Dos comisiones oficialistas disputan con comisión correísta fiscalización sobre muerte de neonatos en Guayaquil y afectados por las protestas en Imbabura

Las comisiones de Salud y de Seguridad Integral se disputan con la Comisión de Niñez y Adolescencia los procesos de fiscalización en la Asamblea Nacional respecto a la muerte de doce neonatos en Guayaquil y el grado de afectación a niñas, niños y adolescentes en las protestas por la eliminación del subsidio al diésel.

La Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes presidida por Viviana Veloz (RC) salió a defender la competencia legal de fiscalizar temas de niñez y adolescencia tanto en el caso de la muerte de los neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil, así como la situación de los menores de edad afectados por los operativos de seguridad implementados por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

En tanto, que la Comisión de Seguridad Integral tramitó una resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), para que la competencia de fiscalización sobre los hechos relacionados con los actos de violencia derivados de las actuaciones de la sociedad civil y de la fuerza pública se únicamente de esa mesa y no de la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

En paralelo, la Comisión de Salud, presidida por el asambleísta Juan Reyes, aprobó una resolución donde se incluye que toda la información respecto a procesos de fiscalización al sistema de salud pública nacional incluyendo los hospitales de neonatos que se realicen en la legislatura pasen a la mesa de Salud.

La Comisión de Niñez y Adolescencia emitió un comunicado denunciando la intención del oficialismo de impedir la fiscalización no solo de la muerte de los doce neonatos en Guayaquil, sino también todo lo relacionado con temas pediátricos y de neonatología en los hospitales o como el problema del hospital Baca Ortiz, en Quito, donde las máquinas de diálisis no funcionan.

Pese a esta intención de bloquear la fiscalización, la asambleísta Viviana Veloz dijo que continuarán en la elaboración del informe relacionado con la muerte de los neonatos e incluso dijo que cuenta con los exámenes de autopsia de los doce que murieron. Que el informe será entregado a la prensa en los próximos días, a los organismos de defensa de los derechos humanos, así como los de derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La Comisión se reunirá para aprobar el informe del caso de los neonatos, donde constarán las actas de defunción donde se determina la causa del fallecimientos, también existen testimonios.

Dijo que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), se extralimitó en sus atribuciones, porque la mesa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes solo viene conociendo temas de niñez y adolescentes en cuanto a los hechos que se registraron en el paro de Imbabura.

Pese a este tipo de acciones por parte de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), la tarea de fiscalización desde la bancada Revolución Ciudadana continuará inclusive a título personal, dijo Veloz y además a través del Frente Parlamentario de Defensa de los Derechos Humanos

El presidente de la Comisión de Salud, Juan Reyes, dispuso que se notifique a todas las comisiones especializadas permanentes sobre la decisión adoptada respecto a la fiscalización hospitalaria del país, incluidos los hospitales de niños y neonatos.

Dijo que la mesa inició la fiscalización el 17 de junio de 2025 cuando se requirió información al ministro de Salud Pública y al presidente del Consejo Directivo del IESS.

Además, se solicitó al IESS información sobre las directrices para la adquisición de medicamentos e insumos médicos, y al MSP datos sobre la atención médica y el abastecimiento de medicinas en las ciudades de Ibarra y Otavalo, donde se registró el paro en las últimas semanas.

Lo mismo la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional señala que el 29 de septiembre inició el proceso de fiscalización sobre los actos de violencia ocurridos durante las movilizaciones que comenzaron el 22 de septiembre, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes los hechos observados.

Esta decisión se tomó en consideración que la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes también ha iniciado un proceso de fiscalización y convocado al defensor del Pueblo el 22 de octubre.

El CAL recordó a la mesa de Niñez y Adolescencia que existe una resolución vigente que dispone que la comisión presidida por la asambleísta Inés Alarcón es la única competente para ejercer la fiscalización y el control político respecto de los hechos relacionados con los actos de violencia derivados de las actuaciones de la sociedad civil y de la fuerza pública y de seguridad, en el marco de las movilizaciones iniciadas en septiembre de 2025. En consecuencia, ninguna otra comisión podrá intervenir en dicho proceso ni requerir la comparecencia de autoridades o servidores públicos sobre esta materia. (I)