la asambleísta Viviana Veloz, de la bancada del correísmo Unión por la Esperanza (UNES).

Los interpelados Fausto Murillo, presidente (e), Maribel Barreno, Juan José Morillo y la exvocal María del Carmen Maldonado -que renunció en febrero pasado- también expusieron sus pruebas de descargo, frente a las acusaciones de haber llevado a cabo de forma ‘ilegal’ el proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la designación de conjueces temporales y no haber designado fiscales en los últimos tres años, lo que confluiría la causal de incumplimiento de funciones establecida en el artículo 131 de la Constitución.

Veloz acogió como base de los cuestionamientos una sentencia de la Corte Constitucional (CC) en la que se concluyó que el reglamento aprobado en el 2019 para evaluar a los jueces de la CNJ fue inconstitucional. A criterio de la congresista dicha evaluación careció de legalidad, los vocales se arrogaron funciones y se violentó la independencia judicial.

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Por su parte, los consejeros alegaron que la misma sentencia no determinó que se haya violentado el principio de independencia judicial, que no se vulneraron los derechos de los evaluados y que no se arrogaron funciones.

Murillo fue más allá e increpó a la bancada del correísmo que este juicio político se sostiene en “falacias” y es solo “un pretexto” para volver “a tomarse la administración de justicia”.

Para Veloz, esa acusación no tiene sustento pues el artículo 179 de la Constitución dispone una conformación de esa institución por ternas enviadas por la Legislatura, la Corte Nacional de Justicia, la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado y la Presidencia de la República y, ninguna de estas son afines al ‘correísmo’, justificó.

Conforme a la continuidad de los plazos, la Comisión de Fiscalización tiene cinco días para elaborar el informe final para conocimiento del pleno, en el que podrá proponer el juicio político para la censura y destitución de las autoridades; o el archivo.

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El artículo 82 de la Ley de la Función Legislativa explica que si dicho informe no se aprueba, se remitirá a la presidencia las actas de votación y un informe que detalle las posiciones de los asambleístas que integran la mesa, para que el pleno resuelva el archivo o el juicio político. No obstante, cualquier legislador podrá proponer una moción para el archivo o enjuiciamiento.

Por lo pronto, el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio anticipó la posibilidad de solicitar un plazo adicional de cinco días para elaborar este expediente, debido a la cantidad de documentos recabados y comparecencias que recibieron durante la sustanciación.

Por su parte, la bancada de UNES está confiada en que cuentan con los respaldos políticos para que este proceso sea acogido.

Quito, 13 de agosto 2022.- La Comisión de Fiscalización instaló una plenaria para escuchar las pruebas de cargo y descargo en el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Foto tomada de la Asamblea Nacional/Cortesía Foto: El Universo

La ley en el artículo 85 determina que para destituir y censurar a los miembros del Consejo de la Judicatura se requiere de una mayoría calificada, correspondiente a las dos terceras partes de los 137 legisladores. Es decir, 92 votos.

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Veloz se mostró optimista de que alcanzarán estas voluntades. “Hemos conversado con las diferentes bancadas y la mayoría coincide en que deben ser censurados y destituidos. Tendríamos estos votos para proceder con el cese de los funcionarios”, sentenció.

Mario Ruiz, legislador del ala rebelde de Pachakutik (PK), coincide con ese criterio y contabiliza los 47 votos de UNES, unos 20 de PK, unos 15 de la bancada del Partido Social Cristiano (PS) y otros del bloque de la Izquierda Democrática (ID).

“Más allá de lo que se vio en las pruebas del juicio político, está la forma en que los miembros del Consejo de la Judicatura han demostrado su claro apego al Ejecutivo”, dijo Ruiz.

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Aunque sus argumentos no son parte de las causales de la interpelación, cree que los legisladores valorarán hechos como la filtración de audios en los que presuntamente el vocal del CJ, Juan Morillo, habría pedido a un juez que falle a favor de su excoidearia Guadalupe Llori para que no deje la presidencia del Parlamento.

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O que se emitan sentencias en acciones de protección para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) “no cumpla con su trabajo”, o que la Asamblea Nacional no pueda posesionar en su cargo al superintendente de Bancos, Raúl González. “Es evidente la forma grotesca en la que ellos han permitido que el Gobierno meta las manos en la Función Judicial y son cosas que los legisladores van a valorar y que estarán los votos para la destitución”, aseveró.

Con ese escenario, la decisión de los 137 legisladores podría derivar en la censura y destitución de Murillo, Barreno y Morillo; y la censura de Maldonado (ya que no es funcionaria), cuya sanción es el impedimento de ejercer cargo público por los siguientes dos años.

El artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial menciona que en causa de ausencia o impedimento de los vocales serán sustituidos por sus alternos.

De acuerdo con la resolución de designación del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que eligió a estas autoridades en enero del 2019, los vocales suplentes en caso de ausencia y por la Función proponente están:

Asamblea Nacional: Elsy Celi Loaiza, suplente de Fausto Murillo. Cely fue designada por el pleno del CPCCS el 13 de enero pasado, para principalizarse en lugar del exconsejero Jorge Moreno Yanes, cuando este renunció en el 2020.

Aunque el propio Consejo dejó sin efecto su resolución, pues el expresidente de la República Lenín Moreno planteó una acción de protección porque esa vacante que dejó Moreno Yanes era de la Presidencia de la República.

Fiscalía General: Yolanda Yunpangui Carrillo, suplente de Maribel Barreno.

Defensoría Pública: Jaime Veintimilla Fernández de Córdova, suplente de Juan José Murillo.

Corte Nacional de Justicia: Álvaro Román Márquez, alterno de María del Carmen Maldonado. Román ha interpuesto acciones judiciales para asumir la presidencia de la CJ.

De todas maneras, Villavicencio anticipó que desde este 14 de agosto empezarán a trabajar en el informe final, que tendrá recomendaciones para “mejorar la administración de justicia”, así como propuestas para que se reforme la norma en relación con la designación de los cinco miembros de la Judicatura. (I)