En el CPCCS se analiza acortar los tiempos para los concursos de designación del contralor y vocales del CNE

Pese a que los concursos públicos para designar al contralor general del Estado y para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) están en etapa de integración de veedurías ciudadanas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no cierra la posibilidad de revisar los reglamentos para acortar plazos.

En el caso del concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar al titular de la Contraloría, el CPCCS acreditó a 474 personas como veedores ciudadanos, quienes eligieron de coordinador al ciudadano Guido Egas Tello.

En un inicio se admitieron a 702 veedores, pero finalmente solo las 474 fueron acreditadas.

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Respecto del proceso para designar a dos vocales principales y suplentes del CNE se inscribieron 320 personas, de las que 246 fueron admitidas como veedores. Aún no han sido acreditados.

En medio de esta fase, en el CPCCS se analiza realizar “correctivos” a los reglamentos para integrar las comisiones ciudadanas de selección y de los concursos de las respectivas autoridades para ajustar los plazos.

El vicepresidente del Consejo, David Rosero, indicó que se está debatiendo esa posibilidad para “mejorar los procesos”.

El objetivo sería hacer los tiempos más cortos. “En el caso de los términos estos se mantendrán, pero la idea es ver cómo se pueden acortar. Es una posibilidad”, explicó Rosero.

Las estimaciones internas son que los procedimientos de selección tomen entre siete u ocho meses.

En estos días, el pleno prevé discutir la aprobación de la convocatoria para que la ciudadanía se postule a participar en la conformación de la comisión ciudadana que elegirá al contralor.

Para ello, la ley establece un plazo de diez días término para las inscripciones. Luego continúan las fases de admisión, calificación de méritos e impugnación ciudadana.

Culminada la designación de la comisión, se convocará a que los interesados se postulen a ser contralor.

Bajo la previsión de que se planteen acciones judiciales por la inconformidad ciudadana respecto de las decisiones de las autoridades, el nuevo contralor podría estar electo entre abril y mayo.

Ello impediría que no asuma sus funciones entre el 15 de marzo de 2022, cuando culmina el periodo de cinco años para el que fue electo Carlos Pólit, fecha en la cual se posesionó en el cargo en la Asamblea Nacional en el 2017.

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Actualmente, como contralor subrogante está Carlos Riofrío, quien sucedió a Pablo Celi, que renunció y fue censurado por la Asamblea Nacional, en medio de la investigación judicial que enfrenta por ser sospechoso de incurrir en el delito de delincuencia organizada.

Celi, a su vez, remplazó a Pólit, quien también renunció en junio del 2017 y luego fue censurado por la Asamblea Nacional, al estar involucrado en el caso Odebrecht.

El procedimiento para renovar parcialmente al CNE está retrasado, por lo que en noviembre del año en curso se realizará el sorteo para definir quiénes serán los consejeros principales y suplentes que culminarán sus funciones.

Como no estarán elegidas las nuevas autoridades, el CPCCS resolvió que los remplacen los consejeros suplentes, que queden después del sorteo.

Ellos estarían al menos siete u ocho meses en funciones, mientras se realiza el concurso de méritos.

En la víspera, el Consejo de Participación Ciudadana publicó la convocatoria para que la ciudadanía se postule a participar en el concurso de méritos e impugnación para integrar la comisión ciudadana de selección que elegirá al titular de la Defensoría Pública, que está presidida por un defensor encargado por casi tres años, Ángel Torres Machuca.

La etapa de postulaciones está abierta desde ayer (23 de septiembre) hasta el próximo 6 de octubre.

Las comisiones ciudadanas están compuestas por cinco representantes de la ciudadanía, que serán designados mediante un concurso de méritos e impugnación.

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De los 30 mejor puntuados se escogerá por sorteo público a cinco de ellos, quienes se sumarán a los cinco delegados de las funciones del Estado como son del Ejecutivo, Judicial, Electoral, Legislativa y de Transparencia.

En marcha están también los concursos para designar a los dos integrantes para integrar el Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras, y los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), que aún se encuentra en la etapa de conformación de las veedurías.

El presupuesto con el que se cuenta para realizar los concursos asciende a $ 1′087.902 para los concursos de defensor público, contralor, Copisa, Desarrollo Fronterizo.

Para el proceso de selección de los vocales del CNE, se solicitó al Gobierno nacional un valor por $ 372.200, que aún no se ha adjudicado. En total, se requerirán $ 1′360.137 para estas cinco designaciones.

A estos se suman los concursos que prevén organizar para nombrar a los representantes de la sociedad civil para los Consejos Nacionales para la Igualdad, y el titular de la Defensoría del Pueblo, que al momento se encuentra encargado a César Córdova, tras la destitución y censura de Freddy Carrión en un juicio político. (I)