Una disputa por las pruebas presentadas y las que siguen sumándose al proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, atiza el ambiente político en la Asamblea Nacional cuando faltan menos de cinco días de plazo para que los acusadores y acusado muestren las cartas sobre las cuales versará el proceso de juzgamiento político al primer mandatario por presunto peculado.

Dos de los cuatro legisladores que presentaron la petición de juicio en contra de Guillermo Lasso, este 12 de abril, formalizaban una acción tendiente a mostrar y precisar las pruebas que usarán en el proceso. Entregaron once cuerpos de pruebas documentales contenidos de 958 fojas y doce pedidos de comparecencias.

En cambio, el primer mandatario presenta las pruebas de descargo y las peticiones de comparecencias que deberán formalizarse la próxima semana.

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Entre las primeras pruebas que llegaron al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, está una carta suscrita por Jorge Regalado, gerente comercial encargado de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

Se trata del hecho número 7 de la acusación, inmerso en la página 35 del expediente del juicio presentado el 16 de marzo de 2023, donde se señala: “En julio de 2022, Flopec EC firmó un nuevo contrato de transporte de material petrolero con la compañía Amazonas Tanker Pool”.

El presidente de la mesa de Fiscalización, Fernando Villavicencio, explica que la acusación de los cuatro proponentes del juicio radica en que el presidente de la República conocía de la existencia de perjuicio y de un presunto peculado en los contratos con Amazonas Tanker y Flopec, en particular en la adenda 3, la existencia de un informe de la Contraloría del Estado que establece perjuicios por $ 6,1 millones y que pese a conocer de esas graves irregularidades y perjuicios, el Gobierno de Guillermo Lasso habría firmado un nuevo contrato en julio de 2022.

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Pero la respuesta que remitió la gerencia general de Flopec al despacho de la presidencia de la Comisión de Fiscalización señala lo siguiente: “La Flota Petrolera Ecuatoriana EP Flopec no ha firmado un nuevo contrato de transporte de hidrocarburos en julio de 2022. El acuerdo comercial para el transporte de hidrocarburos en buques tipo Aframax Amazonas Tankers Pool que se encuentra vigente es el firmado en diciembre 01 del 2020″.

Villavicencio mostró el contrato suscrito en el 2020 por Jaime Condoy, quien fue gerente de Flopec EP, durante la administración de Lenín Moreno, y por Amazonas Tankers firmó John Damiani, quien es el accionista de la compañía Core Petroleum LLC, la misma empresa que pagó $ 10,2 millones a Enrique Cadena Marín, en sobornos.

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Con ello, dijo Villavicencio, los acusadores establecieron una presunta responsabilidad del presidente Guillermo Lasso, al haber firmado un nuevo contrato o la administración de Flopec con Amazonas Tankers, pese a conocer la existencia de irregularidades. Lo que afirma Flopec en la carta de respuesta señala que “ese contrato no existe”.

Describió que en ninguna parte de las 20 pruebas documentales, presentadas por los cuatro acusadores, hay los contratos firmados por Flopec y Amazonas Tankers, y que tampoco consta el informe de la Contraloría General del Estado como prueba.

La asambleísta Viviana Veloz (UNES), una de las proponentes del juicio político, afirmó que “Guillermo Lasso miente a través de sus voceros y que es falsa la afirmación de que no hay contrato firmado”. Pues dijo que en julio de 2022 “se suscribió un contrato con los mismos socios y accionistas de la empresa Amazonas Tanker bajo el nombre de Agoyán Tanker, para evitar las responsabilidades políticas que acarrean estas acciones que perjudican al Estado”.

Pero además, agregó, que el país debe conocer que en diciembre de 2022 se renovó automáticamente el contrato de Amazonas Tanker con Flopec, porque quienes estaban al frente de Flopec no anticiparon con seis meses, conforme se establece, que ya no iban a seguir con el contrato con Amazonas Tanker, y la justificación debía ser, en ese momento, que la Contraloría observó irregularidades y la ausencia de informes técnicos y jurídicos; y ese contrato que se renovó automáticamente en el 2022 perdura hasta el año 2024. Por lo tanto, dijo que se tendrán dos años más de perjuicio al Estado por no hacer lo debido en el momento oportuno y haber permitido que se renueve automáticamente.

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Dijo que esa es la responsabilidad política que tiene el primer mandatario, y aclaró que es a la Fiscalía del Estado a la que corresponde establecer si es un delito directo o indirecto en material penal, pues las pruebas que presentarán llevarán a los 137 asambleístas al “convencimiento de la responsabilidad política del presidente de la República”.

Recordó que en el dictamen de la Corte Constitucional manifiesta que tiene que existir convencimiento político por lo que se le está encausando al presidente de la República, y que esto no quiere decir que tenga que existir un convencimiento en matera penal, ni que este proceso se lleve como un juicio en materia administrativa, civil o penal.

La solicitud de ampliación de las pruebas formulada por el abogado del primer mandatario no procede, afirmó Veloz, porque el artículo 90 de la Ley de la Función Legislativa es claro al señalar que durante el periodo de prueba de los diez días plazo deben presentar su prueba, y jamás dice que se pueda objetar o que se tiene que enviar a completar los pedidos de prueba.

El secretario jurídico de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz, anunció que en las próximas horas harán el pedido a la Corte Constitucional del seguimiento y control del dictamen de admisibilidad del juicio político al primer mandatario.

Recordó que el dictamen establece que solo se puede proceder al juicio político por la causal de peculado, y dentro de ella, el caso específico de Flopec y Amazonas Tankers. El control, dijo, se debe hacer dentro del proceso, y la Corte puede destituir a quienes no han observado el procedimiento adecuado para encausar el juicio.

Ortiz confirmó que la secretaría jurídica de la Presidencia lleva también adelante el juicio político a más del abogado Édgar Neira, y que al momento se han recopilado los argumentos que demuestran la inexistencia del peculado del que se lo acusa al primer mandatario.

Inclusive, añadió, que dentro de la solicitud de juicio por peculado los interpelantes no señalan el supuesto perjuicio para el Estado que habría causado el presidente Guillermo Lasso. Con eso, cae el sustento y carecen de valor las pruebas. No confirmó el día ni la hora en que se presentarán las pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización. (I)