La defensora subrogante de la Defensoría del Pueblo, Zaida Rovira, pidió a la Asamblea Nacional que “intervenga de manera inmediata y oportuna” respecto de las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por “las atribuciones que se está arrogando”.
Rovira se refirió a una resolución del Consejo de Participación Ciudadana del 23 de julio pasado, que se aprobó con los votos de Ibeth Estupiñán, David Rosero, Javier Dávalos y Sofía Almeida, en la que se analizó la situación legal del titular de la Defensoría del Pueblo Freddy Carrión, que se encuentra en prisión preventiva investigado por el delito de abuso sexual.
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En ella se pidió que se garantice la presunción de inocencia de Carrión, pues los hechos tienen “relación con un asunto personal y privado”.
Y respecto de Rovira se concluye que fue removida como defensora subrogante el 17 de junio por Carrión, quien nombró a su vez a Tania Castillo. Y que si se siente afectada apele al artículo 106 del Código Orgánico Administrativo.
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“Zaida Rovira dejó de ser vicedefensora el 17 de junio y fue cesada en sus funciones, por lo cual todo acto posterior a la fecha señalada será sometido a la justicia ordinaria”, cita la resolución.
Y con ello, se la acusa de estar configurando el delito de usurpación de funciones por no acatar orden de una autoridad legítima, por lo que incluso los cuatro consejeros instaron a la Fiscalía General a dar celeridad a la investigación.
Sin embargo, en esa misma resolución que se basó en un análisis elaborado por un exfuncionario Freddy Viejó y luego por Hugo Icaza, quien lo remplazó, los consejeros acogieron el criterio de que Carrión solicitó 30 días de vacaciones que terminaron el 17 de junio, y él “de manera irresponsable faltando a los principios de la ética y la moral, haciendo uso inadecuado de sus funciones, emitió un acto administrativo suscrito de forma electrónica que cesa y destituye a Rovira y designa a Castillo, ocasionando un conflicto jurídico en la Defensoría”.
Con base en esta resolución del CPCCS, Tania Castillo reclama ser la defensora subrogante designada y solicitó el 28 de julio a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que disponga personal de la Policía Nacional para ingresar a las oficinas de la Defensoría y tomar posesión del cargo.
Sobre la base de estos hechos, Rovira pidió este 29 de julio a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y a los miembros del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) estar “atentos” a las actuaciones del CPCCS “debido a las atribuciones que se está arrogando como si fuera un superórgano constitucional que puede intervenir en las decisiones de cualquier institución”.
Y agregó que estas actuaciones justifican el control y la intervención “urgente e inmediata de la Asamblea Nacional, ya que es la única entidad que puede llamar a cualquier función del Estado por sus atribuciones de fiscalización”.
Rovira aseguró que ella asumió la vicedefensoría en cumplimiento del artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo, en la que se establece que durante la ausencia temporal del titular lo remplazará el subrogante.
Y que al cumplirse tres meses de ausencia de Carrión se configuraría la ausencia definitiva por la cual el CPCCS podrá nombrar una autoridad encargada, mientras se realiza el concurso público de méritos, impugnación ciudadana y oposición para la designación de un defensor titular definitivo.
Carrión se encuentra detenido en la cárcel 4 de Quito desde el 17 de mayo pasado, investigado por el delito de abuso sexual.
Al momento se espera que el juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Adrián convoque a una diligencia en la que anunciará si Carrión es llamado o no a juicio. (I)