La comisión ocasional multipartidista de la verdad, justicia y lucha anticorrupción prevé aprobar esta tarde el informe sobre la investigación del caso denominado El Gran Padrino, en el que concluye que el presidente Guillermo Lasso puede ser acusado penalmente de traición a la patria, delito estipulado en el artículo 353.7 del Código Orgánico Integral Penal (COIP); además de haber incumplido la responsabilidad política, que como primer mandatario tiene con los ciudadanos ecuatorianos, para garantizar la seguridad del Estado.

Los legisladores remitirán el informe a la Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado para que en el ámbito de sus competencias inicien las investigaciones penales y administrativas respectivamente con relación a las actuaciones y hechos que constan en el expediente, y ambas instituciones adopten las medidas pertinentes.

Además, recomiendan enjuiciar políticamente al presidente Lasso Mendoza, por haber adecuado su conducta al artículo 129 numeral 1 de la Constitución, que prevé como causal de censura y destitución del cargo público representativo el cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado.

Publicidad

“Enjuiciar políticamente al jefe de Estado, invocando el artículo 129 numeral 2 de la Constitución, pues la conducta analizada se adecúa al cometimiento de delitos contra la administración pública, en concreto las infracciones penales de cohecho, concusión y peculado, bajo la modalidad de comisión por omisión, considerando que, a través de los actos perpetrados y que han sido expuestos en el presente informe, dan mérito al enjuiciamiento político, su censura y destitución”, refiere el documento.

En las conclusiones más relevantes del informe, se menciona también que en el documento suscrito por el exsecretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verdesoto, denominado: “Primer informe sobre presuntas irregularidades denunciadas”, presentado al presidente de la República y a la Comisión se evidencia el presunto cometimiento de presuntos delitos contra la administración pública y contra la estructura del Estado, tipificados en el COIP.

Asimismo, que Verdesoto manifestó que el presidente, después de leer y conocer la corrupción informada, solicitó que no se presente el informe a las autoridades pertinentes, constituyendo esto un intento de obstruir el proceso de investigación y fiscalización política que le compete constitucionalmente a la Asamblea Nacional y también a la Función Judicial.

Publicidad

“Es necesario precisar que más allá de lo dispuesto en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo respecto de la responsabilidad de los delegantes, hay una responsabilidad política, puesto que el presidente Guillermo Lasso fue advertido por el exsecretario Anticorrupción Luis Verdesoto de los posibles actos de corrupción y no solo que no los denunció, sino que intentó impedir la actuación fiscalizadora de la Asamblea Nacional”, apunta.

Los legisladores concluyeron también que en la investigación entregada por el periodista Andersson Boscán del medio digital La Posta a la comisión con el documento denominado El Gran Informe, se desprenden implicaciones penales, que deberán ser analizadas y consideradas por la Fiscalía y que dicho informe tiene relevancia política.

Publicidad

“Evidencia responsabilidades políticas y de carácter penal del presidente, al permitir -con su aquiescencia- el cometimiento de delitos execrables que pusieron en gravísimo riesgo la seguridad pública del Estado... en este contexto, las comparecencias a la comisión del general Víctor Araus y del señor Andersson Boscán, así como las declaraciones del asambleísta oficialista Fernando Villavicencio, nos conducen a la conclusión de que el primer mandatario conoció a plenitud los hechos mencionados”, refiere.

En este tema, los legisladores mencionan que el mandatario conocía principalmente lo relacionado con la investigación del caso ‘León de Troya’ que involucraba directamente a los señores Danilo Carrera Drouet y Rubén Cherres con la mafia “albanesa” liderada en el país por el ciudadano Dritan Gijka.

“A pesar de aquello nada hizo para evitar las actuaciones de un enemigo poderoso, como es el narcotráfico y el crimen transnacional e impedir el cometimiento de delitos que atentaron contra la seguridad pública del Estado”, concluyen.

Los legisladores aseguran que “los testimonios expuestos por los comparecientes permiten sostener que el presidente omitió su deber de denunciar, en este y en los otros casos antes señalados, lo cual constituye un delito y aseguran que resulta inadmisible que, siendo el más alto servidor público del país, evite denunciar delitos que afectan el orden jurídico.” (I)

Publicidad