La Corte Constitucional (CC) es el organismo al que se prevé apelar para dejar sin efecto la Ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19 de carácter urgente en materia económica, que entraría en vigencia por el ministerio de la ley en los próximos días.

Desde la bancada de la Izquierda Democrática (ID) se analiza la estrategia jurídica que impulsarán para evitar que esta normativa -iniciativa del Gobierno- entre en vigencia por decreto-ley, luego que la Asamblea Nacional no la aprobó, negó ni archivó por falta de votos en la sesión que se realizó el pasado 26 de noviembre.

La asambleísta Johanna Moreira (ID) indicó que la alternativa es acudir a la Corte Constitucional para plantear una acción de inconstitucionalidad.

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Hoy la bancada se reuniría para definir las acciones, pero el primer paso será establecer por qué es inconstitucional.

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Una de estas es observar si cumplió con la unidad de materia, por ejemplo; o si afecta derechos. “La demanda debe ser precisa y argumentada”, señaló Moreira, para que incluso la Corte considere el pedido de que se dicten medidas cautelares e impedir su ejecución hasta que se resuelva sobre la demanda.

Esta iniciativa sería la más ágil, debido a que derogarla implicará que el Legislativo siga el camino del trámite ordinario, que está previsto en los artículos 140 de la Constitución y 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Estos señalan que si la Asamblea no aprueba, modifica o niega el proyecto calificado de urgente en materia económica, podrá “en cualquier tiempo modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario”.

En el bloque de Unión por la Esperanza (UNES) se conoció extraoficialmente que esta también sería una de las posibilidades que estudian para que la norma no pueda aplicarse.

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Esto pese a que fue con los votos de los legisladores de UNES en conjunto con el oficialismo (CREO) que se abstuvieron en la moción del movimiento Pachakutik (PK) de negar y archivar el articulado. Desde el correísmo se asegura que esta ley fue “negada” en el pleno, por lo que sería ilegal que se publique por decreto-ley.

“El proyecto presentado inicialmente por el Ejecutivo fue negado por la Asamblea, así que no caben suspicacias por parte de ciertos sectores políticos con relación a nuestra votación final”, se indicó en un comunicado divulgado en redes sociales.

Este Diario intentó comunicarse con la coordinadora de bloque, Paola Cabezas, para confirmar si plantearían una acción de inconstitucionalidad, pero explicó que se encontraba en una diligencia personal médica, por lo que no dio declaraciones.

Por su parte, el movimiento Pachakutik, en una misiva pública, denunció una “alianza secreta” entre UNES y el Gobierno para que la norma se publique por el ministerio de la ley.

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“Cada cual puede festejar por su lado: el Gobierno puede cumplir con el compromiso con el Fondo Monetario Internacional y UNES podrá seguir negociando el perdón para sus dirigentes”, se mencionó en el comunicado difundido la noche del viernes.

Ello en una coyuntura en la que por la emergencia carcelaria el Ejecutivo decidió acelerar el trámite de indultos presidenciales y a la par, el exvicepresidente de la República Jorge Glas está gestionando en la justicia ordinaria un pedido de prelibertad, al encontrarse recluido en la cárcel de Latacunga.

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El Partido Social Cristiano (PSC), también en un comunicado, aclaró que si la norma regirá por el ministerio de la ley será “responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional y de UNES que votaron coincidentemente para evitar el rechazo del proyecto. Ecuatorianos: ¿Ahora sí les queda claro entre quiénes es el pacto? Obviamente no es con el Partido Social Cristiano”, se describió.

En tanto, el Gobierno está a la espera de que la Asamblea Nacional notifique la votación alrededor de esta propuesta legal, para resolver su envío al Registro Oficial, y como tal, su publicación y entrada en vigencia. (I)