La Comisión de Fiscalización del Parlamento no logró aprobar un informe de mayoría que recomiende el inicio del juicio político, y por lo tanto la censura y destitución, de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), acusados por cuatro asambleístas de la bancada de Pachakutik de un supuesto incumplimiento de funciones.
Con esos resultados, según la normativa, la mesa de Fiscalización deberá remitir a conocimiento del presidente de la Asamblea un informe de posiciones para que sea el pleno quien defina si censura o no a los siete acusados.
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Fueron cinco las acusaciones planteadas por los legisladores de Pachakutik Ricardo Vanegas, José Chimbo, Mireya Pazmiño y Ángel Maita. De ellas, solo en cuatro causales se determinó un incumplimiento de funciones y que tienen relación con reformas al reglamento para designar al contralor del Estado, irregularidades en la designación del superintendente de Ordenamiento Territorial y remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura. La quinta acusación que no tuvo elementos probatorios se refería al encargado de la Defensoría del Pueblo, César Córdova.
En el debate, el legislador Pedro Velasco (BAN) señaló que también la causal sobre el supuesto conflicto de interés en la designación del superintendente de Ordenamiento Territorial con el expresidente del CPCCS Christian Cruz debería quedar fuera de las acusaciones, porque Cruz salió de la institución antes de la designación de Pablo Iglesias, lo cual significaba que el consejero David Rosero quedaría libre del juicio porque no habría incumplido funciones.
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Ese planteamiento fue bloqueado con cuatro votos en contra desde el correísmo y socialcristianismo, dos abstenciones desde el oficialismo y tres a favor desde el lado de independientes y aliados al Gobierno.
Ana Belén Cordero, delegada del oficialismo ante la Comisión, dijo que no comparten la visión del asambleísta Velasco, porque el consejero David Rosero también incumplió funciones. Descartó que haya un pacto entre UNES y el Gobierno, lo que hay es cordura y sensatez, pues si existen elementos suficientes para llevar a los siete consejeros a juicio, entonces el Gobierno votará por ello, anunció.
La legisladora Cordero reiteró que la postura de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) es que los siete consejeros incumplieron funciones y deben irse a la casa, y que esa posición prevalecerá en el pleno del Parlamento.
El presidente de la mesa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, refutó la postura de las bancadas frente al informe sobre el juicio político, pues lo que se observa es que no sirve de nada el trabajo sostenido y profesional de la Comisión de Fiscalización, cuando las afinidades políticas y partidistas están de por medio. Lo que se observó en la mesa es una coincidencia entre el Gobierno y la oposición para salvar a los siete vocales del CPCCS, porque “están llevando al pleno, donde no prima el derecho sino los pactos, y ahí se pactará a quiénes salvar y a quiénes no”, anotó el legislador nacional.
Dijo que está claro que el correísmo y el socialcristianismo salvarán a la consejera Sofía Almeida y a su grupo, y en el otro lado, el Gobierno va a tratar de salvar a su grupo de mayoría. Los votos se conseguirán a base de pactos y acuerdos políticos, reiteró.
Ricardo Vanegas, uno de los asambleístas de Pachakutik que plantearon el juicio, señaló que está claro que en la Asamblea hay una mayoría PSC-UNES que quiere adueñarse de las instituciones de control, y lo que buscaban era solamente sancionar a cuatro de los siete miembros del CPCCS.
Manifestó que el país no es tonto; “estos golpistas que están plenamente identificados quieren tener el control en las entidades de control, y ahora van al pleno para conseguir los 70 votos, para sancionar solo a quienes no son sus parientes, cognados y sus amigos”. Adelantó que Pachakutik, jamás estará apoyando ningún acto que huela a corrupción.
El legislador Roberto Cuero, del bloque UNES, aclaró que no existe ningún pacto con el Gobierno, y que en este momento quien ha ganado es la oposición, pues junto con el PSC votaron en una misma línea. “Hay que quitar de la mente el cuco del pacto, hemos hecho un análisis objetivo de las causales y hemos coincidido, en esta mesa, con otros sectores”, subrayó.
Cuero aclaró que las responsabilidades dentro del cuerpo colegiado son individuales, y como el informe no es vinculante, por lo tanto, el pleno con una mayoría tomará una resolución.
Informe borrador
El informe borrador preparado por el equipo asesor de la Comisión y de los legisladores recomendó el juicio político en contra de los siete consejeros, dentro de las cuatro de las cinco acusaciones presentadas por los acusadores.
El informe fue sometido a votación por moción del legislador Pedro Velasco (BAN), pero no logró los cinco votos para su aprobación: hubo tres a favor (Independientes y BAN), cuatro en contra (PSC-UNES) y dos abstenciones (CREO-BAN).
El documento señalaba que una vez revisadas las pruebas de cargo y descargo, así como la contestación a las acusaciones políticas presentadas por los consejeros del CPCCS, las comparecencias dentro de la actuación de pruebas, así como las pruebas documentales recibidas, se concluye que los consejeros Sofía Almeida, David Rosero, Juan Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa Ordoñez incurrieron en un incumplimiento de funciones y todos deberían ser censurados y destituidos del cargo.
Las acusaciones que se presentaron y las responsabilidades detectadas son las siguientes:
1. Ausencia de transparencia en el proceso de designación del cargo de superintendente de Ordenamiento Territorial, en esta causal, según el informe, el incumplimiento de funciones recaería en la consejera Ibeth Estupiñán.
2. Arrogación de funciones por aprobar la reforma del reglamento para elegir al contralor general del Estado, en esta acusación el incumplimiento de funciones lo habrían cometido Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.
3. Remoción del vocal del Consejo de la Judicatura, Dr. Fausto Murillo, en esta acusación los responsables de incumplimiento de funciones serían Sofía Almeida, Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira.
4. Designación como defensor del Pueblo a César Cordova, en esta causal el informe no determinó incumplimiento de funciones en contra de ninguno de los consejeros en vista de que el cargo no detalla relación de los hechos ni elementos probatorios documentales de cargo.
5. Designación de Pablo Iglesias Paladines como superintendente de Ordenamiento Territorial, respecto a esta causal de juicio el informe borrador detectó un incumplimiento de funciones en los consejeros Sofía Almeida, Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, David Rosero, Hernán Ulloa y Francisco Bravo. (I)