Las elecciones generales del 2025 serán una oportunidad para las organizaciones políticas de aliarse y aprovechar los incentivos legales promovidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para así sobrevivir.

No obstante, dichos incentivos podrían convertirse en un obstáculo para el organismo en su atribución de depurar a las organizaciones políticas que no muestren actividad proselitista constante, pues las “pequeñas se sujetarán de las grandes”, vislumbra el vicepresidente del CNE, Enrique Pita.

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El CNE continúa con la organización de los comicios presidenciales, de asambleístas y de parlamentarios andinos para el periodo 2025-2029, y una de las actividades en ciernes está relacionada con determinar cuántas agrupaciones participarán en el proceso, una vez que se cierre el registro permanente, el próximo 21 de julio.

Esto en referencia a que hay, al menos, 93 solicitudes de inscripción de partidos y movimientos de carácter nacional, provincial, cantonal y parroquial a la espera de una respuesta.

Actualmente, el registro nacional del consejo contiene a 238 grupos con personería jurídica y habilitados para participar:

  • 7 partidos
  • 9 movimientos nacionales
  • 69 movimientos provinciales
  • 136 movimientos cantonales
  • 17 movimientos parroquiales

De estos, en el próximo sufragio solo podrán participar y aliarse los partidos y movimientos de ámbito nacional y provincial.

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Según los plazos establecidos en el calendario, del 22 de julio al 30 de agosto de 2024 se abrirá la etapa de inscripción de alianzas y simultáneamente se desarrollarán las elecciones primarias o de democracia interna en la que la militancia de los partidos y movimientos escogen a los precandidatos para las diferentes dignidades.

Las reformas al Código de la Democracia incluyeron un incentivo para forjar alianzas electorales y evitar la dispersión de candidatos y, por ende, del voto en el electorado.

En uno de los incisos del artículo 202, el legislador estableció que, para el caso de alianzas, estas recibirán un 20 % adicional al monto asignado para promoción electoral por cada organización política participante, pero solo cuando sea entre aquellas del mismo nivel territorial-electoral, de acuerdo con cada tipo de candidatura.

En el cómputo del porcentaje de votación obtenido por una alianza, se asignará el mismo porcentaje a todas las participantes y, para la distribución del fondo partidario, se actuará según la división de porcentajes acordados en el documento que inscriba la alianza.

Pero el CNE fue más allá. Después de un consejo consultivo de representantes de las agrupaciones partidistas para las elecciones seccionales del 2023 se incorporaron en el reglamento de alianzas cuatro estímulos.

El esencial, sobre la cancelación de organizaciones políticas, en el que dispuso que, al realizar el cómputo de dignidades electas, se asignará la unidad de la dignidad a cada una de las organizaciones coaligadas; así también, el porcentaje de votación obtenida por la alianza será reconocido, en su totalidad, para cada una de las participantes en la alianza.

A diferencia de los comicios generales del 2021, en los que el CNE se ciñó a lo establecido en el código, con relación a que en el cómputo del porcentaje de votación obtenido por una alianza se asignará el mismo porcentaje a todas las organizaciones participantes en la alianza.

Esto en respuesta a que en el artículo 327 de la norma se establecen como requisitos para eliminar a un movimiento o partido nacional si no obtiene el 4 % de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a nivel nacional; o, al menos, tres representantes a la Asamblea Nacional; o, al menos, el 8 % de alcaldías; o, por lo menos, un concejal en cada uno de, al menos, el 10 % de los cantones del país.

A los locales se los extinguirá si no obtienen al menos el 3 % en dos elecciones consecutivas en su jurisdicción.

Los vocales del Consejo Nacional Electoral pueden emitir los reglamentos para la organización de los procesos electorales. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Tras la vigencia de las reformas, en las elecciones nacionales del 2021, el CNE aprobó tres alianzas nacionales: Creando Oportunidades (CREO) y el Partido Social Cristiano (PSC); Honestidad, del movimiento Concertación y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE); y Unión por la Esperanza, entre la extinta Fuerza Compromiso Social (FCS) y Centro Democrático (CD).

Dos años más tarde, en las seccionales del 2023 (para elegir alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales) se aprobaron 390 alianzas en los tres niveles: 93 provinciales, 279 cantonales y 18 parroquiales.

En las últimas elecciones que se celebraron en Ecuador no operó el beneficio para las alianzas.

Se hicieron las presidenciales y legislativas anticipadas de agosto y octubre de 2023, producto de la disolución de la Asamblea Nacional por grave crisis y conmoción interna, en las que se formularon 30 coaliciones políticas: 4 nacionales; 23 provinciales y 3 en el exterior.

No obstante, los porcentajes obtenidos de esta elección no servirán para evitar la cancelación de alguna agrupación. Es el ejemplo del Movimiento Verde, Ético, Revolucionario y Democrático (Mover), que en una alianza con Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) llevaron a la Presidencia de la República a Daniel Noboa Azín y sumaron 17 asambleístas.

Esos resultados no ayudaron a Mover y, es más, en febrero pasado fue cancelado por el Consejo Electoral al concluir que no obtuvo el umbral de votación y de dignidades electas en los sufragios del 2021 y 2023 para mantener su registro.

El movimiento, antes llamado Alianza PAIS, recurrió al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y está a la espera de una sentencia de última y definitiva instancia, pues en primera se ratificó su cancelación.

Aquellos grupos que no lograron los porcentajes en las seccionales del 2023 podrían evitar desaparecer si logran votos en las nacionales del 2025. Aunque estos “remedios” reglamentarios podrían convertirse en un problema para el sistema de partidos ecuatoriano.

Pita reconoce que las organizaciones de ámbito local, las pequeñas, y que individualmente no sobrevivirían dos procesos electorales se mantengan vigentes por este arbitrio.

“Los chiquitos se les pegan a los grandes y esto es malo. Desde mi punto de vista, permite que las organizaciones políticas pequeñas, que no resistirían un par de procesos electorales, no obtendrían la votación que les permita sobrevivir. Al aliarse con organizaciones más grandes se siguen manteniendo vigentes; y a la larga, esto se va a convertir en un inconveniente para la depuración del registro permanente”, opinó.

En la visión del catedrático y analista Esteban Ron, este estímulo está “rompiendo el principio de participación proporcional”.

“Las organizaciones se agarran de esto para seguir sobreviviendo. Lo que significa que se va en contra del sistema de depuración, de esa depuración autorregulatoria del código que permite que, si una va en decadencia, no recibe votos, no forma actores políticos, se extinga”, señaló.

En la Asamblea Nacional se debaten reformas legales para evitar los llamados "camisetazos". Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Adicionalmente, el efecto es en “cadena” porque, si bien hay libertad ideológica para formar coaliciones partidistas, en la práctica “no se ve formación de juventudes, de cuadros políticos; son organizaciones a las que llaman de ‘papel’, que rompen la disciplina político-partidaria. Entonces, se ve a personas que llegan a la Asamblea Nacional sin saber para dónde van; luego, se ven las mayorías móviles o el golondrinaje y rompen con los principios democráticos. Finalmente, los proyectos de ley que se aprueban no son los adecuados”.

No se descarta que, en el marco de las elecciones presidenciales para este 9 de febrero del 2025, el Consejo Nacional Electoral revise el reglamento de alianzas. (I)