Seis provincias agrupan el mayor número de organizaciones políticas de carácter local que podrán postular candidatos para las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023, de forma independiente o bajo el paraguas de las alianzas electorales.

El Registro Nacional de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene hasta el momento 276 movimientos y partidos nacionales y locales que cuentan con personería jurídica para participar en los comicios.

De este número, 6 son partidos políticos; 11 movimientos nacionales; 67 provinciales, 173 cantonales y 19 parroquiales.

Las provincias que tienen mayor número de agrupaciones habilitadas, según los últimos datos del CNE son Pichincha, 25; Guayas, 25; Manabí, 25; Loja, 22; El Oro, 20; y Azuay, 19.

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En articulación con ello, estas jurisdicciones tienen más número de electores, con base en el padrón electoral de las elecciones generales del 2021 y que son Guayas con 3′118.339; Pichincha con 2′278.540; Manabí con 1′239.519; Azuay con 618.406; El Oro, 535.318; y, Loja con 392.920.

Les siguen provincias como Imbabura, donde hay 13; Santa Elena, 12, y las restantes que no sobrepasan de entre las dos y diez agrupaciones de carácter provincial, cantonal y parroquial. Está también Los Ríos, cuya densidad de electores es de 668.227, pero cuenta con nueve movimientos políticos vigentes.

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Fausto Camacho, integrante del colectivo Voces por la Democracia, atribuye esta concentración de organizaciones políticas a que son jurisdicciones en donde se concentra el “poder real”, a través de la administración de un gobierno autónomo descentralizado.

“Pocos se disputarán el municipio de Pedro Moncayo en Pichincha o el municipio de Muisne en Esmeraldas. ¿Por qué? Porque el deseo de acceder a espacios de poder siempre va a ser mayor en donde el poder es mayor. En las provincias y ciudades más grandes se va a administrar un municipio que tiene más presupuesto, que representa un poder relativamente mayor. Los espacios de poder son más disputados en esas jurisdicciones”, recalcó.

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Pese a que el CNE cerró el Registro el 23 de mayo último con estas 276 agrupaciones, aún resta que aquellas que no fueron aprobadas y sientan afectados sus derechos acudan al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para interponer recursos subjetivos.

De ser así, el plazo para conocer cuántas participarán definitivamente se conocerá el próximo 7 de julio, cuando las sentencias del TCE estén ejecutoriadas.

Aquellas que finalmente estén facultadas podrán inscribir candidatos, y sobre ello el CNE y el TCE no desestiman que haya alrededor de 90.000.

Todos ellos disputarán por alcanzar una de las 9.792 dignidades de elección popular de esta contienda. Ello porque en febrero del 2023, el electorado debe elegir: 221 alcaldes; 23 prefectos y 23 viceprefectos; 864 concejales urbanos; 443 concejales rurales. Además de 4.109 vocales de juntas parroquiales y 4.109 vocales suplentes.

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Además, se deberá elegir a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuyas postulaciones son individuales o por la sociedad civil, sin dependencia de partidos o movimientos políticos.

Ante el gran número de organizaciones políticas existentes y de candidatos que deberán calificarse, el CNE, mediante una reforma reglamentaria, estableció un incentivo para aquellas que consoliden alianzas, el 100 % de la la votación obtenida será para todas las que formen esta coalición.

En las últimas seccionales del 2019, el Partido Social Cristiano (PSC) fue el que obtuvo un éxito electoral entre las diez ciudades más pobladas de Ecuador, al ganar alcaldías en Guayaquil con Cynthia Viteri, quien irá a la reelección en el 2023; Dalton Narváez que alcanzó la alcaldía de Durán; y Agustín Casanova, que fue reelecto en Portoviejo (Manabí) con la alianza PSC-Unidad Primero-Camino.

Con el extinto movimiento Unión Ecuatoriana, Jorge Yunda llegó a la alcaldía de Quito; en Loja, por ejemplo, con la alianza Loja para todos, se eligió a Jorge Bailón.

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Sin embargo, Camacho consideró que si bien la reforma reglamentaria incentiva las alianzas, en la práctica genera fragmentación y dispersión en el sistema de partidos y movimientos políticos, pues estas perduran únicamente durante la organización del proceso y hasta el día de las elecciones, luego se disuelven.

“En los hechos lo que termina sucediendo es que las alianzas van en perjuicio de los propios partidos nacionales y las organizaciones locales porque no trascienden del evento electoral, de un concepto de vida, de la política, del mundo y que se proyecten en el tiempo. Estas alianzas generan una actitud antipolítica y un efecto inverso, porque el candidato no es del movimiento blanco o azul, sino que fue electo por una alianza; pero como la alianza solo existió para inscribir las candidaturas, los candidatos no responden a nadie y eso debilita las estructuras partidistas”, opinó.

El analista político Daniel González reflexionó también que estos grupos políticos locales “no siempre nacen con una finalidad filosófica y política, sino porque no tuvieron un buen resultado al aliarse con una agrupación nacional”.

“Estos movimientos son coyunturales y duran mientras se mantenga el dueño del movimiento local, si no tienen representación se extinguirán en el tiempo. Es decir, se activan solo cuando hay procesos electorales, luego seguirán siendo organizaciones inertes”, opinó.

Tanto Camacho como González creen que debe debatirse una reforma electoral que permita que los requisitos para inscribir a una organización política sean más rigurosos.

Camacho, a través del colectivo Voces por la Democracia, impulsa una consulta popular, que entre sus preguntas incluye una enmienda constitucional para que antes de ser inscritas las organizaciones políticas por el CNE demuestren el diseño de una política ideológica, capacitación y formación, por lo menos un año antes. (I)