Los intereses políticos que acordonan la renovación de autoridades de control, en particular del contralor del Estado, derivaron en una crisis de gobernabilidad que surgió en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y se transfirió a la Asamblea Nacional, que a sus cortos nueve meses en funciones se enfrenta a la renovación de sus autoridades.