Con retrasos y pocos concursantes inscritos se desarrollan cuatro procesos de selección de autoridades de control que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El organismo tiene en fila un total de siete procesos de elección de autoridades, entre los que están la elección mediante comisiones ciudadanas de selección de los titulares de la Contraloría General, de la Defensoría Pública y de la Defensoría del Pueblo, así como la renovación parcial de cuatro vocales —dos principales y dos suplentes— del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la renovación parcial de cuatro jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En tanto, por elección mediante ternas enviadas por el presidente de la República, Guillermo Lasso, la designación del titular de la Procuraduría General del Estado y de la Superintendencia de Bancos.

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En el caso de la Procuraduría, desde agosto pasado el procedimiento no avanza. El Consejo de Participación Ciudadana solicitó a finales de ese mes al jefe de Estado que complete la documentación de dos candidatos que habrían incurrido en prohibiciones constitucionales para participar.

Presidente Guillermo Lasso propuso dos candidatos para la designación del procurador del Estado que incumplirían requisitos

El 23 de agosto, el pleno del CPCCS conoció que Yolanda Salgado Guerrón y Juan Carlos Valencia, segunda y tercero de esta terna, respectivamente, incumplieron el requisito de adjuntar el certificado del Consejo Nacional Electoral (CNE) que acredite que no han sido parte de una organización política.

Se otorgó al Ejecutivo un plazo de tres días para que, a través de la Presidencia de la República, completen la entrega de la información. Desde entonces, el Ejecutivo no ha remitido la información y el proceso no reporta avances.

Mientras tanto, el procurador Íñigo Salvador lleva prorrogado en funciones desde el 31 de julio, cuando concluyó el periodo para el cual fue designado en el 2018 por el extinto Consejo de Participación Ciudadana transitorio.

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Respecto de la elección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, tampoco hay progresos.

El 5 de agosto, Lasso envió una nueva terna compuesta por Roberto Romero von Buchwald, Rosa Herrera Delgado y Felipe Cabezas-Klaere. Tras la revisión de requisitos a cargo de un equipo técnico de servidores del Consejo, se concluyó que habrían cumplido los requisitos constitucionales y que no estarían incursos en prohibiciones.

Esta terna se envió en medio de un conflicto político y jurídico que surgió tras la designación de Raúl González como superintendente de Bancos, pese a la oposición del régimen.

Mediante una acción de protección, una jueza de Samborondón de Guayas, Larissa Ibarra, anuló su selección y ordenó que se elija a una nueva autoridad. El caso está en apelación de la Corte Provincial del Guayas y todavía no hay fallo.

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En cuanto a la conformación de comisiones ciudadanas de selección para la renovación de los jueces del TCE y de la autoridad de la Defensoría del Pueblo, el escollo es la falta de postulantes.

El miércoles pasado, el equipo técnico designado por el pleno del Consejo, cuyo encargo es el de revisar las carpetas de los concursantes, constató que había apenas 17 candidatos inscritos en representación de la ciudadanía. De estos, ocho son hombres y nueve son mujeres.

Ese número sería insuficiente para continuar las etapas de verificación de requisitos, pues el reglamento para la conformación de estos cuerpos colegiados establece que debe haber 15 postulantes hombres y 15 mujeres participando, para de entre ellos definir por sorteo público a los cinco comisionados principales y cinco suplentes.

El equipo técnico resolvió elevar una recomendación al pleno para que resuelvan extender por dos o tres días adicionales la convocatoria para que la ciudadanía se inscriba.

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Similar situación atraviesa la conformación de la comisión que debe elegir un defensor del Pueblo que reemplace a César Córdova, que lleva un año prorrogado en esas funciones.

El equipo técnico conoció de 39 postulantes inscritos, de los que 14 son mujeres y 17 son hombres. Ellos fueron admitidos al cumplir los requisitos legales; cuatro mujeres y cuatro hombres fueron inadmitidos.

Con esos números, se recomendó al pleno que analice la posibilidad de incrementar un plazo de tres a cinco días para receptar más postulaciones.

Los consejeros, en una sesión del miércoles pasado, aprobaron el informe de admisibilidad de estos concursantes, pero no se pronunciaron sobre si habrá un periodo para recibir mayor número de inscripciones.

Ello porque el reglamento de designación dispone que, para realizar el sorteo público del que se escogerá a los cinco comisionados principales y suplentes, deben estar participando 30 concursantes calificados: 15 hombres y 15 mujeres.

Mientras tanto, el jueves pasado se desarrolló una extensa jornada para sustanciar catorce audiencias públicas por impugnaciones ciudadanas planteadas en contra de catorce aspirantes a conformar la comisión ciudadana que elegirá al contralor del Estado.

Los siete consejeros deben evaluar si aceptan estas objeciones o las desechan, para que los impugnados pasen al sorteo público en el que se escogerá a los cinco principales y suplentes que integrarán la comisión ciudadana.

Aún está pendiente que el pleno se reinstale para instalar las audiencias públicas para escuchar nueve impugnaciones ciudadanas presentadas en contra del mismo número de candidatos.