Detalles y alcances de una posible desaparición del Consejo de la Judicatura generan expectativas entre operadores del sistema de justicia ecuatoriano

Volver a hacer una reforma de la justicia que sea resuelta por los ecuatorianos vía consulta popular fue el anuncio inicial hecho por el presidente Guillermo Lasso. Días después el mandatario daba más luces sobre su propuesta y añadía que se piensa plantear una nueva arquitectura institucional del sistema de justicia en la que podría desaparecer el Consejo de la Judicatura (CJ) , órgano de administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.Para Lasso lo que tiene Ecuador hoy es producto de la “novelería” y se inclina por una Función Judicial sin CJ. “Estamos consultando con especialistas, lo vamos a hacer con especialistas del exterior y vamos a hacer una propuesta que calce a la realidad actual del Ecuador. Necesitamos una justicia institucionalmente fuerte , para promover la inversión extranjera en el Ecuador, para que nos vean como un país absolutamente serio que administra la justicia con total imparcialidad”.Cerca de una semana ha pasado desde que el primer mandatario hizo pública su intención y el CJ formalmente no ha dado una respuesta.Lo que ha dicho María del Carmen Maldonado, presidenta del organismo, durante la rendición de cuentas ante la Asamblea de lo hecho el 2021, el miércoles último, es que es un rol trascendental dentro del Estado el que tiene la institución que dirige y que fueron vastos los argumentos jurídicos y técnicos que dieron paso a la creación del CJ en la Constitución de 1998.“El CJ se ha encargado de los concursos de selección y los procesos de evaluación. La autoselección y autoevaluación sin duda son un error metodológico y técnico y para eso existe el CJ (...). El CJ se encarga del servicio de justicia (...), sin embargo el criterio en los fallos, eso es administración de justicia y eso está tutelado en el principio de independencia judicial”, aseguró Maldonado.Días antes de conocerse el planteamiento que incluía la desaparición del CJ, el vocal de este organismo Fausto Murillo compartía el interés de que se haga la reforma y la consulta popular no para una “metida de mano en la justicia”, sino como un cambio positivo para modernizar y mejorar el sistema de administración de justicia. “El tema de la autonomía económica es fundamental para darle independencia a la Función Judicial”.El expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Roberto Gómez recuerda que en su tiempo existía el CJ, pero como un órgano administrativo y siempre bajo las directivas del pleno de la CSJ.Está de acuerdo con que se den cambios en el tema del CJ y apoya la buena intención de una consulta popular, pero advierte que la cuestión de lograr una mejora en la administración de justicia es mucho más complejo que un cambio de nombre o la desaparición de un organismo. Tiene que haber una labor mucho más amplia y sistemática, pues hay muchas cosas que resolver, indicó.Gómez defiende que conceptual y prácticamente la Corte Nacional de Justicia (CNJ) debe ser el máximo organismo de la Función Judicial y no el CJ que, dice, solo debe ser un ente administrativo. De no ser así, explica, todo se prestaría para el “manejo político” como lo hizo “el expresidente Rafael Correa y lo podría hacer cualquier otro presidente que quiera meterle la mano a la justicia”. Yolanda Yupangui, presidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, no es partidaria de que desaparezca el CJ, sino más bien que se analice la situación actual para rescatar los aspectos buenos y se identifiquen los nudos críticos por resolver para mejorar el servicio de justicia. Califica de un riesgo que la CNJ, cuya función es emitir sentencias, pueda hacerse cargo de administrar la justicia completamente, más aún en momentos en que la Función Judicial no se parece en nada a lo que se vivía hace más de 20 años.La presidenta de los abogados en Pichincha reconoce que hay problemas que no pueden ocultarse y que se debe mejorar el sistema informático de la Función Judicial, debe automatizarse el servicio de justicia, mejorar la transparencia con evaluaciones constantes no solo a los jueces, sino a los funcionarios y a las propias autoridades del sector justicia...Aclara que el CJ tiene que estar integrado por profesionales del derecho que tengan amplia experiencia en la carrera judicial, ya que -añade Yupangui- no puede dirigir un organismo como este un ingeniero como Paulo Rodríguez que no sabía de los problemas de la justicia ecuatoriana y además tenía un origen político.Según Yupangui, debería pensarse en cómo se llama la atención de gente valiosa que pueda integrar estos organismos y que hoy no participa en los concursos por la política que hay de por medio. “Me encantaría decir en algún momento que el presidente Lasso mejoró la justicia, pero sin meterle mano , respetando las normas constitucionales, la independencia de la justicia y con total transparencia”.Pese a que aún no hay detalles desde el Ejecutivo de lo que se está proponiendo respecto al CJ, Vinicio Palacios, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) , piensa que un cambio de esta naturaleza debe ser visto no con tintes políticos, ni que se convierta en una herramienta de control del Poder Judicial, sino para el mejoramiento del sistema judicial y procesal.Según Palacios, la Aemaj aplaudiría si se decide que pase la administración de la Función Judicial a la CNJ o a una nueva CSJ , pues, apunta, va a ser administrado de mejor forma que como lo ha sido hasta ahora; pero si en su defecto los cambios apuntan a la conformación del CJ para que tenga en su integración al menos el 50 % de jueces en funciones, también lo aplaudirán, ya que, a su decir, un juzgador que conoce de cerca las necesidades que tiene la Función Judicial actuará de mejor manera.Datos de la Aemaj señalan que en Uruguay y Chile no existe CJ, mientras que en el resto de países de la región donde sí existe, al menos el 50 % de sus miembros son jueces en funciones.El líder de la Aemaj sostiene que la forma como se ha manejado el CJ desde su primera conformación en 2008 y las posteriores reformas con las que se le han dado atribuciones, facultades y mayores poderes “ha hecho que no permita una buena administración de la Función Judicial, sino más bien se ha visto resquebrajada su imagen”. “Tanto es así que llevó a la Corte Constitucional a emitir una sentencia en la que resolvió que cuando se deba realizar una sanción por dolo, manifiesto negligencia o error inexcusable, esto debe ser calificado plenamente por los mismos juzgadores superiores y no por el CJ, pues esas infracciones corresponden a actos de la propia administración (...). Eso justamente es una muestra más de que el CJ no ha sabido llevar bien la administración de justicia , sino más bien lo que han hecho es dañar la imagen de la Función Judicial”, refirió Palacios.Desde la Aemaj se critica que desde el CJ no se defienda y proteja la actividad jurisdiccional que realizan a diario los juzgadores del país, sino que en lugar de ello, por ejemplo, se muestran cifras de destituciones y sanciones que más bien generan desconfianza en la ciudadanía sobre lo que es realmente la Función Judicial, descuidando su competencia y actividad principal que es proveer del talento humano necesario, herramientas tecnológicas y materiales para el buen desarrollo de la actividad.Los entrevistados concuerdan en que el presidente Guillermo Lasso antes de entregar una propuesta concreta para reformar la justicia en el país debe escuchar criterios y propuestas de diferentes sectores, para así tener una visión amplia del problema. Aunque respaldan el que se piense en tener apoyo internacional, tanto Yupangui como Palacios creen que los cambios deben darse desde las experiencias locales, desde quienes hacen parte del sector justicia ecuatoriano y para ello ambos gremios están abiertos a colaborar en el análisis. (I)

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