Acogiéndose a una resolución aprobada por cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Tania Castillo pidió a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que disponga personal de la Policía Nacional para ingresar a la Defensoría del Pueblo y posesionarse como vicedefensora.

Este miércoles, Tania Castillo, quien se denomina defensora subrogante de la Defensoría del Pueblo, remitió a la ministra Alexandra Vela un oficio en el que le solicita que “disponga el acompañamiento con personal de la Policía Nacional para que podamos ingresar sin contratiempos (…) a las oficinas de la Defensoría del Pueblo de forma inmediata”.

“(...) A la fecha, quien tiene esa calidad (defensora subrogante) es la suscrita y existe una supuesta subrogante, que es la abogada Zaida Rovira, quien se resiste a dejar la institución argumentando sin competencia alguna que ella es quien debe conducir la institución”, describió Castillo en el documento.

Castillo alega ser la defensora subrogante con base en una resolución emitida el 18 de junio pasado por el titular Freddy Carrión; y por resolución del Consejo de Participación Ciudadana, que el 23 de julio aprobó un informe jurídico suscrito por un exfuncionario llamado Freddy Viejó, en el cual se desconoce a Rovira como vicedefensora.

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En dicho informe, se desconoce a Zaida Rovira como defensora subrogante, esgrimiendo que el titular, Freddy Carrión, quien se encuentra en la cárcel 4 de Quito investigado por el delito de abuso sexual, gozaba de sus vacaciones y suscribió una resolución el 17 de junio, que la cesó en funciones y designó a Castillo para ese cargo.

Los consejeros Javier Dávalos, David Rosero, Ibeth Estupiñán y Sofía Almeida aprobaron y acogieron ese informe jurídico, y resolvieron que se garantice el derecho a la presunción de inocencia de Carrión porque (según el criterio del exfuncionario) el delito por el que se lo investiga tiene “relación con hechos de naturaleza personal y privada”.

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Además, exigieron a la Fiscalía General que dé “celeridad” a la investigación por el delito de usurpación de funciones en contra de Rovira. Y a Rovira le pidieron que si se siente afectada apele al artículo 106 del Código Orgánico Administrativo, respecto de demandar la nulidad del acto jurídico.

La defensora subrogante actual, Zaida Rovira, en declaraciones públicas del viernes pasado aseguró que asumió el cargo por “imperio de la ley”, ya que según el artículo 15 de la Ley de Defensoría del Pueblo, durante la ausencia temporal asciende el vicedefensor.

Y a los tres meses de ausencia del titular se configura la “ausencia definitiva” y el CPCCS puede nombrar a un defensor encargado, mientras se desarrolla el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar a un titular definitivo.

En este contexto, el asambleísta de PK Ricardo Vanegas divulgó un documento en las redes sociales el 23 de julio, que habría sido escrito a mano por Carrión, en el que se afirma que no habría utilizado su firma electrónica para suscribir documentos desde el centro de privación de libertad.

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“Enfatizo que no he utilizado ningún tipo de equipo electrónico del centro de privación de libertad donde me encuentro este momento”, se lee en la carta difundida por el legislador.

El CPCCS no se ha pronunciado sobre el tema. Pero el pasado viernes, horas antes de que se instale la plenaria para conocer dicho informe jurídico, se aseguró que no se encuentra previsto “el cambio de ninguna autoridad”.

“El CPCCS respeta la institucionalidad y las normas legales vigentes. Rechazamos toda intromisión en las gestiones que ejerce el CPCCS por mandato constitucional y legal”, se informaba en esa comunicación.

Desde el 17 de mayo pasado, Carrión se encuentra privado de su libertad, después de que el juez de la Corte Nacional de Justicia Luis Adrián Rojas ordenó prisión preventiva, mientras transcurren los 30 días de instrucción fiscal.

El 26 de julio se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra el funcionario, y el juez nacional declaró la validez del mismo, pero suspendió la diligencia para entrar en una fase de deliberación.

Según explicó a las partes procesales, en su momento emitirá una providencia para notificar el día y la hora en que hará saber de forma oral su resolución sobre si llama o no a juicio a Freddy Carrión. (I)