Una crisis en la Función Judicial se ha sostenido en los últimos 23 días, y a esta se sumó el desencuentro entre el Gobierno nacional y uno de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).

El último hecho se registró el 3 de junio último, cuando el presidente de la República, Guillermo Lasso, solicitó al vocal Xavier Muñoz Intriago su renuncia, alegando que no se siente representado por sus actuaciones al frente de la Judicatura.

Muñoz llegó a este cargo en abril del 2021, mediante un proceso de selección de una terna que envió el entonces presidente Lenín Moreno al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que se produzca la designación del remplazo de Jorge Moreno Yanes, que había renunciado en el 2020.

Para Lasso, “es necesario que exista armonía institucional entre el delegado designado y la función del Estado a la que supuestamente representa”, por lo que cree que ese vínculo no ha existido y le pidió la renuncia.

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Esto derivó en una respuesta de Muñoz que, en una carta del 4 de junio, defiende su designación y le recuerda que en el Ecuador “rige la independencia de los poderes del Estado y por ningún motivo es aceptable la injerencia de una función en otra”.

Le reprochó que la Constitución no le da la facultad de pedirle la renuncia y que si bien su designación provino de una terna del Ejecutivo, él no representa al Gobierno.

Es más -aclaró Muñoz-, “hablando como un ciudadano también le señalo que no me siento representado por usted” y lo llamó a que “reconsidere su posición en el Ejecutivo y ante la imposibilidad de cumplir con lo ofertado en la campaña electoral presente su dimisión al cargo, permitiendo que esta vez sí personas capaces y comprometidas ejerzan esa función”.

Para el consejero de la Presidencia de la República, Diego Ordóñez, “la respuesta de un majadero es mejor dejarla en esos términos”, señaló en una entrevista en radio Única este lunes y no ahondó en opiniones o acciones futuras.

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Desde el pasado 16 de mayo la Función Judicial se vio inmersa en conflictos internos, luego que el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, retiró a modo de protesta la terna que presentó ante el CPCCS para que se designe a un nuevo vocal en lugar de María del Carmen Maldonado.

Como hecho subsecuente, la Judicatura tramitó dos denuncias por negligencia manifiesta gravísima en contra de Saquicela y lo suspendió por 90 días en sus funciones.

La decisión se había tomado en una sesión del 20 de mayo con los votos de los vocales Fausto Murillo, presidente encargado, y de José Morillo. Muñoz no asistió a esa sesión y su suplente Yolanda Yupangui votó en contra de la sanción.

De forma paralela, Lasso cuestionaba a Saquicela por no haber agilitado el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa de Bélgica a Ecuador, procesado por hechos de corrupción. Esto fue justamente una de las denuncias que tramitó el CJ en contra de Saquicela y por la que fue suspendido.

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Para Vanesa Aguirre, jurista y exintegrante de la Comisión Calificadora que participó en la renovación de tres jueces de la Corte Constitucional, la carta del jefe de Estado a Muñoz es un “desatino”.

Consideró que los mecanismos de designación previstos en la Constitución y la ley pueden no ser los ideales, “pero eso no significa que el ente que nomina pueda dictar las políticas con las que esas personas se deban desenvolver y desde ese punto de vista es un desatino”, comentó.

Explicó que el origen y la función que desempeñan los servidores son los que llevan a estas “confusiones que son de base”. “Hay una mala asesoría en el presidente. Él ha dicho que tiene una convicción democrática, pero en esta particular materia está mal asesorado; si es que el presidente quisiera ser coherente con su convicción democrática y de estadista, acerca de respetar la independencia de las funciones del Estado, debe corregir esa forma de proceder”.

La Función Judicial, una más que se suma a la crisis de institucionalidad del Estado ecuatoriano

Recordó que la razón histórica para que exista el Consejo de la Judicatura es para apuntalar la independencia de la Función Judicial externa. “Es decir que no intervengan otras funciones del Estado y nos hemos olvidado de eso por el lamentable desempeño que ha tenido ese organismo”.

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Aguirre insistió en que es un desatino y poco diplomática la actuación del mandatario, que al contrario “lanza un mensaje sospechoso, porque de pronto se podría pensar que puede haber una decisión judicial que no le guste al Ejecutivo y está lanzando también un mensaje premonitorio”.

Hernán Salgado, exjuez de la Corte Constitucional, tildó como un “horror” lo que está pasando en la Judicatura, que resolvió sancionar a la cabeza de la Corte Nacional.

A su criterio, estos sucesos no pueden considerarse como una ‘metida de mano a la justicia’, pero tampoco es acertado que Lasso pida la renuncia de un vocal de ese organismo administrativo.

“No es acertado pedirle que renuncie, pero tampoco es inconstitucional. Al contrario, eso ha dado lugar a que Muñoz, en una acción grosera, pida la renuncia al presidente de la República, que nos guste o no es la primera autoridad del Estado”, comentó.

Salgado enfatizó que quienes están ‘metiendo la mano en la justicia’ son los vocales Murillo y Morillo, lo que ha derivado en una crisis que es equiparable a dar “un bombazo” al aparato judicial.

“No les importa la institucionalidad judicial, cada cual defiende sus intereses. Murillo porque quiere mantenerse en la presidencia de la Judicatura. A eso se suma que están viendo cómo les ‘ajustan’ a los jueces, que pueden respaldar a Saquicela”.

La salida para el exmagistrado es “hacer respetar las instituciones comenzando desde arriba, pensando que las personas pasan”. “La institución debe seguir. La justicia no es cualquier cosa, esta justicia que ha venido mal porque han dado fallos que nos enredan”, dijo.

El Consejo de la Judicatura está compuesto por cinco vocales designados por el CPCCS, mediante ternas enviadas por cinco instituciones del Estado: el Ejecutivo, del Legislativo, de la Defensoría Pública, de la Fiscalía General del Estado y de la Corte Nacional de Justicia.

Bajo ese fundamento, el jurista Ismael Quintana cree que Guillermo Lasso está confundiendo la delegación con la actuación independiente de un servidor que es parte de la Función Judicial.

“Esa carta pretende ser una clara violación de la independencia interna de la Función Judicial, porque ningún órgano de la justicia puede ser sometido a presiones o amenazas o a injerencias indebidas del poder público”, recordó Quintana.

Esgrimió que la delegación no se refiere al derecho estricto administrativo. “El presidente confundió la posibilidad de enviar la terna y de convertirse o de estimarse que él es el jefe inmediato del vocal de la Judicatura, porque representa a la Función Ejecutiva”, dijo.

Enfatizó que la carta “no solo es políticamente incorrecta, sino que jurídicamente improcedente, no le puede pedir la renuncia, no le puede remover del cargo, ellos no son funcionarios de libre nombramiento y remoción”. (I)