El Consejo de la Judicatura (CJ) informó de la investigación a dos nuevos servidores judiciales, en el marco de las denuncias de presuntas irregularidades en el sorteo de las acciones de protección presentadas por el alcalde de Quito, Jorge Yunda.

En un comunicado oficial, divulgado la tarde de este 9 de agosto, la Judicatura informó que ha “recabado nuevos indicios” en las investigaciones relacionadas con supuestas anomalías en los sorteos de dos acciones constitucionales que interpuso Yunda, para evitar que se concrete su remoción del cargo, definida por el Concejo Municipal.

Sin precisar cuántos son los funcionarios involucrados, el comunicado detalla que el 3 de agosto pasado se iniciaron sumarios disciplinarios en contra de “todos los servidores judiciales involucrados” después de que finalizaron las respectivas investigaciones, que tomaron 17 días.

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Los nuevos indicios concluyeron con la presunta participación de dos servidores judiciales adicionales, y se dispuso la investigación.

Estas investigaciones que la Judicatura estaría realizando se dan alrededor de una primera acción de protección que presentó Yunda y que la resolvió la jueza María Belén Domínguez; y la segunda fue por un recurso de medidas cautelares que presentó el 7 de julio, que lo ratificó en el cargo, y que lo resolvió el juez Carlos Soto.

La Judicatura anunció el 8 de julio el inicio de procesos administrativos y suspendió por 90 días y sin sueldo a seis servidores judiciales, entre ellos, los jueces Domínguez y Soto; además de otros cuatro funcionarios: dos que pertenecerían a la Unidad Judicial de Quitumbe y otros dos a la Unidad Judicial de la Mariscal, ubicadas en el sur y norte de Quito, respectivamente.

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Ciro Guzmán, abogado de una de las funcionarias judiciales investigadas, Gabriela Beltrán, informó que entre estos funcionarios investigados de la Unidad de la Mariscal están el juez Soto y Beltrán.

En la misiva de la Judicatura se justifica que estas “estructuras delincuenciales que empiezan a salir a la luz pretenden desviar la atención de la ciudadanía hacia este organismo y sus autoridades, en lugar de los verdaderos responsables”, y hacen un llamado a denunciar cualquier acto de corrupción. (I)